Educar protege: En Arequipa y Tacna defienden la Educación Sexual Integral ante ataques conservadores
“La sexualidad no es solo un hecho físico, es también social, afectivo, cultural y una dinámica de poder; por eso necesitamos una educación sexual integral que proteja a niñas, niños y adolescentes”, afirma Patricia Salas O’Brien, ex ministra de Educación y actual integrante del Colectivo Laboratorio de Política y Cultura en Arequipa. La declaración se enmarca en el pronunciamiento emitido por más de 50 organizaciones de la sociedad civil que respaldan la Ordenanza Regional N.° 538-2025, aprobada por unanimidad, que establece la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en los Sectores Educación, Salud y en los espacios comunitarios de la región. El comunicado fue emitido como respuesta a diversas reacciones contrarias a la ordenanza que la llegaron a calificar como «una aberración»
El pronunciamiento resalta que el embarazo infantil y adolescente constituye una grave vulneración de derechos. Según el Ministerio de Salud, entre enero y agosto de 2025 se registraron partos en 10 niñas menores de 14 años y 446 adolescentes entre 15 y 19 años en Arequipa. La violencia sexual contra menores de 17 años representó el 63% de los casos atendidos en la región, con 2,511 reportes en 2024 y 848 en lo que va de 2025, de acuerdo con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Asimismo, el sistema SiseVe del Ministerio de Educación reportó 222 casos de violencia sexual en instituciones educativas de Arequipa en 2024, y otros 98 en lo que va de 2025. Estas cifras, sostienen las organizaciones, evidencian la urgencia de aplicar medidas preventivas desde el ámbito educativo y comunitario.
Una batalla cultural
Zoraida Sonco coordinadora del Área Legal del Foro Regional por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Arequipa (FORDES) manifiesta que la ordenanza se promueve como una necesidad debido a que existen aún barreras para implementar la educación sexual integral. “Recordemos que esto no es algo nuevo o reciente, el MINEDU tiene como política del sector implementar la educación sexual integral porque justamente esta es una herramienta preventiva no solo frente a la violencia sexual o la prevención del embarazo adolescente, sino también frente al bullyng y la trata de personas”, declara para Wayka y comenta su preocupación sobre el desconocimiento y la desinformación que se viene dando. Además, recalca que la ordenanza busca el involucramiento de los padres en la implementación de la ESI.
Patricia Salas explica que la aprobación de la norma en Arequipa fue el resultado de un proceso que viene desde el año 2024, donde las comisiones de Educación, Salud y Mujer del Consejo Regional, junto con la vicegobernadora, tuvieron conocimiento de esta ordenanza. “El consejo debatió la norma y la aprobó por unanimidad, reconociendo la necesidad de enfrentar el embarazo adolescente, la violencia de género y los abusos sexuales desde una perspectiva integral”, detalla. Asimismo, desde FORDES indican que la ordenanza contó con un informe favorable de la gerencia de Educación y Salud.
Entre los hechos más mediáticos estuvo el discurso del arzobispo de Arequipa en la Universidad Católica Santa María, donde calificó la norma de “aberración”. A ello se sumaron ataques desde Lima, como los del streamer Diego Acuña, conocido por difundir mensajes de odio y desinformación sobre temas relacionados a la ESI.



En diálogo con Wayka, Patt Cervantes de la colectiva femimista Ankalli Kallpa advirtió que “la derogatoria de la ordenanza significaría un grave retroceso en la protección de la niñez y adolescencia. Aquí en la región de Arequipa los riesgos son evidentes: más embarazos en niñas y adolescentes, más casos de violencia silenciados y una mayor exposición a información errónea o dañina proveniente de internet o de fuentes no confiables”. Para la activista, no implementar esta ordenanza sería condenar a la infancia a quedar desprotegida frente a violadores, abusadores y redes que se aprovechan de su desconocimiento.
Patt también cuestionó los discursos antiderechos que acusan a la ESI de promover “adoctrinamiento” sexual: “Eso es infundir miedo para bloquear una política pública que protege vidas. La educación sexual integral no adelanta experiencias sexuales, al contrario, retrasa las relaciones y disminuye embarazos adolescentes y la violencia. Nuestra consigna es clara: educar protege, callar mata”. Desde su colectiva, que firmó uno de los pronunciamientos de respaldo, aseguró que continuarán exigiendo al Gobierno Regional de Arequipa para que reglamente e implemente la ordenanza, además de fortalecer procesos de educación comunitaria en paralelo.
Hostigamiento político y responsabilidades del Estado
La consejera regional, Norma Ortega Valdivia, quien impulsó la ordenanza desde la Comisión de la Mujer, ha sido blanco de hostigamiento y acoso político. Pese a ello, la norma sigue vigente y cuenta con respaldo ciudadano.
Para Salas, la oposición a la ESI se sostiene en mitos falsos: “Algunos dicen que la escuela invade el derecho de los padres, pero en realidad el Estado y la comunidad educativa apoyan a las familias en una tarea que muchas veces no pueden cumplir por falta de información o por vergüenza de hablar de sexualidad”.
Las más de 50 organizaciones firmantes, entre ellas FORDES, REDIFAAC, grupos impulsores, entre otras, concluyen que la ESI es una herramienta de prevención indispensable para enfrentar la violencia sexual, los embarazos tempranos y la desinformación. “Educar protege”, manifiestan en los pronunciamientos colectivos desde Arequipa y Tacna, exigiendo a las autoridades regionales y nacionales no retroceder ante presiones conservadoras y garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación integral, libre de miedos y silencios.
Una demanda desde el sur peruano
El respaldo a la ESI no se limita a Arequipa. En Tacna, colectivas como la Multisectorial de Mujeres de Tacna (MULTITAC), Comunidad Arcoiris Tacna (CAT), AFEP, Briaris y FemArcoiris han emitido un pronunciamiento conjunto que exige replicar la ordenanza en su región.
En Tacna se han registrado ocho feminicidios entre febrero y agosto de 2025, el 39,7% de mujeres entre 15 y 49 años ha sufrido violencia de pareja, y la tasa de embarazo adolescente alcanza el 5,62%. Además, solo en 2023 se reportaron 254 violaciones sexuales, mientras que en 2024 fueron 253 y hasta febrero de 2025 ya sumaban 31 casos, según los registros del MIMP.
Las colectivas advierten: “Negar la ESI es avalar la violencia, el abuso y el embarazo forzado”. Y demandan al Gobierno Regional de Tacna aprobar una ordenanza equivalente que garantice recursos, capacitación docente y mecanismos de monitoreo.



Por: Silvia Bardales
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