Congreso continúa vulnerando derechos de la niñas y mujeres en comisiones de la Mujer y Educación
Parlamentarios fundamentalistas y conservadores antiderechos siguen liderando comisiones que ven temas relacionados a los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres. Renovación Popular y Perú Libre insisten en intervenir en la educación de los menores, amenazando con censurar la Educación Sexual Integral (ESI), que ayuda a prevenir la violencia contra infancias y adolescencias, así como embarazos no deseados.
Organizaciones defensoras de derechos humanos están en alerta por los contínuos retrocesos y atropellos que se siguen dando desde el Congreso. A fines de agosto se designaron nuevos integrantes de la Comisión de Educación y de la Comisión de la Mujer y Familia, quienes ya han tenido una primera reunión para programar la agenda 2024-2025. Estas comisiones son lideradas por Jessica Córdova, de Renovación Popular, y Segundo Montalvo Cubas, de Perú Libre, ambos conocidos por sus perfiles conservadores antiderechos.
En la primera reunión de la Comisión de la Mujer, del 2 de septiembre, participó también la pastora evangélica-congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, expresidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, para asegurarse de que la comisión continúe el rumbo antiderechos que ella le imprimió en este último año. La también congresista de Renovación Popular reincidió en sus discursos antiderechos que van en contra de la autonomía de la mujer y las concibe como principalmente sujetas al hogar y los hijos. Instó a que los miembros actuales defiendan esas posturas ultraconservadoras y que recorta derechos ganados.
Ahora, Jauregui es secretaria de la comisión de Educación. Esto también ha levantado las alarmas entre miembros de la sociedad civil por el peligro que correría la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en manos de esa comisión.
“Los sectores más reaccionarios del Congreso buscan liderar estas comisiones para intervenir y retroceder los pocos e importantes avances que se han dado en materia educativa. Quieren impulsar proyectos que, bajo un discurso de odio y defensa de la libertad religiosa y de consciencia, acaben con años de evidencia de resultados en políticas e intervenciones públicas”, enfatizó Ayesha Davila, presidenta de crESIendo, organización que promueve los derechos de las mujeres desde la ESI.
Recordemos que Milagros Jauregui propuso, en abril de este año, el PL 7579, “Ley que reconoce el derecho de los padres de familia a elegir la educación sexual que reciben sus hijos», que se aprobó en junio. Una ley con un título engañoso, ya que la hace parecer en defensa de un derecho, cuando en realidad atenta contra el derecho de los menores a acceder a una información adecuada sobre salud y sexualidad acorde con su edad y con cada etapa de su desarrollo. Además, los expone a la desinformación con enfoques fundamentalistas y conservadores, y por tanto a riesgos contra su integridad y vida. Recordemos, por ejemplo, que la mayor cantidad de violaciones y abusos sexuales contra menores se dan en el entorno familiar.
“La llegada a la comisión de Educación de la congresista Jáuregui, conocida por sus posturas contra la educación sexual podría confirmar estas amenazas. Al pasar a ser parte de la mesa directiva de la Comisión de Educación, podría tener influencia para determinar las prioridades de la agenda de la comisión”, advirtieron organizaciones feministas a través de una nota de prensa.
Asimismo, sostienen que estas posturas no vienen solo desde el congreso, sino también desde el Ejecutivo, liderado por Dina Boluarte.
“Lidiamos con una actitud antiderecho que juega en pared con el Ejecutivo, aprobando sin observar estas normas, y se apresura en reglamentarlas; así como un debilitado sistema de justicia que dilata procesos o emite sentencias condescendientes en temas de acoso y violencia sexual. Un ejemplo de esta ofensiva es la aprobación de leyes que reconocen la objeción de conciencia como criterio para censurar contenidos de ESI en los textos y materiales educativos”, señala Candelaria Ríos, representante de Foro Educativo.
La objeción de conciencia se da cuando se incumplen con sus obligaciones legales y constitucionales debido a sus creencias religiosas o éticas. En este caso, los antiderechos han usado este concepto para objetar leyes que protegen a infancias y adolescencias.
Cabe señalar que el Perú es un estado laico, por lo que, en teoría, ninguna postura religiosa debería regir las políticas públicas. Por ello, organizaciones de la sociedad civil, colectivos feministas y comunidades educativas piden denunciar todo retroceso en los derechos de las niñeces y adolescencias.
