Por: Álvaro Meneses
Fotos y videos: Juan Zapata
Con los ojos achinados por el sol que prohíbe mirar el cielo de la provincia de Lamas, Gider Sangama Tapullima, presidente del Consejo Étnico de Pueblos Kichwas de la Amazonía (CEPKA), intenta resumir el sentir de las comunidades de su región. “Ellos (el gobierno regional) indican que Nuevo Lamas se superpone al Área de Conservación Regional, pero es al revés, porque estamos milenariamente posicionados, ancestralmente, ahí hemos cazado, ahí han trabajado nuestros ancestros”.
A lo que se refiere Sangama es a la demanda de acción de amparo presentada por Nuevo Lamas, una de las 43 comunidades indígenas que forman parte de CEPKA, contra el Gobierno Regional de San Martín por desplazar a las comunidades kichwas y fiscalizar sus costumbres luego de que, sin la consulta previa de quienes viven en el territorio, se declare a la Cordillera Escalera como Área de Conservación Regional (ACR).
La declaración de la Cordillera Escalera como ACR ha afectado por lo menos a tres comunidades kichwas originarias de San Martín: Nuevo Lamas de Shapaja, Alto Pucalpillo y Mishki Yakillu. Todo lo que heredaron de sus antepasados ya no les pertenece. Sienten que el gobierno los ha despojado de sus territorios y se los ha prestado temporalmente.
Un equipo de Wayka viajó a San Martín para conocer cómo viven los kichwas frente a un gobierno regional fujimorista que los somete a pedir licencia para vivir. También se buscó entrevistar tanto el gobernador regional Víctor Noriega como al jefe del ACR Cordillera Escalera, Marco Flores Reátegui, pero ambos prefirieron el silencio.
La batalla legal de Nuevo Lamas
A tres horas de la ciudad de Tarapoto, en la provincia de San Martín, cerca a las orillas del Río Huallaga, se ubica Nuevo Lamas de Shapaja, la primera comunidad indígena de San Martín que ha demandado al Estado en defensa de sus derechos a la consulta previa y a la titulación de sus tierras.
Centro de la comunidad kichwa Wayku, de la provincia de Lamas, en la región San Martín.
“Para nosotros es como vivir en alquiler en nuestro propio territorio. Nosotros emprendemos la demanda porque queremos la titulación total del territorio, no solamente 32 hectáreas, porque hay restricciones que nos dieron con el contrato de cesión en uso, donde nos privan hacer nuestras chacras, en las purmas (chacras en medio de la selva)”, cuenta Sangama, en representación de la comunidad.
La demanda apunta al Gobierno Regional de San Martín, dirigido por Víctor Manuel Noriega Reátegui, primo del fujimorista Rolando Reátegui, congresista denunciado por presentar falsos aportantes a la campaña de Keiko Fujimori en 2011. Pero el juicio también salpica a otras instituciones del Estado: al Ministerio de Agricultura y Riego, al de Ambiente y al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP). La demanda, entre otras cosas, pide la suspensión de la ACR hasta que se haga la consulta previa y encontrar un equilibrio entre la preservación de los bosques y el respeto a los territorios de las comunidades indígenas.
Página 2 de la demanda de acción de amparo presentada por la comunidad indígena kichwa de Nuevo Lamas.
Y es que varias decisiones se tomaron a espaldas de los kichwas. En 2005, una resolución firmada por el expresidente Alejandro Toledo y su ministro de Agricultura, Manuel Manrique Ugarte, declaró como ACR a las 149 mil 870 hectáreas que abarca la Cordillera Escalera, territorio que también era ocupado por los kichwas.
“En 2005 se formó el ACR sin considerar a los kichwas. Y la excusa del gobierno es que no había Ley de Consulta Previa. Y porque no lo implementan, no se le puede decir a uno que no tiene derecho a que se le consulte. Se ha tratado de desconocer la existencia de las comunidades”, comenta Cristina Gavancho, defensora legal de CEPKA.
En febrero de 2016, el gobierno regional concedió a Nuevo Lamas de Shapaja el título de propiedad de solo 32 hectáreas, que representa el 1.95% del total del territorio y se les cede otras 1620 hectáreas bajo un ‘contrato de cesión en uso de tierras con aptitud forestal’.
“Ahora los guardaparques hacen vigilancia y control de ese tema de que no debemos hacer chacra acá. ¡Prohibido! Y hubo demanda a los pobladores por hacer chacras o cazar sus animales, por ese tema es que emprendemos la demanda”, continúa ofuscado Sangama.
El pasado 28 de agosto, el Primer Juzgado Civil de Maynas en Tarapoto, a cargo del juez Luis Manuel Páucar Bernaola, resolvió en contra de Nuevo Lamas: rechazó la demanda de acción de amparo. Los kichwas seguirán viviendo bajo las restricciones del contrato.
Sangama ya veía venir la decisión del juez Páucar Bernaola. “En cuestión de titularidad de territorio no nos están respetando. Se basan en las normas nacionales, para ellos no existe la OIT (…) ¡Cómo es posible que algo tuyo, nuestra propia casa, tenemos que pedir permiso para cazar animales, para tumbar árboles, para sacar nuestras plantas medicinales!”, exclama agitado el dirigente kichwa. Luego, un poco más calmado, recuerda en voz alta que incluso en otras comunidades hasta los han desalojado. Sangama se refiere a Alto Pucalpillo.
El destierro en Alto Pucalpillo
Gerardo Sangama, vicepresidente de la comunidad de Alto Pucalpillo, revive la tarde que lo botaron de sus tierras. Fue hace siete años, eran dos mujeres y seis hombres yendo a carachamear, es decir, a cazar carachamas -peces delgados de color piedra del río-. “Éramos mi abuelo, sus hijos y nietos”, rememora Sangama, sobre el día en que los guardaparques los detuvieron dentro del área de la Cordillera Escalera y destruyeron todo rastro kichwa de la zona.
Gerardo Sangama, vicepresidente de la comunidad indígena kichwa de Alto Pucalpillo.
Luego de dos horas de caminata para llegar a la quebrada Carachamera, cerca al Pongo de Cainarachi, los guardaparques les dijeron que no podían tocar nada. Quemaron y desaparecieron tambos (chozas) y purmas; y fueron denunciados ante el Ministerio Público, en aras de cumplir con el contrato de cesión en uso. “Nosotros salimos de ahí y nos esperaba la policía en la pista. Por un árbol que hemos tumbado nos han procesado. Todito quemaron, todo lo que había ahí”, cuenta Gerardo.
A su lado, Manuel Sangama, apu de Alto Pucalpillo, aún recuerda que sus abuelos iban a la quebrada Carachamera cuando querían. “Nuestros abuelos han ido a ese territorio antes que el Estado. Nuestros abuelos, sus hijos y ahora nosotros vamos. Hasta ahora seguimos yendo y vamos a seguir yendo”.
Wayka tuvo acceso al contrato de cesión en uso elaborado por el Gobierno Regional de San Martín e identificó varias restricciones que atropellan las costumbres de las comunidades kichwas. Solo en el inciso 2, en ‘Normas de uso en zona silvestre’, se prohíbe la agricultura, ganadería, caza, pesca y tala.
Luego, en el inciso 3 que se refiere a la zona de protección estricta, no se permiten actividades ganaderas y el consumo de la flora, fauna y recursos no maderables son aceptados solo si cuentan con planes de trabajo. Frente a esto, la letrada Gavancho tiene una interpretación clara: “En el contrato les exigen un plan de uso de los recursos, pero no les dan el apoyo técnico, porque eso lo hace un ingeniero forestal”. El Estado, según asegura Gavancho, desconoce que las prácticas del pueblo kichwa son amigables con el medio ambiente.
La misma premisa sostiene la investigación de la Universidad de Ciencias Agrícolas de Suecia, ‘La dinámica forestal en la Amazonía peruana’. “Las prácticas de manejo forestal de familias agrarias pueden ofrecer más esperanza a los futuros del bosque que las iniciativas de conservación del gobierno regional (…) los sistemas kechwa-lamistas pueden ayudarnos a comprender aspectos esenciales (…) combinando la producción y preservación de alimentos y el fortalecimiento de los servicios de los ecosistemas”.
De izquierda a derecha: Rodil Cachique Sangama, Gerardo Sangama Sangama y Manuel Sangama.
Manuel cuenta que los guardaparques los denunciaron por destrozar un supuesto monte virgen dentro de la Cordillera Escalera. “En verdad eso no era un monte virgen, era purma. Nosotros pensamos hacer chacra para sembrar nuestro plátano, yuca, arroz, para consumir”. Agrega que en cualquier momento pueden volver a detenerlos y que, incluso, en otras comunidades están sometidos a pedir permiso para cazar un animal, como en Mishkiyakillu.
Mishkiyakillu, el pueblo que pide licencia para alimentarse
A una hora del distrito de Pinto Recodo, en la provincia de Lamas, el apu de Mishkiyakillu, Denis Guerra Sangama y los suyos tienen una preocupación en común: no saben cómo alimentar a sus familias. Caminan durante dos días hasta El Huequito, el lugar dentro de la Cordillera Escalera donde llegan a cazar animales y recolectar plantas medicinales. Pero la distancia no es el problema, sino el gobierno regional.
De izquierda a derecha: Octavio Guerra Amasifuen, el apu kichwa Denis Guerra Sangama. Pastor Sangama Guerra y Custodio Guerra Sangama,
Custodio Guerra Sangama, un kichwa de 57 años, recuerda con más precisión cómo eran sus vidas antes de que se creara el ACR Cordillera Escalera. “Caminábamos a esta hora y llegábamos en dos días. Hacíamos nuestros tambos del monte, nos quedábamos una semana y cazábamos nuestros animales. Nuestros padres nos criaban con carne del monte natural”. Sus padres -recuerda- no conocían ni necesitaban ir al mercado. Ahora, es el único lugar desde donde se abastecen de alimentos.
El mono, el sajino, la huangana, el picuro y la carachupa eran algunos de los animales que más cazaban en Mishkiyakillu para alimentarse. Ahora, para cazar un animal, los kichwas tienen que detallar hasta el mínimo detalle. “Tienes que tener una resolución que te dan ahí, tú tienes que solicitar de allá, te dan una resolución, tienes que presentar al guardaparques porque él te interviene todo, quiénes van, a qué van. O sea el documento tiene que especificar a qué te vas”, cuenta el kichwa veterano Custodio Guerra.
Solicitud formal firmada por el indígena kichwa Custodio Guerra Sangama para entrar al Área de Conservación Regional Cordillera Escalera.
El gobierno regional, a través del Proyecto Huallaga Central y Bajo Mayo, controla el ingreso de los comuneros al ACR. Para poder cazar, los kichwas deben precisar en un documento formal cuántas personas van a entrar al área, qué y cuánto van a cazar y el motivo. Este trámite se repite cada tres meses, con quince días de anticipación, y una espera de ocho días por la respuesta de cada resolución.
Hace un año, recuerda Custodio, la gestión del fujimorista Noriega se comprometió frente a los apus kichwas a titular sus tierras. Sin embargo, el ambiente en la región se ha caldeado: el choque que el gobierno regional y los kichwas llevan en el juzgado se ha trasladado a las calles.
El primer golpe de la gestión fujimorista fue la expulsión del líder kichwa Gider Sangama del Área de Titulación de la Dirección Regional de Agricultura San Martín. Los siguientes golpes fueron mediáticos.
El periodista de Tarapoto, Edgar Alarcón, demandado por la fujimorista Esther Saavedra por revelar la falsa documentación sobre sus estudios, puede explicar mejor los golpes mediáticos. “La mayoría de periodistas acá se han vuelto opositores a la demanda indígena, pero más que eso se nota una campaña de discriminación, de estigmatización, de racismo, y que no les da espacio a los dirigentes para hablar”.
Por su parte, el abogado del Instituto de Defensa Legal, Juan Carlos Ruiz Molledo, quien también defiende a los kichwas, lamenta que se distorsionen sus demandas. “Queremos cuestionar la concepción de las Áreas Naturales Protegidas que miran a los pueblos indígenas como enemigos, cuando ellos han estado ahí siempre. No es posible que los traten como intrusos cuando es su territorio ancestral”, cuestiona Ruiz.
La comunidad de Mishkiyakillu, a una hora del distrito de Pinto Recodo, dos horas de la ciudad de Tarapoto.
Custodio Guerra estira su mano y afirma que conoce el territorio como la palma que nos muestra. A su lado, el apu Dennis cuestiona la presencia de los guardaparques en Cordillera Escalera. “Hace más de cien años, desde nuestros abuelos, cuidamos los bosques. Sería interesante, ¿no? Ver los incentivos a las comunidades que cuidamos los bosques”, se pregunta.
A unos metros de ellos, la señora Kelly Moscoso Huamacati, con su hija agripada de seis años en brazos, espera que llegue una motocar que la lleve a la posta médica más cercana, a una hora de Mishkiyakillu. Pero ella no es kichwa ni nació en Mishkiyakillu. Kelly es originaria de la comunidad indígena Nahua, del pueblo de San Pedro, en Loreto, y cuenta que de donde viene también tienen que pedir permiso para cazar, pescar, talar, sembrar: vivir.
