Perú ignora fallo de la ONU: sin justicia ni reparación para víctimas por represión en el Paro Agrario

Han pasado tres años desde que el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que el Estado peruano violó los derechos fundamentales de Emiliano García Mendoza y Rubén Pariona Camposano, asesinados por agentes de la Policía Nacional durante una protesta agraria social en Huamanga, Ayacucho, el 19 de febrero de 2008.

En esta resolución histórica, el organismo internacional solicitó al Perú que lleve a cabo una investigación exhaustiva, imponer sanciones penales y administrativas a los agentes responsables y proporcione una indemnización adecuada a los familiares de las víctimas; sin embargo, ninguna de esas obligaciones se ha cumplido.

Responsabilidad estatal

Emiliano y Rubén, ambos ciudadanos de Ayacucho, fueron asesinados por la Policía Nacional del Perú en una de las manifestaciones del paro agrario que se dio por la defensa del agua, durante el segundo gobierno de Alan García.

Según el dictamen del Comité, cuando ellos y otros trabajadores del agro se encontraban en una calle vigilada por doce policías, el oficial al mando lanzó de forma repentina una bomba lacrimógena. En medio del caos, los manifestantes comenzaron a dispersarse. Fue entonces cuando los agentes abrieron fuego, disparando por la espalda a García y Pariona. Ambos murieron en el acto, con heridas mortales en la cabeza.

Un peritaje forense determinó que los disparos se efectuaron a una distancia de 25 metros, mientras las víctimas estaban de espaldas, sin representar amenaza alguna. El Congreso de la República, que conformó una comisión investigadora un año después de los hechos, calificó las muertes como “ejecuciones extrajudiciales” y concluyó que los mandos policiales incumplieron su deber de proteger la vida de los ciudadanos.

Pese a estos hallazgos, el caso fue archivado sin una investigación penal adecuada. El único policía denunciado entregó su arma a la armería de la PNP y no a criminalística, lo que invalidó las pruebas. Por esa irregularidad, la Corte Superior de Ayacucho lo absolvió en 2013 y la Corte Suprema confirmó la absolución en 2016.

Tras agotar las instancias nacionales, las familias de las víctimas recurrieron al Comité de la ONU en 2017. El 6 de mayo de 2022, el organismo falló a su favor y exigió al Perú cumplir con tres obligaciones: investigar y sancionar a los responsables, reparar económicamente a los deudos y adoptar medidas para que hechos como estos no se repitan.

Tres años después, el Estado no ha cumplido ninguna

Según Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y representante legal de las familias, la Fiscalía de Derechos Humanos de Ayacucho recién ha abierto una investigación preliminar (carpeta 03-2023), sin avances conocidos hasta la fecha. Tampoco se ha iniciado un proceso administrativo contra los agentes involucrados y menos se ha respondido económicamente a los afectados.

“El Estado dice que no existe un marco normativo interno que regule el pago de indemnizaciones ordenadas por la ONU, pero eso es falso. Ya ha habido casos en los que sí se ha pagado. El Ejecutivo ha dispuesto compensaciones para víctimas del 14N o de las protestas contra Dina Boluarte, cuando ha existido voluntad política. Aquí no la hay”, señala Pérez.

El pago de este dinero es necesario para la sobrevivencia de las familias. Rubén Pariona era el único sustento de su madre, una adulta mayor en situación de extrema pobreza. Los hijos de Emiliano García tuvieron que abandonar los estudios para trabajar.

“Una reparación económica no devolverá a sus padres, pero podría aliviar el daño causado por el abandono del Estado”, dice Pérez.

Reformas que habrían evitado más muertes en protestas

Por otro lado, el fallo también señalaba una reforma policial para evitar que estos hechos se repitan. Sin embargo, la falta de reformas que eviten estos hechos siguen presentes. Desde que se emitió el fallo de la ONU, al menos 52 personas han muerto por el uso desproporcionado de la fuerza policial en protestas sociales. Una de ellas fue Clemer Rojas García, sobrino de Emiliano García, asesinado en Ayacucho en diciembre de 2022 durante la represión de las manifestaciones contra el gobierno de Boluarte.

Como si no fuera suficiente, el Congreso aprobó la nueva Ley APCI, N° 27692, que permite sancionar a organizaciones no gubernamentales que usen fondos internacionales para litigar contra el Estado. Según la abogada, esto pone en riesgo la defensa legal gratuita de familias campesinas que, como las de García y Pariona, no pueden costear abogados.

Mientras el Estado se escuda en tecnicismos, las familias de Rubén y Emiliano siguen esperando. Son ya 17 años de impunidad y 3 desde que el máximo órgano de derechos humanos de la ONU ordenó una reparación.

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