Más de 12 mil niñas se convirtieron en madres en una década: La deuda del sistema de salud peruano

En el Perú, el derecho a salvar la vida o la salud de una niña, adolescente o mujer gestante, mediante el aborto terapéutico, tiene 102 años de vigencia legal. Sin embargo, este derecho es inexistente. Solo entre 2014 y 2023, 12,728 niñas menores de edad fueron obligadas a llevar un embarazo a término y dar a luz según el informe “Abortos terapéuticos realizados en el Perú entre el 2014 y 2023” producido por Promsex.

El estudio además revela que, durante esa década el Perú, registró 151,694 denuncias por violencia sexual, una crisis que afecta abrumadoramente a las mujeres (95%) y, de manera alarmante, a niñas y adolescentes (71.6%).

En este escenario, se detectó que 4,536 de las denunciantes se encontraban en estado de gestación; de este grupo, casi la mitad (47%) eran menores de 15 años, una población para la cual el embarazo forzado representa una amenaza crítica a su integridad física y emocional.

En cuanto a la aplicación del aborto terapéutico, el análisis revela que el 61.1% de los procedimientos se realizaron por malformaciones fetales graves, mientras que el 38.9% restante buscó proteger la salud o la vida de la madre. Las estadísticas también desmienten mitos sobre el perfil de las solicitantes: con una edad promedio de 35.5 años entre 2015 y 2020, queda claro que este derecho es una necesidad transversal a diversas etapas de la vida. Para la abogada Isbelia Ruiz, la denegación de este servicio constituye una violación a la autonomía corporal y a la salud integral.

“El aborto terapéutico es legal, gratuito y cuenta con una guía técnica obligatoria desde hace más de diez años. No aplicarla o dilatar los plazos establecidos vulnera directamente el derecho a la salud y a la vida”, señala Pamela Ortega, obstetra de Promsex.

El muro de la desinformación

A pesar de que desde 2014 existe una Guía Técnica de cumplimiento obligatorio, el acceso al procedimiento es hoy una carrera de obstáculos. Flor Huayana, coordinadora de fortalecimiento de capacidades de Promsex, advierte que la primera barrera es el silencio institucional. “Muchos profesionales en los servicios de atención no brindan la información. Las niñas y sus familias no saben que pueden acceder a este derecho”, señala.

El caso de las menores de 14 años es el más crítico. Según la normativa peruana, un embarazo a esa edad es, por definición, un indicio de violación y un riesgo intrínseco para la salud física y mental de la menor. No obstante, el sistema de salud suele tratarlas como adultas capaces de llevar un embarazo a término, ignorando que sus cuerpos y mentes no están preparados para tal proceso.

El análisis de datos realizado por Promsex arroja una cifra que Huayana califica como alarmante: entre 2014 y 2023, se registraron 12,728 casos de niñas menores de edad que fueron obligadas a llevar un embarazo a término y dar a luz. Según la especialista, esta estadística es el reflejo de un sistema que ignora la normativa vigente y desprotege a las menores ante maternidades forzadas.

El «Efecto Inhibidor»: Cuando el miedo firma las actas médicas

Uno de los puntos más alarmantes revelados por Huayana es el clima de «persecución» que enfrentan los médicos. Las instituciones emblemáticas, como el Instituto Nacional Materno Perinatal (Maternidad de Lima), han estado bajo la lupa de fuerzas políticas conservadoras que buscan criminalizar la aplicación de la Guía Técnica.

“Existe una carga simbólica fuerte. Estas organizaciones van detrás de los médicos para que sean acusados penalmente o destituidos”, explica la especialista. Este entorno ha generado un “efecto inhibidor”: médicos que conocen la ley, pero que prefieren no aplicarla o recurrir a la objeción de conciencia para evitar procesos judiciales. El resultado es la dilatación de los plazos legales, que según la norma no deberían exceder las 48 horas para la Junta Médica y los 6 días para la resolución final. En salud reproductiva, cada hora perdida puede significar un daño irreversible.

El vacío de la salud mental

La estadística es fría pero reveladora: el 61.1% de los abortos terapéuticos realizados en la última década se debieron a malformaciones congénitas y el 38.9% a enfermedades graves de la madre. ¿Dónde queda el riesgo a la salud mental?

Aunque la Guía Técnica reconoce la salud como un estado de bienestar integral (físico y mental), en la práctica, los criterios psicológicos rara vez son utilizados por las Juntas Médicas. “Se prioriza lo físico porque es más ‘visible’ con exámenes”, detalla Huayana. La falta de una estandarización para evaluar el impacto emocional de un embarazo forzado, especialmente en víctimas de violación, deja a miles de mujeres sin una salida legal a su sufrimiento. Estas alarmantes cifras fueron reveladas en el marco de la campaña “Mi vida, mi derecho”.

El Estado peruano ya ha sido sancionado internacionalmente por casos como los de las niñas K.L., L.C. y Camila, quienes fueron obligadas a la maternidad tras sufrir violencia. Sin embargo, las sanciones de la ONU parecen no hacer eco en los pasillos del Congreso ni en las direcciones de los hospitales. Mientras el activismo intenta cerrar la brecha de conocimiento, el sistema de salud sigue en deuda con las miles de niñas que, año tras año, ven truncadas sus vidas por una burocracia que prioriza la desinformación sobre la salud pública.

Foto: Nadia Rain

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