Centros de salud no garantizan el aborto terapéutico a niñas y adolescentes indígenas del Cusco.
Por Wilson Chilo, corresponsal en Cusco
Marleny es una niña de una pequeña comunidad campesina de la provincia cusqueña de Quispicanchi. Ahí fue violentada sexualmente por su vecino de 24 años, quedando embarazada, y llevó una gestación forzada con solo 14 años, pese a que la ley garantiza el acceso al aborto terapéutico en estos casos. Su derecho a vivir un infancia libre de violencia y a desarrollarse con plenitud fue doblemente vulnerado cuando su padre, compadre del agresor, la obligó a casarse.
La primera persona a la que esta niña le confió lo que le estaba ocurriendo fue su hermana mayor. Sin saber qué hacer, llamaron a un amiga abogada de la ciudad del Cusco que les recomendó hacer una denuncia y solicitar el aborto terapéutico.
Centro de salud negó la orientación adecuada sobre el acceso al aborto terapeútico
Con esas orientaciones fueron al centro de salud Urcos y, tras consultar sobre el acceso al procedimiento del aborto terapéutico, las hermanas se dieron con la sorpresa del recelo de las operadoras de salud sobre el tema. En conclusión, lo que a Marleny se le dijo es que no podía tomar sola la decisión y que debía ir con sus padres a un hospital de la ciudad de Cusco.
Lo que no dijo el centro de salud Urcos fue de que, por ley, están obligados a contar con una junta médica para que la menor acceda a su derecho al aborto terapéutico.
Ante las trabas y la desinformación sobre el procedimiento, Marleny le contó a sus padres sobre la violencia sufrida. El padre de Marleny se impuso sobre la decisión de la menor y le dijo que la interrupción de su embarazo forzado iba en contra de su religión, y que no realizarían la denuncia policial para evitar el «qué dirán» en su comunidad.
La historia de Marleny evidencia la cruda realidad por la que tienen que pasar las niñas y adolescentes de las comunidades campesinas y amazónicas que son violentadas por un sistema que las obliga a ser madres.
Colectivos feministas de Cusco luchan por los derechos reproductivos de las niñas indígenas
Los colectivos feministas en Cusco se preparan para el 28 de setiembre, “Día de la Acción Global por un Aborto Legal y Seguro”, con el objetivo de poner en la agenda pública este derecho. La semana previa a esta fecha, se reunieron para realizar banderolazos en los mercados, videos foros y conversatorios sobre la compleja realidad por la que atraviesan las mujeres campesinas de la zona.
Shirley Palomino, representante de la Asociación Kallpa y vocera de la Coordinadora Regional Feminista del Cusco, indicó que de acuerdo al Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres – CLADEM, entre los años 2020 y 2021, en la región del Cusco se han atendido 48 casos de embarazos en niñas menores de 14 años y 2608 embarazos en menores de 19 años.
Para la activista es importante indicar que los embarazos en menores de 14 años son tipificados como violencia sexual, eso quiere decir que estas 48 niñas han sido ultrajadas y obligadas a continuar con sus embarazos forzados, “vamos a ser las voces de estas niñas para que la colectividad sepa que un embarazo forzado es tortura para las niñas. Nos falta una política para que puedan acceder a abortos legales y seguros por parte del Estado”.
Es importante considerar que, si las niñas en las ciudades tienen serias dificultades para poder acceder a una atención de calidad, un aborto terapéutico o un kit de emergencia por una situación de violencia sexual, la situación de las niñas y adolescentes de zonas rurales andinas y amazónicas es aún mas complicada por temas de territorio, desigualdad económica y desconocimiento del tema en los centros médicos de sus localidades. Estas niñas están totalmente desprotegidas, pues muchas veces se naturalizan los casos de violencia sexual, no se hacen las denuncias respectivas y son obligadas a llevar adelante un embarazo forzado que pone en riesgo su salud.
“En las zonas rurales no existen locales clandestinos que realizan abortos. Ellas continúan con el embarazo. Se expone a las niñas a serias complicaciones en su salud física y mental, condenándolas a asumir maternidades forzadas. Ellas deberían acceder al aborto terapéutico, deberían haber recibido el kit de emergencia para evitar estos embarazos forzados”, manifiesta Shirley Palomino.
Para Maite Chevarria, del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, los prejuicios que existe en las zonas rurales son determinantes para que las mujeres y niñas no accedan al aborto terapéutico; la violencia sexual están normalizadas en las comunidades, solicitar un aborto terapéutico no es una opción. “La solución para la familia es casar a la víctima con su agresor, incluso acordar un cambio de bienes para que no haya una denuncia”, indica Maite.
Limitaciones de los centros de salud afectan más a mujeres indígenas
En el año 2020, se impulsó una alianza por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas en Cusco. Bajo esta iniciativa se llegó a entrevistar a 22 obstetras, de 19 establecimientos de salud de toda la región, con el objetivo de conocer si se aseguraban los derechos reproductivos de las mujeres en zonas rurales.
Este seguimiento permitió conocer que, si bien las obstetras conocen de la existencia del protocolo de aborto terapéutico desde el 2014, no conocen cómo llevarlo a la práctica, ni cómo orientar a las mujeres que quieran realizarlo. Las profesionales indicaron que no habían sido capacitadas sobre el tema.
Sobre el kit de emergencia, las obstetras admiten reconocer los casos en que debe ser entregado, sin embargo, se ha registrado que en el primer trimestre del año 2020, no se habría entregado ningún kit de emergencia en la región Cusco. «Esto es un dato curioso considerando que ha sido un tiempo en donde las agresiones sexuales han aumentado por la cuarentena”, indica la especialista de Flora Tristán.
Esta vigilancia permite evidenciar que, si bien existen estos protocolos y mecanismos que buscan asegurar los derechos de las mujeres indígenas, es el desconocimiento y los prejuicios de los operadores de salud los que limitan la decisión de las mujeres sobre su cuerpo y futuro.
