La Oficina del Alto Comisionado publicó un informe sobre las últimas protestas contra el actual régimen en donde documenta tratos crueles, inhumanos o degradantes de efectivos policiales contra manifestantes que incluso en la actualidad se encuentran detenidos. Los ciudadanos también denunciaron que fueron obligados a firmar declaraciones en las que se incriminaban a sí mismos o a otras personas.
Por Jair Sarmiento
Durante las protestas contra el régimen militar y policial de Dina Boluarte, más de 50 personas detenidas en Apurímac, Puno y Cusco habrían sido sometidas a tratos crueles e inhumanos contrarios al derecho internacional de los derechos humanos, algunos de ellos posiblemente constitutivos de tortura. Así lo señala el último informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU (OACNUDH) publicado hoy 19 de octubre.
Al respecto, la oficina de la Naciones Unidas puntualiza que la prohibición de la tortura es absoluta en el derecho internacional. Perú es una parte de los tratados internacionales que la prohíben. El artículo 2 de la Constitución peruana establece que “nadie debe ser víctima de violencia moral, psicológica o física, ni sometido a tortura o tratos inhumanos o humillantes”.
De igual modo, el organismo señala que en algunos casos, los ciudadanos entrevistados denunciaron haber sido obligados a firmar declaraciones en las que se incriminaban a sí mismos o a otras personas.
«OACNUDH recuerda que la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura establece que ninguna declaración obtenida mediante tortura podrá ser invocada como prueba en ningún procedimiento, ni siquiera durante el estado de emergencia, salvo en contra de una persona acusada de tortura como prueba de que la declaración ha sido hecha», explica.
Es necesario recordar que en Lima se registró el caso del ciudadano puneño Manuel Quilla Ticona, quien estuvo desaparecido en la capital cuando acudió a las protestas contra Boluarte y que según testigos lo hallaron en condiciones precarias al interior de la comisaría Petit Thouars. Luego de ello, falleció. Sus familiares denunciaron que su muerte fue a causa de presunta tortura por parte de efectivos de la Policía.
Ahora la OACNUDH registra cuatro casos más ocurridos en otras regiones del sur del Perú entre diciembre del 2022 y febrero de 2023.
Según el informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, entre las fechas 12 y 13 de diciembre de
2022, en Andahuaylas, Apurímac, siete hombres fueron detenidos en distintos lugares en el contexto de las manifestaciones
«Cuatro de los siete detenidos fueron entrevistados y sus testimonios coincidieron en que sus detenciones habrían sido realizadas por la Policía Nacional del Perú, sin orden de captura y sin que exista flagrancia relacionada con los hechos por los que son investigados», señala el documento.
Las personas entrevistadas denunciaron actos que habrían incluido amenazas de muerte contra ellos o sus familias, golpes con objetos contundentes en diversas partes del cuerpo y con culatas de armas de fuego, golpes en los genitales, esposamiento de las manos, bofetadas con los ojos vendados y pisotones en los dedos.
El 9 enero 2023 en Juliaca, Puno, un ciudadano de siglas G.D.A. se dirigía a un partido de fútbol cuando un agente de policía le habría disparado en la pierna derecha a la salida del aeropuerto. Fue alcanzado por los agentes de policía, detenido y conducido al interior de las instalaciones del aeropuerto. Allí habría sido golpeado, insultado y amenazado de muerte.
El 31 de enero, en Cusco, cinco hombres de la comunidad de Cuyo Grande, en la provincia de Calca, que participaban en las manifestaciones, habrían sido detenidos por la Policía Nacional, de forma violenta, con golpes, sin orden de detención y sin que existiera flagrancia. Todos ellos están siendo investigados por delitos de alteración del orden público. «En el momento de la publicación, cuatro continuaban en prisión preventiva», indica el informe.
Asimismo, el informe recoge el caso de Denilson Huaraca y los 40 campesinos y campesinas que fueron interceptadas violentamente por la Policía en el sector siete vueltas de Izcahuaca, Apurímac. Sus testimonios y los de familiares de Denilson fueron recogidos en un informe de Wayka en donde calificaron tal hecho como una ‘emboscada policial’ y en donde organizaciones de derechos humanos y abogados señalaron que se trataba de una ‘ejecución extrajudicial’.
El 9 de febrero, en la región de las siete vueltas de Izcahuaca, Apurímac, más de 40 personas, entre ellas 7 mujeres, viajaban en camiones hacia Huacabamba, Andahuayas, después de participar en las manifestaciones
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