Nuevo informe vincula estancamiento económico en Perú con crisis política y desigualdades
El Perú, en apenas ocho años, ha tenido seis presidentes y una larga sucesión de gobiernos transitorios, enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso y protestas sociales. Ahora, un informe del Atlantic Council, un centro de análisis con sede en Washington D.C., advierte, como ya se señalaba internamente, que esta inestabilidad no solo erosiona la democracia, sino que está impactando en la economía del país.
Según el documento, que forma parte de los Freedom and Prosperity Indexes, la economía peruana enfrenta una amenaza estructural: sin consensos políticos, ni reformas. “La debilidad de las instituciones y la gobernanza, reflejada en la corrupción, una burocracia excesiva y un poder judicial ineficiente, desincentiva la inversión nacional y extranjera”, señala el informe.
Fragilidad institucional = economía carente
El origen de esta fragilidad, apunta el informe, está en el deterioro institucional que se arrastra desde hace décadas. La Constitución de 1993, que permite al Congreso destituir al presidente por “incapacidad moral” y al presidente disolver el Parlamento tras dos rechazos de confianza, ha sido utilizada frecuentemente, generando una cadena de crisis y gobiernos sin legitimidad ni capacidad de gobernar.
Ese clima de incertidumbre ha debilitado la confianza de la ciudadanía en la democracia. Según datos del Latinobarómetro, Perú figura entre los países con menor confianza en sus representantes políticos.
Asimismo, Liliana Rojas-Suarez, economista especializada en América Latina y autora del análisis, destaca que el país hoy se encuentra entrampado en una espiral de desconfianza ciudadana, fragmentación política y parálisis estatal; sin embargo, existe una paradoja, ya que ha mantenido por décadas una estabilidad macroeconómica.
No obstante, ante tales indicadores macroeconómicos —como el nivel de deuda e inflación— bajo control, el informe subraya que el verdadero talón de Aquiles del país es la informalidad: más del 60% de la fuerza laboral trabaja al margen de la ley, sin derechos ni protección. Esto limita la recaudación fiscal, reduce la competitividad y perpetúa la desigualdad.
“La inacción de varias administraciones para implementar reformas estructurales esenciales […] ha dejado el país sin los motores internos necesarios para un crecimiento sostenible”.
Según el informe, cuando el Estado no logra garantizar reglas de juego estables, ni seguridad jurídica, el sector privado se retrae. El resultado es una economía dependiente de los precios internacionales de materias primas, que enfrenta riesgos constantes y profundas desigualdades entre regiones. Sin una estrategia de desarrollo integral, el país podría quedar atrapado en el estancamiento y perder competitividad a nivel global.
Una salida
Sin embargo, el informe rescata una alternativa, ya contenida en algunos otros documentos: la transición verde. El Perú, con su riqueza en minerales estratégicos como el cobre y el litio, así como su potencial para desarrollar energías renovables, podría convertirse en un nodo clave de inversión internacional si impulsa un plan serio de reconversión productiva.
“Invertir en infraestructura verde, promover la formalización laboral y capacitar técnicamente a la población puede generar empleo de calidad y crecimiento sostenible”, asegura Rojas-Suarez. Finalmente, el informe señala que la alternativa de desarrollo verde : podría servir como punto de encuentro para fuerzas políticas enfrentadas, al ofrecer una visión de futuro viable y rentable, pero con mayor inclusión.
