Paro fue contundente pese a intentos de Boluarte por minimizar protestas

Miles de ciudadanos se movilizaron en Lima y regiones por la ola de criminalidad que acecha al Perú. Gremios de comerciantes, transportistas, estudiantes y obreros se sumaron a las protestas pese a que el régimen de Dina Boluarte intentó minimizar las medidas de lucha alegando que “no solucionan nada”. 

Miles de transportistas, comerciantes, trabajadores y obreros, además de colectivos de familiares de heridos y asesinados en las protestas del 2022 y 2023 contra el régimen de Dina Boluarte, y familiares de víctimas del sicariato, se unieron al paro programado para este miércoles 23 de octubre. La medida fue convocada en contra del Ejecutivo-Legislativo y la poca efectividad demostrada para combatir la criminalidad y la ola de extorsiones en el país, además de la derogatoria de la Ley 32108 que, consideran, favorece a criminales. 

El gremio de comerciantes del emporio de Gamarra también paralizó sus actividades y se unió a la protesta, así como taxistas y mototaxistas de diferentes zonas de la capital. También se sumaron gremios de trabajadoras sexuales, víctimas de extorsión y crímenes de odio. 

Al finalizar la medida de protesta, los gremios de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la Universidad Agraria de la Molina (UNALM), Universidad Nacional “Enrique Guzmán y Valle” (La Cantuta), y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), junto a otros ciudadanos tomaron la Plaza San Martín, espacio que servía como punto de concentración para las protestas pero en los últimos años se mantiene resguardado por policías cuando se realizan protestas.

Las movilizaciones también se extendieron a regiones. Los ciudadanos de Piura, Arequipa y Puno realizaron medidas de protesta, además, otras regiones como Iquitos, Ica, Moquegua, Junín, Chimbote y Lambayeque anunciaron nuevas fechas de movilizaciones y paros a favor de esta consigna. 

Boluarte intentó minimizar protestas

Cinco personas son asesinadas por día según datos oficiales del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud, que desde que inició el 2024 hasta el jueves 10 de octubre registró un total de 1.493 homicidios.

A pesar de estas cifras, durante una conferencia realizada el martes 22 de octubre por el Poder Ejecutivo tras 105 días sin comunicación con la prensa, Dina Boluarte buscó minimizar las protestas en contra de su régimen y el paro programado par este miércoles 23 de octubre, pese a que la demanda principal de dichas movilizaciones es la acción efectiva del Estado frente a la creciente ola de inseguridad que somete a la ciudadanía. 

En su intervención, Boluarte se dirigió a los transportistas, quienes han liderado estas movilizaciones, y aseguró que “un paro o dos, o los que pudiesen organizarse dentro del marco constitucional, es correcto, no va a resolver el problema”, ignorando además el resto de gremios que se han adherido a esta medida en la que se pide además la destitución del Ministro del Interior, Juan José Santibanez. 

Además, alegó que las movilizaciones tienen una “agenda política detrás”, y comparó las movilizaciones con las protestas realizadas tras su toma de mando en 2022 y 2023 en el que 50 personas fueron asesinadas y más de mil resultaron heridas por la represión policial. 

A pesar de las críticas y las cifras de desaprobación, Boluarte se negó a reconocer la falta de legitimidad de ella y de su gabinete, y alegó que la población la recibe “con cariño”. Además justificó a Santibañez mencionando que  “asumir un ministerio no es un trabajo meramente administrativo, es mucho más complejo y hay que darle tiempo a los ministros y a los funcionarios para que puedan demostrar resultados”, señaló. 

Actitud desafiante ante periodistas

Durante la conferencia de prensa, a la que se invitó a los medios solo media hora antes del inicio de la reunión, Boluarte aceptó una pregunta por cada uno de los seis medios presentes. Sin embargo, las preguntas no sólo no fueron respondidas en su totalidad, sino que además mostró una actitud desafiante y de amedrentamiento contra los hombres y mujeres de prensa, a quienes preguntó y anotó sus nombres antes de responder. 

Tras ser interrogada por la visita del vehículo presidencial llamado “el cofre” al condominio “Mykonos” en el que anteriormente se conoció permaneció el prófugo Vladimir Cerrón, evitó responder y señaló al periodista: «tu pregunta invade el espacio personal, familiar. Creo que nadie está obligado a decir con quienes se reúne». 

Además, aseguró que la desaprobación responde al discurso de la prensa: “si todos los días, a través de mis micrófonos y mis cámaras, te insulto, te difamo, te miento, ¿qué pensarían de ti? (…) No tengo ninguna investigación por corrupción, si no por aquellas cosas que han inventado y lo han puesto en la prensa”, aseguró. 

Ante esto, la Asociación Nacional de Periodistas se pronunció rechazando la actitud mostrada, y calificó de “inadmisible” la postura adoptada al momento de dirigirse a los medios y la forma hostil al solicitar y tomar nota de los nombres de los periodistas. 
“La ANP le recuerda a la mandataria que estos discursos, dada su investidura presidencial, incumplen los estándares interamericanos y que el gesto provocador de preguntar y anotar datos de identidad de periodistas constituye un potencial acto de intimidación”, señalaron en un comunicado a través de la red social X.