Oro ilegal: mujeres y comunidades del Nanay enfrentan a la minería ilegal, pese a peligros

La cuenca del río Nanay, corazón hídrico de Iquitos, se encuentra en peligro. El agua que abastece a más de medio millón de personas está siendo contaminada por el avance imparable de la minería ilegal, una actividad que, bajo el brillo del oro, deja una estela de mercurio, violencia y corrupción en la Amazonía loretana.

Desde hace más de una semana, las comunidades indígenas y ribereñas de Chambira y Pintuyacu mantienen el bloqueo del río Nanay. Su reclamo es claro: exigen la intervención del Estado ante el crecimiento de los mineros ilegales, que han convertido los cauces y las quebradas en zonas de extracción clandestina, destruyendo bosques y contaminando el agua con mercurio.

“El oro está desplazando la pesca y la agricultura. Las familias ya no viven de la chacra ni del río, sino de una economía criminal que los pone en riesgo”, advierte el reciente informe “Oro Sombra: La expansión de la minería ilegal y sus efectos en la cuenca del río Nanay”, elaborado por la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

El documento revela que el oro en Loreto alcanza precios récord —hasta S/ 300 por gramo en las comunidades y S/ 340 en Iquitos—, lo que ha disparado el interés de redes criminales vinculadas al lavado de activos, la trata de personas y el narcotráfico. Detrás de esta fiebre dorada, la presencia de autoridades locales cómplices y la ausencia estatal han permitido que la minería ilegal se expanda sin control.

Mujeres en la primera línea

Las mujeres amazónicas están enfrentando las consecuencias más duras: contaminación del agua que usan para cocinar y bañarse, pérdida de medios de vida y, sobre todo, un aumento en los riesgos de violencia. Muchas de ellas lideran los comités de vigilancia ambiental o denuncian ante las autoridades, pero esas acciones suelen traducirse en amenazas y persecución.

En conversación con Wayka, Iris Olivera Gómez, abogada y coordinadora del Programa Derechos de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), analiza los factores estructurales que han permitido el avance de la minería ilegal en la cuenca del Nanay y los graves impactos sociales que enfrentan las comunidades, especialmente las mujeres y niñas.

Olivera advierte que el crecimiento de la minería ilegal en la Amazonía no es un fenómeno aislado, sino el resultado de presiones nacionales y vacíos institucionales que terminan debilitando la fiscalización ambiental. “Existen desafíos nacionales que presionan el espacio regional. Vemos, por ejemplo, que los marcos normativos actuales están debilitando la capacidad de sanción y control. Las constantes ampliaciones del Reinfo —el registro de formalización minera— son una señal clara de esa permisividad”, explica la abogada.

Además, menciona las recientes propuestas legislativas que buscan modificar la ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPA), incluyendo la posibilidad de autorizar actividades mineras en cuerpos de agua, algo que hoy está expresamente prohibido por ley y por sentencias del Tribunal Constitucional. “Estas aperturas normativas no solo atentan contra la salud y el ambiente, sino que amplían el margen de acción del crimen organizado. En el Nanay estamos viendo justamente cómo estas presiones normativas se traducen en destrucción ambiental y en impunidad”, enfatiza Olivera.

La especialista recuerda que casi el 50% del oro exportado por el Perú es identificado como ilegal, y una parte significativa proviene de zonas amazónicas donde el Estado ha perdido presencia.

Mujeres y niñas en riesgo extremo

“En estas zonas donde no hay presencia estatal, las economías paralelas generan contextos muy sensibles: mujeres y niñas están siendo captadas para trabajos forzados o incluso para explotación sexual, bajo modalidades de trata de personas”, explica la coordinadora.

Los datos son graves: la deserción escolar alcanza el 70% en primaria y el 80% en secundaria, con mayor incidencia entre mujeres. Las oportunidades educativas o laborales más cercanas se encuentran a más de cuatro horas de distancia, lo que perpetúa la exclusión y la dependencia económica.

“No hay comisarías ni servicios de atención para mujeres. Y lo más preocupante es que el Ministerio de la Mujer no registra casos del distrito de Alto Nanay en su plataforma de atención a personas en riesgo. Esto demuestra el abandono total del Estado en una zona crítica”, afirma Olivera.

Desde DAR, proponen que el Mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos incorpore medidas específicas para mujeres y menores víctimas de trata, con atención psicológica y social, además de seguridad física.

Un Estado que llega tarde

Sobre el rol del Gobierno Regional de Loreto, Olivera reconoce esfuerzos locales, pero advierte que la magnitud del problema supera la capacidad regional. “Nanay abastece de agua potable a medio millón de habitantes en Iquitos. Sin embargo, es una zona donde los conflictos por minería ilegal crecen y las autoridades no logran controlar el avance. El gobierno regional ha empezado a promover ordenanzas para proteger cuencas y revisar concesiones mineras, pero eso no basta”, sostiene.

Por ello, desde DAR y las comunidades se impulsa una declaratoria de emergencia en la cuenca del Nanay, una medida que —según Olivera— debe tener un enfoque integral que combine salud, seguridad, atención social y protección ambiental. “Esta declaratoria no solo es una cuestión de seguridad, sino una urgencia sanitaria y social. La contaminación con mercurio, la pérdida de alimentos y el crimen organizado están rebasando las acciones del gobierno regional. El Estado debe actuar ya”, enfatiza.