Al revisar el año ambiental de Perú, la sensación que queda cuando nos detenemos a observar la Amazonía, es que esta sigue siendo ese paciente eterno que adolece los mismos males de siempre: mafias que arrasan ilegalmente con los bosques, mineros ilegales que se las ingenian para seguir operando y contaminando, el narcotráfico que gana terreno para cultivos ilícitos de hoja de coca a costa de la depredación de la selva, y la lista es aún más larga.

Yvette Sierra Praeli / Mongabay Latam

Uno de los casos más emblemáticos que dejó al descubierto el nivel de organización de las mafias para lavar madera fue el de ‘Los Cumaleros del Oriente’, una red criminal que utilizaba documentación falsa para traficar madera y en la que incluso participaban exfuncionarios públicos de los gobiernos regionales de Loreto y Ucayali; todos ellos en funciones hasta fines de 2018. El megaoperativo desplegado por un equipo de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada y División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y 17 fiscales logró la captura de 12 de las 13 personas pertenecientes a la organización criminal, así como el allanamiento de 16 inmuebles, doce de ellos en Ucayali y cuatro en Loreto.

La red de crimen organizado los Cumaleros del Oriente involucra a exfuncionarios de los gobiernos regionales de Loreto y Ucayali. Foto: Diario Ímpetu

El caso de ‘Los Cumaleros del Oriente’ dejó en evidencia algo que se repetía a todas voces: el tráfico de madera es operado bajo las mismas estrategias del crimen organizado.

La minería ilegal, por otro lado, no deja de estar presente como uno de esos males incontrolables que afecta suelos, ríos y aire. Este año, sin embargo, el Estado ejecutó la ‘Operación Mercurio 2019’, un megaoperativo destinado a recuperar el control en más de 100 mil hectáreas de La Pampa, un área devastada por los ilegales en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Si bien este espacio se mantiene bajo el control de la policía y las fuerzas armadas, en los últimos meses se han reportado nuevos puntos de minería ilegal en otros lugares de la región. Se teme que los ilegales estén migrando a otras zonas para seguir operando donde nadie los controla.

Dentro de esta evaluación anual, cabe señalar que hubo avances en materia de regulación ambiental, como la decisión del Tribunal Constitucional de ratificar el aporte por regulación que recibe el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), fondo con el que esta institución financia sus tareas de fiscalización. Pero también retrocesos, sobre todo si volteamos la mirada al mar peruano, pues una vez se cierra el año con la misma deuda pendiente:  la creación de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, como lo había ofrecido la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz.

En suma, este 2019 se cierra con aciertos, errores y deudas pendientes en materia ambiental.

Lo malo: el crimen organizado en la Amazonía peruana

La captura de los integrantes de la red criminal denominada ‘Los Cumaleros del Oriente’, dedicados a la tala ilegal y el lavado de madera en las regiones de Loreto y Ucayali, demostró, una vez más, cómo operan las mafias en la Amazonía peruana.

Las redes criminales integradas por funcionarios de los gobiernos regionales, empresarios y personas dedicadas a extraer madera ilegal de los bosques amazónicos operan con total impunidad en por lo menos 13 regiones del país.

La comunidad nativa de Puerto Nuevo, en Huánuco, ha sido invadida con cultivos ilegales de coca. Foto: Yvette Sierra Praeli.

La investigación de Mongabay Latam Bosques saqueados: regentes forestales falsificaron más de 1200 expedientes para lavar madera expuso, por ejemplo, cómo los regentes forestales —personas dedicadas a elaborar los expedientes en los bosques para extraer madera— forman parte de estas mafias que se dedican a falsificar información para extraer árboles de lugares prohibidos. En ese camino, áreas naturales protegidas y territorios indígenas quedan expuestos a los planes del crimen organizado.

“Lo que queda en evidencia no solo es la corrupción en relación al tráfico de tierras y los permisos de extracción de recursos naturales, sino las limitaciones de las fiscalías ambientales, pues existe una concurrencia de delitos y casos complejos que merece mayor especialización”, comenta Alicia Abanto, de la Defensoría del Pueblo.

En esta depredación de los bosques peruanos también aparece el narcotráfico. Un reportaje de Mongabay Latam en la comunidad nativa de Puerto Nuevo, en la región Huánuco, dio cuenta de cómo avanzan las invasiones y los cultivos ilegales de coca en los territorios indígenas.

“Ha sido un año de muchos retos para la Amazonía, con más proyectos priorizados que no incorporan criterios ambientales y sociales y que van a desencadenar una serie de impactos graves. A ello se suma la minería ilegal, la contaminación de los ríos amazónicos, los derrames de petróleo, y la tala ilegal. Los riesgos son reales y no hay un plan de soluciones preciso para enfrentarlos”, manifiesta Vanessa Cueto, Coordinadora del Programa de Gobernanza y Gestión Ambiental de la ONG Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

En esta espiral de crimen organizado que se está implantando en la Amazonía peruana, aparecen también las amenazas contra los defensores ambientales. En abril, Cristian Java Ríos, un joven de 22 años y monitor ambiental de la comunidad nativa La Petrolera, en Loreto, fue asesinado por madereros ilegales. Tres meses después, Julio Crisanto López, vigilante del bosque Macuya, un centro de investigación de la Universidad Nacional de Ucayali, corrió con la misma suerte.

Lo preocupante: la ‘Operación Mercurio 2019’ y el panorama de la minería ilegal

Hace diez meses, un megaoperativo en el que participaron 1200 policías, 300 militares y 70 fiscales se ejecutó en el lugar más devastado por la minería ilegal en la Amazonía Peruana: La Pampa, en Madre de Dios.

Se trataba de una acción destinada a erradicar la minería ilegal instalada desde hace diez años en este territorio y que ya había arrasado con cerca de 11 000 hectáreas de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.

Mineros ilegales de La Pampa estarían migrando a la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri. Foto: ACR Amarakaeri.

Un reporte publicado en agosto por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) señala que la deforestación por minería se redujo hasta en 92 % en La Pampa con relación al 2018. Mientras que el gobierno peruano ha anunciado que empezarán los trabajos de recuperación forestal en esta zona de la reserva nacional.

Sin embargo, a casi un año de este despliegue, la minería ilegal comienza a ser detectada en otras zonas de la región, lo que lleva a suponer que los ilegales de La Pampa se estarían reubicando en espacios menos controlados.

Quincemil, capital del distrito de Camanti, en la vecina región de Cusco, y la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri, en Madre de Dios, serían el destino de los ilegales que abandonaron La Pampa luego de la Operación Mercurio. Se trata del llamado ‘Efecto Globo’, el proceso migratorio que se produce cuando las fuerzas del orden reprimen en un lugar y obligan a los grupos ilegales a desplazarse a otro.

Para el Procurador Especializado en Materia Ambiental del ministerio del Ambiente, Julio Guzmán, es momento de pasar a una siguiente etapa, de empezar “a controlar otras zonas tomadas por la minería ilegal que han sido el resultado de la incursión en La Pampa”.

En un operativo de la Fiscalía Ambiental de Loreto se destruyeron dos pequedragas. Foto: FEMA Loreto.

Loreto es otra región golpeada por la minería ilegal. Alicia Abanto de la Defensoría del Pueblo señala que la minería ilegal ha crecido a la par que el narcotráfico. Agrega que la minería ilegal aluvial ha ido en aumento en esa región y prueba de ello es la presencia de las escurridizas ‘pequedragas’ en los ríos Napo, Nanay y Curaray.

La Cordillera del Cóndor, en la región Amazonas, también fue escenario de una intervención policial y militar en el mes de octubre. En esa zona de frontera entre Perú y Ecuador la minería ilegal lleva instalada varios años en un intercambio de ilegalidad que traspasa ambas fronteras. Actualmente se tiene planeado mantener por seis meses a 100 policías en el área intervenida para evitar el retorno de los ilegales.

Lo avanzado: cambios en la justicia ambiental

La sentencia que se dictó en Loreto contra el gerente general de Cacao del Perú Norte SAC y otros dos funcionarios de esta empresa marcó un hito en la justicia ambiental para casos de deforestación por monocultivos.

Un juzgado de Cusco ordenó cárcel efectiva contra siete persona acusadas de siete personas acusadas por delitos de contaminación ambiental, minería ilegal y deforestación en Camanti. Foto: Ministerio Público.

Fueron entre cuatro y ocho años de cárcel para los responsables de la deforestación de casi 2000 hectáreas de bosques en la localidad de Tamshiyacu, en el distrito de Fernando Lores. Un territorio adquirido por el empresario estadounidense Dennis Melka, a quien se responsabiliza del desmonte ilegal de más de 12 000 hectáreas en la Amazonía peruana.

Para el fiscal Alberto Yusen Caraza, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Maynas, en Loreto, la sentencia contra los funcionarios de la empresa de Melka ha sido un “fallo histórico en la lucha contra la tala ilegal”. El fiscal considera que se trata de un caso emblemático por la magnitud de la deforestación y por el monto de 15 millones de soles de la reparación civil.

En febrero, por otro lado, el Segundo Juzgado Penal de Delitos Ambientales de Cusco emitió, por primera vez, una sentencia con cárcel efectiva para siete personas acusadas por delitos de contaminación ambiental, minería ilegal y deforestación en Camanti.

Otro fallo significativo ha sido también el que se dictó en noviembre en Loreto contra dos personas acusadas del delito de minería ilegal en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana. La importancia de esta sentencia radica en que se trata de la primera que se dicta por la extracción ilegal de material no metálico, en este caso se trata de arena, en una zona de amortiguamiento de un área protegida. Además, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto ha informado que existen por lo menos 15 casos de similares características en esta zona, por lo tanto, este dictamen marca un precedente para quienes se dedican a esta actividad.

Sin embargo, la justicia ambiental en Perú aún tiene muchas deudas pendientes. El procurador Guzmán menciona casos como el Yaku Kallpa, una embarcación en la que se encontró madera de origen ilegal con destino al mercado internacional. Este proceso —dice Guzmán— permanece en espera de la etapa de juzgamiento.

Guzmán también considera que este año se han dado avances normativos que darán un nuevo rumbo a la justicia ambiental. Se trata del Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado.

Mediante esta norma —explica el procurador— se han incorporado nuevas funciones para la defensa ambiental. “En el tema ambiental actuamos de manera reactiva y solo llegábamos para sancionar a las personas y solicitar la reparación civil. Sin embargo, con estos cambios podremos solicitar que un juez se pronuncie por un proyecto que aún no ha sido ejecutado pero que presente riesgo de impactar en el ambiente”.

Proyectos como carreteras sin instrumentos de gestión ambiental o hidroeléctricas podrían ser paralizados antes de que se inicien. “Una vía que cruza un área natural protegida definitivamente tiene un impacto negativo, pero no podíamos detenerla antes de que se ejecute. Ahora sí se podrá impedir su construcción vía el derecho constitucional”.

Lo pendiente: un mar sin áreas protegidas

Nuevamente la promesa de que este año se concretaba la creación de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau quedó en el tintero. El ofrecimiento que hiciera la ministra del ambiente, Fabiola Muñoz, en el 2018, de que durante el primer trimestre de este año la nueva reserva marina vería la luz quedó en el aire.

La creación de dos áreas protegidas marinas sigue en compás de espera. Foto: Oceana.

“Paso un año más y no se creó ninguna reserva. Hay voluntad, anuncios, pero no hubo nada concreto. Todos son gestos interesantes. De nada nos sirve una ministra combativa si en el gabinete [de ministros] no han mostrado interés”, dice el biólogo Juan Carlos Riveros, director Científico de Oceana.

Durante el tercer Congreso Mundial de Áreas Naturales Protegidas de América Latina y El Caribe (CAPLAC) que se realizó en octubre, en Lima, la ministra del Ambiente reiteró su compromiso de que se concreten tanto la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau como la propuesta de creación de la Reserva Nacional Dorsal de Nasca, un sistema de montañas submarinas rodeadas por cinco millones de hectáreas que se convertirían en la zona protegida marina más grande del Perú.

En la cita internacional tanto la ministra Muñoz como el presidente del Consejo de Ministro, Vicente Zeballos, aseguraron que ambas reservas se concretarían para el año 2021. Una postergación más en la carrera del Estado peruano por cumplir con las Metas Aichi para la Biodiversidad, que consiste en asegurar la pesca sostenible y aumentar las áreas marino-costeras bajo protección del 0.4 % que tenemos hoy al 10 por ciento del espacio marítimo para el 2020.

“Estamos llegando a la fecha límite para rendir cuentas sobre las Metas de Aichi y seguimos en deuda”, dice Isabel Calle, directora del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Calle señala que en el caso de la Dorsal de Nasca se ha avanzado con mayor celeridad que con la reserva Mar Tropical de Grau, en esta última aún persiste oposición de sectores empecinados en creer que con la creación del área protegida se frenará el turismo y el aprovechamiento de esta zona marina. Uno de los más férreos detractores de esta propuesta de área marina protegida es la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), pues argumenta que con la definición de la reserva se pondrá freno a los lotes petroleros adjudicados en este sector de la costa norte peruana.

Pero el mar peruano tiene otros deudas ambientales pendientes. La sobrepesca y la pesca ilegal son los problemas más álgidos que enfrenta el océano peruano y su biodiversidad. “Por el lado biológico, lo que sabemos de la pesca artesanal es muy poco. No tenemos información poblacional de las especies, no hay cuotas y alrededor del 50 % de lo que se pesca no se reporta. A ello le sumamos la pesca ilegal”, señala Riveros de Oceana.

La sustitución de especies se presenta en mercados, supermercados y restaurantes Foto: Oceana

Frente a este desconocimiento de lo que hay en el mar, se suma la información falsa que se presenta en la etapa del consumo. Según un estudio elaborado por Oceana y Pro Delphinus los peruanos no sabemos qué comemos cuando de pescados se trata.

La sustitución de una especie por otra se presenta en mercados, supermercados y restaurantes y alcanza cifras de hasta el 72 % de lo que consumimos. “Es una mala práctica que influye en la sobreexplotación del mar y permite el lavado de pesca ilegal”, señala Riveros, uno de los autores de la investigación.

La esperanza: protección de ecosistemas frágiles

Una noticia alentadora ha llegado casi al cierre del año. El último fin de semana, mediante un decreto supremo, el gobierno peruano estableció el Área de Conservación Regional Sistema de Lomas de Lima.

Esta área reservada, la primera creada en Lima destinada a proteger un ecosistema tan frágil comprende 13 475 hectáreas que se distribuyen entre los distritos de Ancón, Carabayllo, Independencia, Rímac, La Molina, San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo.

Esta extensa área reservada ha sido creada para proteger cinco ecosistemas de lomas que están a punto de desaparecer en la capital peruana. Sin embargo, aún existen otras 14 lomas que no forman parte de esta nueva área protegida.

“Las principales amenazas son las invasiones y el crecimiento urbano desmedido”, sostiene Pedro Gamboa, jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

Una muestra de cómo se están destruyendo estos ecosistemas son las Lomas de Amancaes, que desde hace casi diez años es afectada por las invasiones constantes que van acabando con la flora y fauna que albergan sus colinas. Solo en el 2018 se reportaron dos grandes invasiones —en enero y en julio— que han acorralado más a las taras, vizcachas y tomates silvestres que crecen libremente en estas pendientes.

Las invasiones son el principal problema de las lomas de Lima. Foto: Centro Urbes.

Haydeé Cerrón, presidenta de la Asociación Protectores Ambientales de la Flor y Lomas de Amancaes (PAFLA), es una de las más fervientes defensoras de estas montañas y trabaja desde hace más de cinco años en su conservación. Para ella, la noticia de la creación del ACR Lomas de Lima ha sido “la recompensa a su esfuerzo para salvarlas de su desaparición”.