Vaticano disuelve definitivamente al Sodalicio y requisa sus bienes para reparación a víctimas

El Vaticano decretó oficialmente la disolución definitiva del grupo ultracatólico Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), también conocido como Sodalitium Christianae Vitae (SCV), tras décadas de denuncias por abusos sexuales, físicos, psicológicos y corrupción financiera. La decisión fue firmada por el Papa Francisco y supone la extinción formal e irreversible de una organización nacida en Perú y convertida en un emblema de impunidad dentro de la Iglesia.

“El Sodalicio ya fue, no existe, no existirá jamás”, declaró el periodista Pedro Salinas, uno de los periodistas denunciantes del caso, a La República. Asimismo, el Vaticano ha exigido la entrega de todos sus bienes, que según fuentes del medio elDiario.es, se trata de más de mil millones de dólares para resarcir a centenares de víctimas de los abusos de la organización surgida en Perú a comienzos de los años 70.

El futuro del Vaticano

Esta organización, fundada en 1971 en Lima por el laico peruano Luis Fernando Figari, ahora ha sido calificada por el Vaticano como una secta, por su estructura jerárquica cerrada, vínculos con la ultraderecha internacional y su historial de encubrimiento sistemático de abusos.

Por lo que ahora, luego de terminar su investigación contra la secta, será el encargado de liderar el proceso de liquidación del Sodalicio. Su misión es desmantelar estructuras institucionales, resolver entramados financieros, garantizar reparación a las víctimas y determinar el futuro de los 35 sacerdotes aún activos.

“El objetivo es garantizar justicia para las víctimas”, dijo Bertomeu a La Vanguardia. Asimismo, el comisario del Vaticano señaló que han hecho de todo para desacreditar su trabajo. “Me han acusado también de no ser imparcial, pero parecen olvidar que no soy un juez: soy un investigador con el encargo del Papa de atender y escuchar a víctimas silenciadas por años. Una investigación no exige neutralidad, solo objetividad”, señaló.

Según el testimonio de José Enrique Escardó, la primera víctima en denunciar al grupo, este proceso incluye la liquidación de bienes, el acompañamiento psicológico a los sobrevivientes, la recuperación de empresas y propiedades ocultas, y la definición de responsabilidades civiles y penales de los implicados.

Entre los bienes a intervenir figuran 36 empresas vinculadas al Sodalicio, muchas de ellas registradas bajo terceros o fideicomisos. Uno de los conglomerados más cuestionados es Acres, fundado por el político y empresario Rafael López Aliaga.

Escardó también fue enfático en advertir que la disolución no implica la desaparición automática de sus miembros: “Los curas siguen siendo curas. Sus incardinaciones ya no dependen del Sodalicio, sino del comisario Bertomeu y del arzobispo de Lima, Carlos Castillo”.

Justicia que no llega desde Perú

Para el abogado José Ugaz, exprocurador y representante de seis víctimas que aún no han sido indemnizadas, la decisión del Papa pone en evidencia la falta de acción de las autoridades peruanas. “La justicia peruana no ha estado a la altura para sancionar a quienes cometieron delitos. Esta organización destruyó proyectos de vida y aún no hay justicia en casa”, afirmó.

Ugaz denunció además que el SVC intentó maniobrar información para ocultar y vaciar sus activos antes de la disolución, con el objetivo de evitar que fueran administrados por el Vaticano. Alertó de esta posible fuga de capitales en una carta enviada el 24 de marzo a Roma.

Asimismo, otro grupo de peruanos que está a la espera de justicia son los comuneros de San Juan Bautista de Catacaos, en Piura, quienes en el 2011 fueron despojados de sus tierras por empresas asociadas al Sodalicio.

El abogado Pável Labán, miembro del Instituto Legal de Defensa y encargado del caso, señaló a Wayka que ahora, en el contexto de impunidad en el que vivimos en el Perú, la disolución del Sodalicio representa un signo de esperanza; sin embargo, continúan en la disputa por la parte judicial.

Según el letrado, el 27 de febrero de este año, se presentó una acción de amparo que tiene como pretensión principal que se declare la nulidad de las partidas registrales que han despojado de aproximadamente 10 mil hectáreas a comuneros de Catacaos, bajo la figura de contratos de adjudicación fraudulentos, pero aún no tienen respuesta del Poder Judicial.

“Estás 10 mil hectáreas continúan en manos de empresas vinculadas al disuelto Sodalicio, empresas que han criminalizado a los comuneros y comuneras durante los últimos años. Además, solicitamos al Gobierno Regional efectúe una titulación integral del territorio comunal para que situaciones de despojo no vuelvan a ocurrir. Luego de mes y medio de haberse presentado la demanda, aún esperamos que se nos notifique el auto admisorio”, comentó a Wayka.

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