Comunidades y organizaciones presentaron testimonios de lucha contra políticas que afectan sus derechos y territorios. Organizaciones sociales condenaron en el Primer Tribunal al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial por vulnerar derechos humanos y ambientales en el Perú.
El 30 de noviembre, Cajamarca fue la sede del Primer Tribunal de los Pueblos y la Naturaleza en contra del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en Perú, el cual fue convocado por la Coordinadora de Organizaciones Defensoras por Territorio y Soberanía de la Macrorregión Norte CODEF NORTE Perú, la Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres 2022 -2023, la Central Única de Rondas Campesinas y Urbanas del distrito de Cajamarca, Colectivo Evangélicos Presentes y la Marcha Mundial de las Mujeres Macronorte Perú.
En una sesión de aproximadamente 8 horas, representantes de la Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres 2022 -2023, Asociación de Mujeres Luchadoras Tejiendo Sueños ‘AMULTES’, Comunidad Campesina San Juan de Cañaris, Comunidad Campesina de Mahuaypampa – Chetilla, Comunidad Campesina Apóstol Juan Bautista de Locuto y la Asociación de Mujeres Unidas Somos Una Sola Fuerza – Mórrope, presentaron sus testimonios de vida y demandas contra las entidades financieras y el Estado peruano.
“Al cumplirse ahora el 80 aniversario del BM (Banco Mundial) y el FMI (Fondo Monetario Internacional), que para nosotros son instituciones antidemocráticas que financian proyectos extractivos y políticas estatales que atentan contra nuestra soberanía, salud, agua, energía, seguridad social, por eso, hemos realizado este Tribunal para que la ciudadanía conozco de la vulneración de derechos que cometen”, señaló Aurora Portal, representante de la Marcha Mundial de Mujeres, al mostrar su preocupación por la imposición de proyectos mineros en Cañariaco, Tambogrande y Colpayoc, en el norte del país.
Este Primer Tribunal de los Pueblos no posee un carácter vinculante, es decir no podría ser tomado por alguna institución judicial o fiscal del Estado Peruano. Sin embargo, las organizaciones esperan que sea un instrumento que aporte en las luchas locales y nacionales, contribuyendo a fortalecer la solidaridad y las acciones de demanda para que no se perpetúen políticas públicas que vulneran derechos humanos y colectivos.
“Hemos impulsado este Tribunal de los Pueblos para demandar a las Instituciones Financieras Internacionales, los Estados e intereses corporativos por su responsabilidad política y jurídica promoviendo violación de derechos y la comisión de crímenes contra las personas, los pueblos, los países y la naturaleza”, señaló para Wayka, Marcial Rivero, representante de Coordinadora de Organizaciones Defensoras por Territorio y Soberanía de la Macrorregión Norte – CODEF NORTE.
Las organizaciones exhortan al Estado, a promover medidas de intervención y acciones legales de protección frente a los infractores (empresas y entidades financieras), con iniciativas de Ley preventivas y reparatorias que les ayuden a ser defendiendo sus territorios.
El dictamen de este Tribunal de opinión estuvo a cargo de Lourdes Contreras, Marcial Calle y Fernando Chiquilín, líderes sociales involucrados en la defensa de la naturaleza frente a actividades de carácter extractivo.
Con los testimonios y documentación probatoria, el Tribunal realizó una “sentencia”, para condenar al Estado Peruano, al FMI y al Banco Mundial “por perpetuar políticas públicas que terminan empobreciendo a las comunidades y vulnerando sus derechos humanos como pueblos indígenas”.
