Durante su última sesión de legislatura, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que modifica los artículos 473,476-A y 481-A del Nuevo Código Procesal Penal. Los congresistas que respaldaron esta norma señalaron que esto “fortalecería” el proceso especial por colaboración eficaz, sin embargo, esto fue duramente cuestionado por instancia del poder Ejecutivo, además de expertos, exprocuradores y la propia sociedad civil ya que pondría en riesgo la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

Hay que recordar que la colaboración eficaz, de acuerdo a la legislación vigente, es el proceso en donde una persona sometida o no a una investigación o proceso penal, o que ha sido condenada, que se ha disociado de la actividad criminal y se presenta ante el Fiscal o acepta la propuesta de esta institución para proporcionar información útil, con la finalidad de obtener beneficios premiales.

El dictamen aprobado por el Congreso pretende limitar la colaboración eficaz asignándole ciertos plazos para aplicar esta figura. Así, la cuestionada iniciativa legislativa fue aprobada con una alta votación: 83 votos a favor, 27 en contra y tres abstenciones.

Esa votación se consiguió a pesar de que previamente la Comisión de Justicia recibió la opinión técnica de tres instituciones del Estado: Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio de Justicia, la norma fue aprobada. Estos tres entes señalaron ante dicha comisión que este proyecto no era viable. Un informe de El Comercio señaló que 33 legisladores que votaron a favor tienen investigaciones fiscales.

Quienes también se mostraron en contra han sido los exprocuradores José Ugaz, Luis Vargas Valdivia y César Azabache, los cuales señalaron al Diario La República: “Pretender acortar los plazos del proceso de colaboración a 12 y 18 meses para casos ordinarios y de gran complejidad, respectivamente, resulta un despropósito y una clara intención de convertir este valioso mecanismo en inoperante”.

Los juristas recordaron que la figura de la colaboración eficaz surgió cuando los procuradores ad hoc en el caso Fujimori iniciaron investigaciones y los principales sospechosos fugaban.

En tal sentido mencionaron que “es evidente que esta modificación busca entorpecer la lucha contra la corrupción y contra la criminalidad organizada, y beneficiar así a los integrantes de organizaciones criminales, quienes podrán alcanzar la impunidad en perjuicio de los intereses de la gran mayoría de los peruanos”

En dicha línea, recordaron que la colaboración eficaz ha sido efectiva para perseguir estructuras criminales. Asimismo, mencionaron los procesos que se le sigue a Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos y los casos emblemáticos como el del Club de la Construcción, Cuellos Blancos y Lava Jato.

En ese sentido, los juristas exhortaron a la jefa de gobierno, Dina Boluarte, a observar este dictamen. Es necesario señalar que el Congreso envió la autógrafa de esta norma al Ejecutivo, quien tiene hasta el 24 de julio para pronunciarse al respecto.