Operativo contra red internacional de abuso sexual infantil revela desafíos urgentes en la protección digital de niñas, niños y adolescentes

La Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público ejecutaron un operativo simultáneo en Lima, Tacna y San Martín contra una presunta red internacional dedicada al intercambio y distribución de material de abuso sexual infantil. La intervención permitió la detención de cinco ciudadanos peruanos investigados por integrar una organización que operaba en al menos 13 países de América y Europa.

Según informó la Policía Nacional del Perú, la investigación identificó a 142 usuarios vinculados a un grupo de WhatsApp donde se compartía material de explotación sexual infantil. El jefe de la Dirincri, Erick Ángeles Puentes, señaló que uno de los requisitos para ingresar al grupo era compartir archivos de abuso sexual infantil.

Las diligencias se realizaron en los distritos limeños de San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador, además de intervenciones en las regiones Tacna y San Martín. Durante los allanamientos se incautaron celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes especializados.

Mientras continúan las investigaciones, el caso vuelve a poner en debate la urgencia de construir mecanismos efectivos de protección en entornos digitales y garantizar una respuesta estatal integral frente a las violencias que afectan a la infancia en el Perú.

Violencia sexual digital: una problemática transnacional

El caso evidencia cómo las plataformas digitales son utilizadas para la circulación de contenido de explotación sexual infantil, un delito que vulnera gravemente los derechos de niñas, niños y adolescentes. Las autoridades señalaron que la organización operaba desde 2023 y mantenía conexiones internacionales con usuarios de distintos países de América y Europa.

La investigación cuenta con apoyo de Interpol y autoridades policiales de Colombia y Argentina, en el marco de acciones coordinadas para combatir redes transnacionales de explotación sexual infantil.

Especialistas en derechos humanos advierten que este tipo de delitos no solo implican la circulación de imágenes, sino que perpetúan situaciones de violencia sexual y revictimización constante. Cada archivo compartido representa una vulneración continua contra niñas, niños y adolescentes cuya integridad física, psicológica y emocional ha sido afectada.

Además, organizaciones dedicadas a la protección de la infancia han alertado sobre el incremento del uso de aplicaciones de mensajería privada y redes sociales para captar, almacenar y distribuir material de abuso sexual infantil, dificultando las labores de detección y prevención.

Protección de la infancia y responsabilidad estatal

El operativo ocurre en un contexto donde el Estado peruano enfrenta desafíos persistentes en materia de prevención y atención de violencia sexual contra menores de edad. Las autoridades indicaron que continúan las diligencias para identificar posibles víctimas en el país y determinar si algunos de los detenidos habrían cometido abusos contra menores de su entorno familiar o cercano.

En abril de este año, la División de Ciberprotección Infantil de la PNP ya había realizado allanamientos en Ate, Rímac y Callao contra otra presunta red internacional vinculada a delitos de pornografía infantil. En aquella intervención se detuvo a tres investigados y se identificó la participación de usuarios de diversos países de Latinoamérica y Europa.

Asimismo, la Fiscalía informó recientemente sobre la operación internacional “Aliados por la Infancia VI”, desarrollada de manera simultánea en 15 países para enfrentar delitos de explotación sexual contra menores.

“No es un hecho aislado”

A través de un pronunciamiento, las organizaciones de derechos humanos como la Multitac advirtieron que este caso “no puede verse como un hecho aislado”, especialmente en una región de frontera como Tacna, donde persisten graves riesgos relacionados con la trata de personas, la violencia sexual y las redes criminales que se aprovechan de la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, remarcaron que detrás de cada archivo compartido existe una víctima y una historia marcada por el trauma y la violencia: “No estamos hablando de ‘contenido’: estamos hablando de delitos graves y de violencias que destruyen vidas”, señalaron.

Las organizaciones también alertaron sobre el uso de plataformas digitales y mecanismos cada vez más sofisticados para captar, almacenar y difundir material de abuso sexual infantil. Frente a ello, exigieron investigaciones exhaustivas y sanciones ejemplares para todas las personas involucradas, además del fortalecimiento de las unidades especializadas en cibercrimen, trata de personas y protección de menores. El pronunciamiento enfatizó además la importancia de la educación sexual integral como una herramienta clave para prevenir violencias, fortalecer la capacidad de niñas, niños y adolescentes para identificar riesgos y romper silencios frente al abuso. “Educar también es cuidar”, sostuvieron las organizaciones, que finalmente hicieron un llamado a las familias, instituciones educativas, medios de comunicación y ciudadanía a no minimizar estas violencias y asumir un rol activo en la protección de las infancias.

La explotación sexual infantil, tanto física como digital, constituye una grave vulneración de derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional que obliga a los Estados a adoptar medidas para proteger a niñas, niños y adolescentes contra toda forma de violencia, abuso y explotación.

Por: Silvia Bardales

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