Desde que el Poder Judicial condenó al agresor Joe Lavado, este no paga la reparación civil a Katherine Osorio, migrante colombiana. Tampoco cumple la demanda de alimentos, pero busca impedir que entreguen la patria potestad del hijo de 10 años.
Nicol León
Tener un hijo peruano y vivir 14 años en el Perú no ha sido suficiente para que Katherine Osorio -mujer colombiana de 38 años- obtenga la nacionalidad. Durante sus primeros años como persona migrante pudo haberla tramitado, pero requería la ayuda de su exconviviente Joe Lavado Abanto, un sujeto condenado por golpearla hasta casi matarla.
“Creo que en cualquier país debería uno tener a estas horas ya la nacionalidad porque yo tengo hijo peruano (…). Llevo 14 años acá y ando con el mismo carnecito como si fuera turista”, dice.
Según la Ley de Nacionalidad, para que una mujer migrante obtenga el Documento Nacional de Identidad (DNI), debe casarse y contar con documentos de su cónyuge exigidos por Migraciones (copia de su libreta electoral, partida de nacimiento). Para Katherine, este trámite pasó a un segundo plano cuando cayó en cuenta de que debía imponer demandas de alimentos y patria potestad si quería retornar a su país con su niño. Desde que inició estos juicios ya pasaron 7 años y aún no obtiene respuesta.
Foto: Juan Zapata/Wayka.
Es una tarde soleada, Katherine lleva el cabello suelto y lacio. Se quita los lentes de sol y la mascarilla para acomodarse en un mueble rojo. Le pide a su hijo que vaya a ver videos de Tik Tok en otra habitación.
Cuenta que ya ganó la demanda de violencia, pero Lavado aún no cumple con pagarle la reparación civil por las graves lesiones que le causó. También ganó la demanda de alimentos, por la que el juzgado de familia ordenó al agresor a que pague más de S/ 17 000. Pero el agresor tampoco ha cumplido.
Katherine dice que esto es prueba suficiente de que al agresor no le interesa hacerse cargo de su hijo. Sin embargo, la expareja apeló la resolución judicial que otorgó la patria potestad del menor a Katherine. Han transcurrido dos meses y no hay respuesta del Poder Judicial.
“Entonces, después de luchar todo, ya se gana lo de violencia, el señor nunca pagó nada. Él me quebró los dientes, me partió la cabeza, me volteó la mandíbula y todo. Por puntaje del médico legista, si arrojas 10 puntos, ya es cárcel y el mío arrojó 11. O sea, él casi me mata. Yo estoy viva de milagro”, denuncia.
MIGRANTES SOBREVIVIENTES
En 2020, el Ministerio Público atendió 195 casos de mujeres migrantes víctimas de violencia. La mayoría de sobrevivientes (108) fueron extranjeras de 12 a 18 años. Entre 2019 y 2020, según el informe Violencia contra mujeres migrantes de la Defensoría del Pueblo, 3 535 mujeres migrantes, al igual que Katherine, denunciaron lesiones graves por violencia y agresiones.
En tanto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) atendió 647 casos de violencia física contra mujeres extranjeras durante el 2020.
Pese a las alarmantes cifras de violencia contra mujeres migrantes, hasta la fecha, entidades públicas como Migraciones, Defensa Pública, Policía Nacional y MIMP no cuentan con protocolos específicos para atender a migrantes y refugiadas víctimas de violencia basada en género. Tampoco tienen un plan de articulación interinstitucional para atender a migrantes y refugiadas sobrevivientes de violencia.
Estas entidades no realizaron capacitaciones para atender a esta población ni en 2019 ni en 2020.
Katherine comenta que esto queda evidenciado en el trato de los trabajadores estatales. En ocasiones, cuando escucharon su forma de hablar dejaron de atenderla o incumplieron con sus funciones de recibir quejas o guiarla en las demandas judiciales que impuso contra el agresor.
“Apenas escuchan tu dejo, de una empiezan las caras. Empiezan las caras o sencillamente no hacen lo que ellos como trabajadores del Estado deberían hacer. Ellos pasan por alto muchas cosas”, indica. “Si uno no grita, si uno no hace la bulla, si uno no reacciona y no hace nada… uno tiene que comportarse de una manera que también… no es así, pero le toca a una porque sino nuestros derechos son vulnerados”, agrega indignada.
CASO IMPUNE
Desde que recuperó a su hijo, quien permaneció 9 meses secuestrado por su padre, Katherine se muda cada año hasta 6 veces.
Dice que recibe amenazas en sus redes sociales y está segura de que Joe Lavado está detrás de eso. Ella y su hijo cuentan con medidas de protección para que el sujeto no se les acerque, pero no cuenta con un documento de identificación actualizado para denunciarlo. Tampoco confía en las autoridades.
Foto: Juan Zapata/Wayka.
A comienzos de año se percató de que su carné de extranjería de residencia por ser madre de un peruano vencía en 2022, a pesar de que en el documento se leía que en realidad sería en 2023. No tramitó a tiempo la renovación y hoy Migraciones la multó con S/ 7 000. Sin este carné, ella no puede acceder a servicios básicos. Es como si no existiera en el Perú, lo que afecta también a su hijo de 10 años, quien recién inició clases presenciales en un colegio de Lima.
“Yo quiero que se dé el empuje para que se de la patria potestad ya porque es un hombre que ha cometido violencia con su hijo y conmigo. Está probado porque él ya está sentenciado y la jueza le dijo que me depositara por todos los daños que me ha hecho; es una reparación que nunca tampoco pagó. Nunca. Al señor nunca lo cogieron preso ni nada. Como macho golpeador que lo ampara el Estado, lo amparan primero a ellos en vez de a la persona vulnerable”, denuncia.
Lavado tampoco cumple con pagar la demanda de alimentos que Katherine ganó. Según su defensa legal, la jueza le dio la opción de que pague S/ 1 000 de los más de S/ 17 000 que debe como primera cuota para evaluar si se podía fraccionar el saldo. Pero hasta la fecha no hay depósito, por lo que ya impusieron una demanda penal por omisión de asistencia familiar.
“(Si él no paga), debe ir preso. La denuncia penal ya está puesta hace 15 días porque precisamente le han dado la oportunidad de que pague mil para poderle fraccionar para poder tener una confianza en él. Pero él jugó con la confianza de la jueza, de una ya se va a penal”, añade.
Sin la patria potestad, Katherine no puede viajar con su hijo a Colombia, pues el padre le tiene prohibida la salida del país. Sin la nacionalidad, tampoco puede tramitar un documento que le piden en el colegio de su hijo. Dice que para el sistema peruano, ella es una persona anónima.
“Lo más indignante es que tengas tu hijo peruano y que vulneren hasta los derechos de él como peruano. Solo porque la mamá es extranjera. Solo por eso. Te niegan muchas cosas”, menciona a la espera de justicia.
