Redacción Wayka

Desde el pasado 13 de octubre, la Comisión Permanente del Parlamento tiene guardado el informe elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que declara procedente las dos denuncias contra el congresista Edgar Alarcón por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y peculado. Sin embargo, mientras un segundo intento de vacancia procede con mayor agilidad, hasta hoy no hay fecha ni pronunciamiento sobre el caso.

Por enésima vez, el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama recibió un oficio en el que se solicita convocar “con urgencia” a la Comisión Permanente para abordar las denuncias contra el parlamentario Edgar Alarcón. Y es que han pasado más de cuatro meses desde que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó las dos primeras denuncias constitucionales en su contra, y veinte días desde que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales las declaró procedentes.

“Expresamos nuestra preocupación y presentamos la presente petición, con el objeto de resguardar la aplicación correcta del reglamento respecto a las acciones de control político sobre hechos que comprometen a los congresistas en presuntos actos de corrupción”, apunta el oficio enviado por la bancada del Frente Amplio, refiriéndose a las denuncias que pesan contra Edgar Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización y principal promotor de la vacancia presidencial.

Oficio enviado por la congresista Rocío Silva Santisteban.

Manuel de Merino, como presidente del Congreso, parece tener otras prioridades. La evidencia de ello es la agenda del Pleno de este lunes 2 de noviembre, que debate la admisión a trámite de una segunda moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra.

Sin embargo, el Congreso bajo el mando de Manuel Merino solo ha beneficiado a Alarcón. Y es que además de no agendar sus denuncias en la Comisión Permanente, el congresista de Unión Por el Perú también ha permanecido como presidente de la comisión de Fiscalización, pese a las faltas que cometió antes, durante y después de la difusión de audios para el primer intento de vacancia contra Vizcarra.

Así lo demuestra un informe elaborado por el Grupo de Trabajo Contra la Corrupción (GTCC), conformado por 18 organizaciones de la sociedad civil que resaltó que Alarcón incumplió varias normas del reglamento del Congreso al exponer los audios en el Pleno sin conocimiento y aprobación de la Comisión de Fiscalización.

En ese contexto, las bancadas del Frente Amplio y Partido Morado presentaron una moción para retirar a Alarcón de la presidencia de Fiscalización, pero esta no prosperó. El congresista de Unión Por el Perú sigue intacto.