“Nadamos a contracorriente”: a dos años de la masacre en Juliaca, víctimas y familiares aún no encuentran justicia

El 9 de enero de 2023, policías y miembros del Ejército asesinaron a 18 compatriotas puneños, entre ellos tres menores de edad. Han pasado dos años y el proceso avanza lento, con trabas políticas como constantes cambios de fiscales y recortes presupuestales.

Cambio de fiscales, recortes presupuestales y más trabas políticas dificultan el acceso a la justicia a familiares y víctimas de la represión del régimen de Dina Boluarte.

Entre diciembre de 2022 y los primeros meses del 2023 se registraron multitudinarias marchas en contra de la toma de mando de Boluarte. El epicentro de las protestas fue el sur del país, entre los que destacó Puno. La consigna era una sola: la salida de Dina Boluarte de Palacio de Gobierno.

Con pocos días en el poder, ya se habían registrado múltiples violaciones de derechos humanos a manifestantes. Se recuerda sobre todo la masacre en Ayacucho los días 15 y 16 de diciembre de 2022, en los que 10 civiles fueron asesinados y más de 60 heridos.

La ciudadanía, indignada por el autoritarismo del régimen, siguió ejerciendo su derecho a la protesta. El 9 de enero de 2023, en Juliaca, Puno, se dio una de las masacres más sanguinarias registradas en los últimos tiempos. A plena luz del día, miembros de la Policía Nacional del Perú y del Ejército dispararon directamente a manifestantes que pretendían tomar el aeropuerto de Juliaca para hacer escuchar sus demandas.

De acuerdo a testimonios de los mismos agentes estatales y al informe de Amnistía Internacional “Quién disparó la orden”, Dina Boluarte sabía y habría dado la orden para que la Policía y Ejército utilizaran sus armas de fuego.

Niños, mujeres embarazadas, médicos, personas que no participaban de las manifestaciones fueron heridos e incluso asesinados. El saldo fue devastador: 18 personas muertas, entre ellos 3 menores de edad y cientos heridas. Las pericias determinaron que todas las muertes fueron producto de heridas de bala.

Organismos internacionales como Human Rights y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenaron la violencia perpetrada por la Policía y Ejército. Además, demandaron investigaciones céleres e imparciales. Sin embargo, tras dos años de ocurridos los hechos, el caso sigue en primera fase de investigación.

En mayo de 2024, el Ministerio Público formalizó la investigación contra 17 agentes de la PNP y 3 miembros del Ejército Peruano por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves. Todos ellos siguen libres, mientras las familias de los ciudadanos fallecidos siguen buscando justicia.

«El 9 de enero la muerte rondaba entre nosotros»

Marco Antonio Samillán fue un médico que salió a auxiliar a los heridos al percatarse de la masacre ocurrida en Juliaca por agentes estatales. Salvó la vida de muchos ciudadanos, pero lamentablemente fue asesinado en el proceso.

Ahora, su hermano, Raúl Samillán, preside la Asociación de mártires y víctimas del 9 de enero.

“¿No nos duele? ¿Vamos a olvidar todo este suceso?, ¿Vamos a permitir que nos sigan asesinando? No importa el tiempo que tengamos que caminar, vamos a lograr justicia. Dos años que caminamos, nos han intentado dividir, nos han amenazado, pero estamos más unidos que nunca. Ya no le tememos a nada. El 9 de enero la muerte estaba rondando nosotros”, afirmó en medio de las actividades conmemorativas de Juliaca.

Además, reveló algunas dificultades que han tenido, como que los informes de hospitales menosprecien las heridas sufridas por los manifestantes.

“Por ejemplo, un compañero que tiene una herida de proyectil en la columna, el médico coloca en su informe en solo dos líneas como ‘herida leve antigua’. Ese es el tipo de informes que se ha recogido. Ante eso nosotros quedamos totalmente indignados. ¿Cómo con una persona que tiene una bala en el cuerpo, el médico hace ese tipo de informes, en dos líneas?”, apunta para El Búho.

El docente no solo busca justicia para su hermano, sino para todos aquellas familias que como él se han visto afectadas y para los sobrevivientes que tienen graves secuelas físicas y psicológicas por la represión del régimen.

Detalla que en Juliaca se investiga a 107 personas, entre policías y miembros del ejército. La fiscal Nancy Chávez, a cargo del caso, pidió informes a la PNP para que le entreguen información sobre quiénes les entregaron las armas y las municiones. Asimismo, los cuadernos de actividades de los agentes, que en principio habían sido enviados en copias borrosas e incompletas.

Avance legal de la matanza de Juliaca

César Quispe Calsín, abogado de los familiares de las víctimas de Juliaca, detalla que 20 de las 72 carpetas abiertas pertenecen exclusivamente a los hechos ocurridos en Puno (entre ellos los del 9 de enero en Juliaca).

“Ya se ha formalizado la investigación preparatoria en 9 de ellas, lo que quiere decir que los autores directos ya están identificados con nombre propio, así como la cadena de mando por comisión por omisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves”, explica para Wayka.

Resalta que Dina Boluarte, su entonces primer ministro Alberto Otárola, ministros del gabinete, así como altos mandos policiales y militares, tienen una carpeta especial abierta en la Fiscalía de la Nación por tener conocimiento y haber dado la orden de reprimir y disparar a los manifestantes.

Del mismo modo, expresó su preocupación por el cambio de fiscal de la Nación. “Cuando se cambia de fiscal es fatal para la investigación”, aseguró. Actualmente existen 90 tomos en los que se han acumulado pruebas y documentos, que la nueva fiscal Delia Espinoza deberá revisar para ponerse al tanto de lo recabado, lo que tomará por lo menos unos meses.

“Estamos preocupados por los cambios en la Fiscalía. Corremos riesgo si cambian otra vez a los fiscales provinciales porque estaríamos ante un peligro inminente de que sigan retrasándose las investigaciones. Estamos preocupados, por eso tendremos una reunión (con la fiscal de la Nación Delia Espinoza) el 16 de enero. Necesitamos sinceridad, pulcritud y sobre todo compromiso con los derechos humanos”, apuntó.

Agregó que una de las principales trabas en estos dos años vino precisamente de la Fiscalía de la Nación.

“Fue difícil por la mano negra de Patricia Benavides al cambiar de fiscales, al llevar los casos a Lima. Luego cuando ya asumió el doctor Villena (exfiscal de la Nación) empezamos a avanzar. Ahora hay un cambio también con la doctora Delia Espinoza, con quien nos reuniremos”.

Finalmente, manifestó que la situación política actual de impunidad perjudica a que los familiares y víctimas encuentren atisbos de justicia.

“Nadamos a contracorriente. No estamos en una situación normal, estamos en dictadura, y, como en cualquier dictadura, ejercen su poder para buscar impunidad. Eso es lo que ha ocurrido desde un principio. Las dificultades ahora ya son de carácter presupuestal. Hemos visto que el Congreso ha recortado el presupuesto. Esto va a afectar directamente el acceso a la justicia a los peruanos”, concluyó.

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