Tomás Gálvez, implicado en ‘Cuellos Blancos’, es elegido Fiscal de la Nación con visto bueno del ‘Pacto Congresal’

En medio de la suspensión considerada arbitraria de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, la Junta de Fiscales Supremos eligió hoy, 22 de septiembre, a Tomás Gálvez como nuevo Fiscal de la Nación. El fiscal supremo investigado por presuntos vínculos con la red de corrupción ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ asumirá de manera interina la conducción del Ministerio Público.

La decisión confirma las versiones que adelantaban una preferencia desde Fuerza Popular: el congresista Alejandro Aguinaga había señalado que Gálvez era el candidato más probable, y el periodista Glatzer Tuesta advirtió que su elección consolidaría la captura del Ministerio Público por parte del fujimorismo y los sectores vinculados a las mafias de este régimen.

La Constitución Política, junto con la Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que: el Fiscal de la Nación es elegido entre los Fiscales Supremos por la Junta de Fiscales Supremos para un mandato de tres años, con posibilidad de reelección, solo una vez. En casos de impedimento o suspensión, se activa una línea de sucesión: el fiscal supremo titular con mayor antigüedad, asume interinamente. La Junta de Fiscales Supremos está conformada por los fiscales supremos titulares. En este caso, los nombres que estaban en la línea de sucesión incluyeron a Zoraida Ávalos, Tomás Gálvez, Patricia Benavides y Juan Carlos Villena.

Retos de legitimidad: antecedentes que pesan

Tomás Gálvez ha sido implicado en el caso Cuellos Blancos del Puerto. La red de corrupción judicial que, según investigaciones fiscales y reportajes de investigación, operaba desde el Callao y alcanzaba hasta las más altas esferas del Ministerio Público. Documentos y registros telefónicos revelados por Ojo Público mostraron que Gálvez sostuvo más de veinte comunicaciones con personajes implicados en esta organización, entre ellos jueces y ex miembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura. Estas conexiones motivaron que, en 2020, la Junta Nacional de Justicia le abriera procesos disciplinarios y lo suspendiera temporalmente del cargo.

En agosto de 2025, Tomás Gálvez archivó la investigación contra el presidente del Congreso, José Jerí, acusado de violación sexual, al concluir que no había «indicios suficientes que lo vincularan al hecho».

Si bien algunos expedientes fueron posteriormente archivados, las sombras sobre su independencia permanecen. La contundencia de los hallazgos periodísticos y judiciales pone en cuestión su idoneidad para dirigir la Fiscalía de la Nación. Haberlo elegido en este momento, según Tuesta, no solo es una burla a los avances contra la corrupción, sino también una muestra de la captura institucional por parte de intereses políticos y mafias enquistadas en el sistema de justicia.

Con la elección de Tomás Gálvez, múltiples procesos de investigación a los más altos funcionarios en la Fiscalía correrían el riesgo de ser frenados, archivados o manipulados. Se trata de carpetas que involucran a congresistas, exfuncionarios y redes de corrupción con conexiones en el propio sistema de justicia. La trayectoria de Gálvez en el caso Cuellos Blancos siembra dudas sobre su voluntad de impulsar con firmeza investigaciones contra mafias políticas y económicas. Como advierten analistas como Glatzer Tuesta, este nombramiento abre la puerta a que el Ministerio Público se convierta en un espacio de blindaje, antes que en un garante de la lucha contra la corrupción y los delitos que golpean a la ciudadanía.

El congresista fujimorista Fernando Rospigliosi saludó la designación de Tomás Gálvez y aseguró que su llegada al cargo permitirá recomponer relaciones con la Policía Nacional. “Yo espero que las relaciones no solamente con el Congreso, sino con todas las instituciones mejoren, sobre todo con la Policía” declaró a Canal N. Por su parte, el congresista Edward Málaga, intentó distanciarse del proceso: “Esta pugna entre bandos en la Fiscalía de la Nación tiene que terminar”.

La resolución fue aprobada con los votos de Luz Pacheco Zerga, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse y Pedro Hernández Chávez, mientras que en contra estuvieron Helder Domínguez Haro, Manuel Monteagudo Valdez y César Ochoa Cardich. El tribunal sostuvo que la destitución de Tomás Gálvez había vulnerado su derecho al debido proceso.

Por eso, ordenó que se le devolviera su cargo de fiscal supremo titular. La decisión del Décimo Juzgado Constitucional fue cumplida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y oficializada por el Ministerio Público, lo que permitió que Gálvez recuperara su título y volviera a la institución.

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