Sorpresivamente en los últimos años han aparecido diversos proyectos legislativos surgidos desde las derechas radicales y ultraderechas para intervenir la actual ley de cine. Bajo el argumento de que la actual norma que rige al cine peruano es un decreto de urgencia vulnerable dado de manera atípica en el gobierno de Martín Vizcarra, varios congresistas han propuesto nuevos proyectos, que, de acuerdo al color político de cada bancada, tienen diversas intenciones. Desde Daniel Urresti hasta Patricia Juárez, desde Adriana Tudela a Juan Lizarzaburu, los proyectos de ley han aparecido en la esfera pública como salidas a diversas problemáticas que impiden la internacionalización del cine peruano, pero sobre todo que espantan a producciones extranjeras que quieren al Perú como una locación, como un telón de fondo de películas de presupuestos millonarios. Sin embargo, este deseo de potenciar al cine como mercancía, como objeto de consumo, no solo tiene un afán evidentemente mercantilista, sino que el paquete, que proviene de congresistas de bancadas y partidos reaccionarios y conservadores, también incluye descartar la “discriminación positiva” que supuestamente aplica el estado al dar fondos a películas en lenguas originarias, hechas en regiones, obras feministas, de denuncia social, algunas consideradas como “progres” o representantes del supuesto “marxismo cultural”.
Foto: Marco Cotrina / La República
Tras el anuncio de la propuesta de la congresista ultraderechista Adriana Tudela, que atentaba contra el actual funcionamiento de los estímulos, la respuesta de rechazo de la comunidad audiovisual fue contundente. Aunque un oportunismo político hizo que legisladoras fujimoristas como Patricia Juárez, vinculada a la impunidad de casos como Comunicore, lanzaran nuevos parafraseos del actual decreto de urgencia, agregándole casi lo mismo que lo planteado por Tudela. El tema de los proyectos se había congelado en la legislatura anterior, con la promesa de ser retomado en este 2024. Sin embargo, el cine se ha vuelto una expresión en tensión en estas semanas debido no a la insistencia de las ultraderechas sino por una normativa dada por el Ministerio de Cultura mismo hace algunos días, y que se alinea a agendas conservadoras y a la intervención política del cine
Hace algunos días publicaron las bases de los concursos de estímulos para proyectos 2024, que implican las vías de otorgamiento de recursos para la producción, distribución, exhibición de películas, así como apoyos para la formación y gestión del audiovisual. Lamentablemente estas bases se han convertido en un tipo de escarmiento ante una comunidad que se percibe aún como quejosa, y que impide cumplir los deseos de la derecha en el poder, que, a pesar de sus gestiones basadas en la imposición y cero consensos, no logró salirse con la suya.
Las actuales bases del Mincul contienen una serie de puntos que atentan contra el cine peruano. Primero, el Mincul redujo los plazos para presentar proyectos. Antes el deadline se daba en agosto u octubre, dependiendo de las categorías. Hoy se indica que el cierre es en menos de un mes. ¿Solo podrán postular los que tienen sus carpetas de postulación ya hechas? ¿A qué se debe el apuro? Segundo, se eliminaron cuatro categorías en el concurso 2024: Cine en construcción, Creación experimental, Investigación sobre cinematografía y audiovisual, y Desarrollo de series. A pesar que el decreto de urgencia que rige al cine peruano lo norma, se eliminaron sin explicaciones estos concursos. La ley dice “fomentar la investigación y el estudio del lenguaje cinematográfico y de los medios audiovisuales”. ¿Tan inútil se percibe la investigación sobre cine? ¿Cómo es que el Mincul viola como si nada el decreto?
Tercero, el Mincul agregó el punto más peligroso: una cláusula censora. Este texto indica que “El postulante asumirá la responsabilidad de la licitud del proyecto presentado y su adecuación a la normativa vigente, el orden público, la moral y las buenas costumbres”. La inclusión de este apartado hace de la censura una política pública y convierte al Ministerio de Cultura en un órgano censor. Es inaceptable que una entidad que debe generar políticas para el desarrollo y promoción del cine y audiovisual peruano, se imagine a sí misma como una burocracia en defensa de las buenas costumbres y la moralidad como si se tratara de una vulgar área de represión de las peores dictaduras. Es evidente que esta norma censora no busca cuidar los ojos y espíritus nobles de peruanos y peruanas según la lógica del Vox, de ‘Renovación Medieval’, el Opus Dei, o de cualquier otra cucufatería rancia hecha política, sino imponer una serie de requisitos absurdos para hacer un destajo de películas desagradables al actual régimen donde el terruqueo, la violación a los derechos humanos y la invisibilización de las demandas populares es una marca de gobierno.
Por otro lado, no podemos obviar que las bases habían incluido un pie de página discriminatorio, que evitaba la participación de mujeres trans en el concurso de cortometrajes Bicentenario. Ante pedido de colectivos de feministas y diversidades, el Mincul se retractó y eliminó el pie de página, sin embargo, quedó al desnudo su plan antiderechos que aún se mantiene en la cláusula censora.
El Ministerio de Cultura formaliza desde sus directivas e instrumentos de gestión una estrategia antiderechos y a favor de la censura, donde el cine, dentro de una supuesta batalla cultural, se convierte en una expresión cultural peligrosa donde se ponen en juego demasiados sentidos comunes y representaciones que muchos quieren desaparecer.
