Miembros de la Policía Nacional y el Ejército son inculpados por muertes y lesiones de 274 ciudadanos durante las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Videos muestran los momentos en que las fuerzas del orden abusan de su autoridad y disparan directamente al cuerpo de los manifestantes. 

La Fiscalía de la Nación ha formalizado dos nuevas investigaciones preparatorias en relación a las muertes y lesiones que se dieron en el Perú durante las protestas originadas desde la toma de poder de Boluarte el 7 de diciembre de 2022. Un total de 160 miembros de la Policía Nacional y el Ejército han sido imputados por los hechos ocurridos en Lima, Apurímac, Arequipa, Puno, Cusco, La Libertad, Ucayali, Junín y Ayacucho. 

La primera investigación está relacionada a la represión situada en el aeropuerto Inca Manco Cápac, de Juliaca. Se investigará al comandante PNP Segundo Martín Ocampo Aguirre por los delitos de lesiones graves, lesiones leves y abuso de autoridad. 

El otro caso añadido indagará sobre la muerte del menor R.P.M.L. y las lesiones a dos personas durante la represión policial del 12 de diciembre de 2022 en los alrededores de la  Comisaría de Chincheros, Apurímac. Los investigados son:

  • General PNP Raúl Enrique Alfaro Alvarado,  ex comandante general de la Policía Nacional. 
  • General PNP Luis Jesús Flores Solís, exjefe del Frente Policial de Apurímac.
  • Coronel PNP Alexis Luján Ruiz,  jefe de la División Policial de Andahuaylas y Chincheros.
  • Los oficiales PNP Carlos César Cuya Campos y Litman Peña Pacheco.

Dina Boluarte, presunta responsable penal de muerte de más de 50 peruanos

La presidenta de la República mintió al declarar ante la Fiscalía que no había tenido contacto directo con los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante los tres meses de represiones al inicio de su mandato. El último informe de Amnistía Internacional titulado “¿Quién disparó la orden? Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú”, revela que Boluarte se reunió 29 veces con estos altos mandos y tuvo oportunidad —como jefa suprema de las FF. AA.  y la PNP— de parar las acciones que derivaron en muertes y lesiones de cientos de peruanos. 

“Hubo decisiones conscientes desde la presidencia de la República. Desde el día uno, la presidenta desoyó informes de inteligencia que afirmaban que los manifestantes no tenían vínculos con terroristas ni criminales y que el número de personas en las calles no ameritaba el despliegue de las fuerzas armadas, pero no hizo caso de esa información”, señala Madeleine Penman, investigadora para América del Sur de Amnistía Internacional. 

En declaraciones públicas, Dina Boluarte criminalizó las protestas y legitimó el uso excesivo de la fuerza. Además, calificó a los manifestantes como “terroristas” sin prueba de ello. 

Amnistía Internacional pudo obtener los planes de operación de la Policía y observó que recibieron las órdenes de “eliminar barreras humanas”. Para ello fueron provistos de armas letales con las que dispararon a la ciudadanía que protestaba, cuestión que va en contra de la legislación peruana y el derecho internacional, que prohíben el uso de este tipo de instrumentos para el control de multitudes. 

El informe destaca que todos en la cadena de mando, desde la presidenta, ministros y comandantes de las FF. AA. y PNP estaban debidamente informados de lo que sucedía, pero no actuaron a tiempo para detener las muertes. 

Actualmente, Boluarte sigue negando que haya tenido algún tipo de responsabilidad en estos delitos y justifica el accionar del Ejército y la Policía. 

“Nos enfrentamos a 500 manifestaciones, todas ellas violentas. Ahí estuvimos firmes, tercos, decididos de reafirmar nuestra democracia. Nuestro país en la violencia no se puede desarrollar”, dijo en la ceremonia por el aniversario de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Muertos y heridos por protestas

Las regiones que más fueron afectadas por la represión policial y militar durante los primeros meses del gobierno de Dina Boluarte fueron Ayacucho y Puno. En Ayacucho, se investiga a 27 miembros del Ejército, mientras que en Puno se siguen tres investigaciones a 46 integrantes de la PNP y del Ejército imputados como responsables de la muerte de 20 personas y provocar 108 heridos en Juliaca durante enero de 2023. 

Otras regiones afectadas como Cusco, Apurímac y La Libertad tienen investigaciones abiertas a 43 policías por muertes y lesiones graves. En Lima, 24 policías son investigados por el presunto delito de homicidio calificado. Arequipa, Ucayali y Junín también registran procesos en curso. 

«Perú no puede permitir que estas graves violaciones de derechos humanos queden impunes. Muchas de las víctimas provienen de comunidades indígenas y campesinas, cuyas voces han sido históricamente ignoradas. Los responsables del dolor de cientos de personas que han perdido a sus seres queridos o están gravemente heridas deben enfrentar la justicia, sin importar su alto rango», resalta Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.