El Ministerio Público interpuso recurso de apelación al fallo del Juzgado de Paz Letrado con funciones del Juzgado de Investigación Preparatoria de Laberinto que dispuso la libertad de Hilario Mamani Churata y Rolando Becerra Raime, detenidos como presuntos autores de la muerte del defensor ambientalista Roberto Pacheco Villanueva.

Pese a las pruebas y evidencias recabadas por la División de Investigaciones de Alta Complejidad, el juez supernumerario Tony Quispe Yanqui ordenó la liberación, que se produce debido a que la Sala de Apelaciones declaro nula la resolución que autorizó la detención preliminar de otro de los imputados de asesinato, Leonidas Crisólogo Mujica Mayorga, pero no se pronunció respecto a estos dos detenidos.

Información recopilada por Mongabay Latam, señala que -según abogados de las víctimas- para liberarlos se priorizó el pedido de libertad de los sospechosos antes que atender la demanda de prisión preventiva.

Roberto Pacheco era un reconocido ambientalista de la región de Madre de Dios. Su principal labor radicaba en defender una concesión forestal en Puerto Maldonado de invasores y taladores ilegales. Debido a ello, recibía constantes amenazas de muerte. El 11 de septiembre fue asesinado de dos balazos.

“Tenemos miedo a represalias, pero ya estamos coordinando con el prefecto de Madre de Dios para tener seguridad”, dice Demetrio Pacheco, padre de Roberto, también reconocido defensor ambiental. Agrega en declaraciones a Mongabay Latam que a partir del asesinato de su hijo, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) ha reactivado tres de los ocho casos que denunció por deforestación y esta semana tendrá que volver a su concesión.

Anteriormente, la Sala de Apelaciones de Tambopata declaró nula la resolución que autorizó la detención preliminar de Leónidas Crisólogo Mujica Mayorga, otro de los implicados en el crimen. Este hecho sirvió como antecedente para que la defensa de Mamani Churata y Becerra Raime solicité la liberación de ambos.

Para el Ministerio Público, la decisión tomada por el Poder Judicial «es un revés para el equipo de investigación que viene trabajando de manera eficiente el esclarecimiento de este hecho que ha generado gran preocupación e indignación en el movimiento ambiental nacional e internacional».