Por Álvaro Meneses
Precedente para los defensores ambientales criminalizados. La tarde de ayer, la Sala Penal de Ica puso fin a la persecución judicial contra los dirigentes Herbert Huamán y Sergio Huamaní, y al exalcalde provincial de Espinar, Oscar Mollohuanca, quienes afrontan un proceso desde hace 8 años por convocar y participar de una protesta contra la minera Xstrata Tintaya de Glencore en mayo de 2012.
El juez Jean Franco Pinto Fernández, de la Sala Penal de Ica, fue quien decidió absolver a los dirigentes del Frente Único de Defensa de Espinar (FUDIE), Sergio Huamaní y Herbert Huamán, y al exalcalde provincial, Oscar Mollohuanca Cruz. La Fiscalía los acusaba del supuesto delito de disturbios, suministro o tenencia de armas y materiales peligrosos presuntamente cometidos en las protestas de mayo de 2012; y pedía 20 años de cárcel y S/100 mil de reparación civil.
Lo cierto, según la resolución del juez Pinto, es que la Fiscalía no ha podido probar que los acusados hayan cometido los delitos que se le imputan. “En el juicio oral ninguna de las pruebas de cargo ha logrado acreditar que sean los acusados los que, mediante acuerdo previo y distribución de roles, hayan liderado los disturbios”, enfatizó el magistrado. Y finalizó: “No es posible atribuirle responsabilidad penal por el solo hecho de haber convocado protestas”.
Para Oscar Mollohuanca Cruz, exalcalde provincial de Espinar que convocó y acompañó las protestas contra la minera Xstrata Tintaya, y que exigían mejores condiciones de negociación y medidas contra la contaminación ambiental, el reciente fallo es un triunfo para los defensores ambientales que luchan por sus tierras. “Estamos seguros que con la razón vamos a seguir ganando todas las batallas, para que quede como precedente también que no es fácil encausar a la gente del pueblo”, dijo.
Por su lado, el abogado de Derechos Humanos Sin Fronteras, Ramiro Llatas, que acompañó a los dirigentes durante el proceso judicial, resalta que la sentencia fija un precedente. “No solo para el caso de Espinar, también para los otros dirigentes que están en la misma situación a nivel nacional. Ojalá que este pésimo antecedente, de utilizar el derecho penal para perseguir a los dirigentes, no se dé más”, cuestiona Llatas.
