Por Álvaro Meneses
Activan las alertas. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos asume la defensa legal de 26 campesinos de la comunidad San Juan Bautista de Catacaos (Piura) que denunciaron ataques, hostigamiento y trámites irregulares de empresas que se apropiaron de casi 10 mil hectáreas de sus tierras. Varias compañías vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana resultaron involucradas en este caso de presunto tráfico de terrenos.
A través de la Resolución Directorial 001-2021-JUS/DGHD del pasado 18 de enero, el Minjus activó el protocolo para garantizar la protección de defensores de derechos humanos a favor de 26 miembros de la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos,que afrontan procesos judiciales y hostigamiento por defender sus tierras de empresas que -denuncian- intentan apropiarse de 9 mil 985.25 hectáreas con documentos falsificados desde 1998.
De acuerdo a una investigación de Wayka, el 18 de diciembre de 1998 una supuesta asamblea en la comunidad aceptó transferir las casi 10 mil hectáreas de tierras a favor de 100 campesinos, de los cuales varios habían fallecido o negaron posteriormente haber participado de esa acción. La autenticidad de ese documento también fue cuestionada por el mismo presidente de la comunidad, José Eugenio Pasache Aquino, quien posteriormente escribió un acta de conciliación en la que negó haber firmado a favor de esa transferencia.
Desde entonces, las 9 mil 985 hectáreas de tierras fueron repartidas entre un grupo de empresas locales que posteriormente las vendieron a compañías Constructora Miraflores Perú, Agrícola Santa Regina, Inversiones San José y la Asociación Civil San Juan Bautista, todas ubicadas a la espalda de la sede central del Sodalicio de Vida Cristiana y vinculadas a la misma organización.
En ese contexto, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) solicitó al Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia que active el “Procedimiento de alerta temprana” del protocolo para la protección de defensores de los derechos humanos a favor de 38 miembros de la comunidad campesina que afrontan procesos judiciales por hasta 22 supuestos delitos, como usurpación agravada, daños agravados, delito contra los bosques, fraude procesal y hurto agravado.
Tras el pedido de la CNDDHH, el Minjus realizó un estudio de evaluación de riesgos sobre la situación de los comuneros, y determinó que entre el 2011 y 2018 se identificaron 6 situaciones en las que sus vidas e integridad corrieron peligro, con un nivel calificado como «alto». Entre los hechos más graves figuran los asesinatos de los dirigentes Guadalupe Zapata Sosa y Luis Pasache Zapata, ocurridas el 8 de diciembre de 2011 y 8 de agosto de 2017 respectivamente. Además, por lo menos otros 7 comuneros resultaron heridos por personas no identificadas que intentaron desalojarlos.
Entre las competencias del Ministerio de Justicia sobre este caso, se incluye la asistencia legal para 26 comuneros, visitas públicas periódicas con la participación de la Defensoría del Pueblo y la apertura para organizaciones de derechos humanos y periodistas interesados en seguir el caso.