La congresista conservadora de Renovación Popular —quien afirma que “Dios creó a la mujer para ser ayudante del hombre”— pretende que iglesias evangélicas, como la que ella lidera, también dirijan colegios públicos a nombre del Estado.
Los peligros del fanatismo religioso
Esta semana, la congresista y pastora evangélica María de los Milagros Jackeline Jauregui Martinez de Aguayo, más conocida como Milagros Jauregui, o Milagros Aguayo (apellido de su esposo), ha presentado el proyecto de ley 8334/2023-CR, que pone en riesgo avances en materia de derechos humanos para niños, niñas y adolescentes, así como la separación de iglesia y Estado, base de las democracias.
Aguayo propone que se suscriban “convenios de cooperación entre el Ministerio de Educación o los Gobiernos Regionales con iglesias cristianas evangélicas, con la finalidad de gestionar instituciones educativas públicas de la educación básica”.
Sin embargo, al ser el Perú un estado laico, según el artículo 50 de la Constitución, se exige la separación de las iglesias (cualquiera sea la religión que profesen) y el Estado.
En el caso de la educación, esto cobra singular importancia para que las materias que se imparten en las escuelas no se vean restringidas por creencias religiosas y prejuicios, como cuando se enseña acerca de la historia de las culturas y sus costumbres, o en el dictado de cursos de ciencias y humanidades. El objetivo es fomentar el pensamiento crítico del alumnado, algo que resulta difícil cuando se trata de pensamiento religioso fundamentalista que se basa en la fe y en la obediencia.
Otro aspecto relevante de una educación libre de consignas religiosas es poder informar a los estudiantes sobre cómo cuidar su cuerpo e integridad ante casos de violencia sexual, que ocurren dentro de las instituciones educativas, así como en los propios hogares familiares. Más aún, tomando en cuenta la grave incidencia de estos casos en el país. Según cifras del 2023 del Ministerio de Educación, alrededor de 10 escolares son violentados sexualmente a diario. Los perpetradores son, en la mayoría de casos, sus propios maestros.
Ya en abril de este año, la pastora evangelista había propuesto que sean los padres de familia quienes decidan si sus hijos reciben o no educación sexual integral (ESI) en los colegios, mediante el PL 7579/2023-CR, aprobado el pasado junio por el Congreso. Esto atenta contra el derecho de los menores a acceder a una información adecuada sobre salud y sexualidad, acorde con cada etapa de su desarrollo.
La ESI no fomenta que los menores tengan relaciones sexuales a menor edad ni la promiscuidad, como muchos grupos ultraconservadores gustan afirmar de manera tendenciosa. La educación sexual integral enfatiza en el cuidado y salud integral y sexual de acuerdo a la edad. También abarca roles de género; se les enseña a niñas y niños de primaria, por ejemplo, que hombres y mujeres pueden realizar las mismas actividades, desde deportes hasta labores domésticas.
Este tipo de información ayuda a las infancias y adolescencias a identificar situaciones y espacios en los que se sienten seguros y rechazar aquellos que les producen inseguridad o temor. Esto es crucial para que estén preparados para prevenir situaciones de violencia y abuso sexual contra menores.
En el caso específico de estudiantes de secundaria, la ESI tiene como uno de sus principales objetivos evitar embarazos adolescentes no deseados. En lo que va del año, 19 mil 872 menores se han convertido en madres. Esta es una situación alarmante, al tratarse de niñas de entre 11 y 19 años, que en muchas ocasiones quedan embarazadas producto de violaciones sexuales.

¿Qué intereses tiene Milagros Aguayo?
Pese a que la congresista afirma que los proyectos de ley presentados no tienen nada que ver con la religión evangélica que profesa, lo cierto es que propone que las iglesias evangélicas, como a la que ella pertenece, dirijan escuelas públicas, en clara transgresión del artículo 50 de la Constitución y de la separación de religión y Estado. Esto, además, constituye un serio conflicto de interés al ser ella parte del grupo religioso para el que busca pasar una ley.
Milagros Aguayo postuló al Congreso con el partido político ultraconservador Renovación Popular, de Rafael Lopez Aliaga en el 2021; no consignó tener educación superior ante el JNE. Su ocupación, desde el 2006, es la de pastora evangélica. Ella, junto con Guillermo Aguayo, su esposo, son fundadores de la iglesia evangélica Misión Cristiana la Casa del Padre.
Pasaron de vivir en una casa alquilada a tener dos propiedades, en La Molina y Surco, valorizadas en más de 4 millones de soles. Su principal fuente de ingresos, según declaró entonces, provenía de la administración de la iglesia “Casa del Padre”, donde cada persona está obligada a pagar un diezmo.
Además, la congresista creó el Centro para el Desarrollo de la Familia, una organización religiosa educativa que brinda servicios, talleres y ofrece libros como los titulados “Cómo hacer feliz al esposo” y “Hombres de verdad”. Todos bajo la concepción ultraconservadora que encasilla a las mujeres como parte de una familia y las pone en una posición de sometimiento al esposo. “Dios creó al hombre para ser el rey y ninguna mujer tiene el derecho de quitárselo”, es una de las frases que repite Milagros Aguayo en sus conferencias.
Otros proyectos de ley que atentan contra los derechos de las mujeres y la igualdad de género
A tono con el fanatismo religioso que profesa y que intenta desplegar en el Estado, en 2023 la pastora evangélica propuso un proyecto de ley para cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a “Ministerio de la Familia, Infancia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad”, esto como parte de la agenda ultraconservadora latinoamericana que defiende un modelo de familia heterosexual y patriarcal en oposición a las diversidades familiares y sexuales.
Propuestas de este tipo, de acuerdo a la ONU, “invisibilizaría la persistente discriminación y desigualdad estructural contra las mujeres y niñas, y las consiguientes vulneraciones a su autonomía y sus derechos fundamentales”.
Liz Meléndez, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, resalta que cambiar el nombre del MIMP afecta a las mujeres ya que las violencias que vive esta población no solo se ciñe a entornos familiares, sino también se dan en espacios públicos. Además, cambiar el nombre del ministerio equivale a quitarle foco a uno de los problemas estructurales más álgidos en nuestra sociedad, la discriminación y violencias contra las mujeres.
Milagros de Aguayo también está en contra del aborto, incluso el acceso al procedimiento terapéutico a niñas que han sufrido violaciones sexuales, lo que atenta contra sus derechos. Lo que sí pretende es aprobar los derechos al concebido. Nuevamente, como parte de una agenda común de los grupos ultraconservadores, que buscan convertir en políticas públicas el control del cuerpo de la mujer, restarle autonomía e imponer su moral religiosa a una población diversa en credos, en géneros y modelos familiares.
Siguiendo esa línea, propuso el proyecto de ley N.° 3464/2022- CR, para que en los textos escolares y de las instituciones públicas no se utilice el desdoblamiento de género, que busca que el género femenino se vea también representado en el lenguaje y no se englobe en el universal masculino. Por ejemplo, cuando hay que referirse a “niños y niñas”, “profesores y profesoras”, “ingenieros e ingenieras”, “cocineros y cocineras”, etc.
Ultraconservadores como ella consideran el «desdoblamiento innecesario del lenguaje al referirse a mujeres y hombres», y lo señalan como “ideología de género”, un concepto inventado por neoconservadores para desprestigiar el concepto y conocimientos actuales acerca del género. El proyecto de ley fue aprobado en abril de 2024 y publicado como Ley Nº 32003 en el diario El Peruano.
Más allá del derecho constitucional de la ciudadanía a profesar la religión de su elección y ejercerla en su vida y su familia como mejor le parezca, lo que va en contra de la Constitución peruana es intentar imponer desde el Estado una religión, sus creencias o su moral, a toda una población.
¿El Ejecutivo observará o aceptará las ideas ultraconservadoras de la pastora de Renovación Popular transgrediendo el artículo 50 de la Constitución?