Por Alvaro Meneses
Frente a la mayoría opositora de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, la ministra de Ambiente, Kirla Echegaray Alfaro, zanjó su postura a favor del Acuerdo de Escazú, un tratado regional que busca proteger a los defensores ambientales, garantizar los derechos al acceso a información ambiental y justicia en caso de afectaciones por contaminación o incumplimientos administrativos.
“Si bien el Acuerdo de Escazú no desarrolla derechos nuevos, contribuirá poderosamente a la implementación y aplicación de los derechos de acceso (…) al fortalecimiento de acciones para la implementación de políticas nacionales ambientales en los tres niveles de gobierno”, dijo esta mañana la ministra de Ambiente en la sesión virtual de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Entre los beneficios que traería consigo el Acuerdo de Escazú, la titular del Ministerio del Ambiente, Kirla Echegaray, sostuvo que representa una oportunidad para incorporar y fortalecer el enfoque intercultural y la participación indígena en los proyectos que colinden con los territorios que habitan. “Su ratificación permitiría desarrollar capacidades y brindar asistencia técnica a actores del sector público, privado y de la sociedad civil, lo que fortalecerá el ejercicio de los derechos de acceso”, agregó.
Pese a los avances en materia ambiental que generaría la ratificación del acuerdo, Wayka reportó que 9 votos de la Comisión de Relaciones Exteriores serían en contra de la propuesta legislativa que busca aprobar suscribir el tratado, los suficientes para dejarlo en el archivo.
Oposición en masa
Como informó Wayka anteriormente, desde el Congreso, las bancadas de Fuerza Popular, Acción Popular, Unión Por el Perú, Alianza Para el Progreso y Podemos Perú se han alineado en contra del Acuerdo de Escazú, mientras que solo el Frente Amplio y el Partido Morado expresaron su respaldo. En el caso de Somos Perú y el Frente Agrícola del Perú (Frepap), aún no se han fijado posturas públicas ni internas sobre el tratado.
Desde la bancada de APP, por ejemplo, el congresista Fernando Meléndez, investigado por delitos ambientales vinculados al tráfico ilegal de madera, envió una carta el pasado 10 de julio al anterior ministro de Relaciones Exteriores, Gustavo Meza Cuadra Velásquez, para decirle que dicho acuerdo “atentaría contra la soberanía nacional”.
En el caso de la bancada de Fuerza Popular, fuentes de la Comisión de Relaciones Exteriores confirmaron a este medio digital que la excongresista Milagros Salazar, como actual asesora del presidente de dicha comisión, Gilmer Trujillo, tendría la consigna de dejar en el archivo la propuesta legislativa que busca la ratificación del acuerdo.
En ese mismo sentido, distintos gremios del sector empresarial se han pronunciado en contra del tratado, como la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y la Asociación Multisectorial Interdisciplinaria del Perú (AMIP), que agrupa y representa a empresarios mineros.
