La Fiscalía, el Ministerio de Justicia, el Equipo Forense Especializado y los deudos del caso La Cantuta esperan encontrar en la quebrada Chavilca a 5 de los 10 secuestrados y asesinados durante el gobierno de Alberto Fujimori que siguen desaparecidos desde 1992.
Por Alvaro Meneses
El 18 de julio de 1992, durante el periodo más violento d la dictadura de Alberto Fujimori, un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, también conocida como La Cantuta, fueron secuestrados, asesinados y sus restos desaparecidos por agentes del Grupo Colina, un comando militar que se dedicaba a seguir y capturar a personas sospechosas por terrorismo.
Casi 30 años después, el Ministerio Público solo ha encontrado los restos del docente Hugo Muñoz Sánchez y los estudiantes Bertila Lozano Torres, Luis Enrique Ortiz Perea, Marcelino Rosales Cárdenas y Juan Mariños Figueroa. Siguen desaparecidos los restos de Dora Oyague Fierro, Armando Amaro Condor, Felipe Flores Chipana, Robert Teodoro Espinoza y Heráclides Pablo Meza.
“Estamos aquí porque Cantuta no se olvida y porque a 30 años nos siguen faltando 5 de nuestros familiares, y queremos cerrar este duelo enterrándolos a todos y cada uno de ellos”, dice Gisela Ortiz Perea, exministra de Cultura y hermana de Luis Enrique Ortiz, estudiante de La Cantuta desaparecido y asesinado por el Grupo Colina.
El 25 abril de 1993, sin embargo, se supo la posible ubicación de los 5 estudiantes de La Cantuta que siguen desaparecidos hasta la fecha. Esa madrugada, el reciclador Justo Arizapana pasó la noche cerca del botadero de basura que en esa época había en la quebrada Chavilca, ubicada en el distrito de Cieneguilla, y vio llegar en camionetas a personas de porte militar con cajas y un cilindro que terminaron bajo tierra.
El reciclador Arizapana sospechó que dentro de las cajas estaban los restos de los desaparecidos de La Cantuta y la información llegó hasta la Revista Sí y posteriormente al Ministerio Público.
El episodio, Gisela Ortiz, lo recuerda así: “En el 93 (…) Hermoza Ríos ordena a Martín Rivas desaparecer los cuerpos (…) desentierran a nuestros familiares en Huachipa y los traen a este lugar (quebrada Chavilca) para quemar sus cuerpos y desaparecerlos. Justo Arizapana (…) estaba trabajando aquí a las 2am y vio todo el movimiento que se estaba realizando en esta zona, con las camionetas, con las cajas de cartón que trajeron, con el cilindro anaranjado donde quemaron a nuestros familiares y los entierros posteriores que aquí se hicieron”.
Se refiere al exjefe del Comando Conjunto Nicolás dde Bari Hermoza Ríos y al cabecilla del Grupo Colina Santiago Martín Rivas.
La última búsqueda
Veintinueve años después de que se supo el posible paradero de los desaparecidos, la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, con el apoyo de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del MINJUSDH y el Equipo Forense Especializado (EFE) del Instituto de Medicina Legal, inició la mañana del lunes 30 de mayo la última búsqueda de los restos de los 5 estudiantes en la quebrada Chavilca y que culminará el 22 de junio.
El fiscal supraprovincial, Luis Valdivia Calderón, estará a cargo de esta búsqueda complementaria de restos de 18 días, en donde primero se removerá con maquinaria pesada la tierra acumulada en 29 años hasta llegar a la capa natural de los suelos donde se enterraron los restos carbonizados de los estudiantes de La Cantuta. Posteriormente, se realizarán excavaciones exploratorias que implican un minucioso método de búsqueda con badilejos, brochas y un registro fotográfico continuo de los hallazgos.
“La idea es retirar esta capa de desmonte sobre la cual estamos y llegar al suelo natural donde estaba la quebrada original y donde estarían las fosas que contendrían los restos de los desaparecidos de este caso. Luego la maquinaria pesada se retira y se inicia la excavación con elementos de mayor cuidado. El objetivo es encontrar los posibles restos que estarían acá y ver qué más pasó en estos tiempos”, explica a Wayka el arqueólogo forense Flavio Estrada Moreno del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público.
Esta diligencia, comenta el fiscal Luis Valdivia, debió realizarse entre marzo y mayo del 2020. No obstante, debido a la pandemia por Covid-19, se tuvo que postergar hasta la actualidad, a pocos días de cumplirse los 30 años desde que ocurrieron los hechos. El fiscal Valdivia también informó que en el 2019 se realizó una excavación final en la zona de Huachipa, donde se hallaron restos que se encuentran en proceso de identificación.
Su superior, el coordinador de las Fiscalías de Derechos Humanos, Daniel Jara, se hizo presente en la diligencia como muestra de respaldo al caso. “Somos conscientes de la deuda pendiente que tenemos con los familiares de los agraviados que han esperado casi 30 años para que desde el Estado se les dé una respuesta sobre el paradero de los suyos”, dijo a los deudos presentes el fiscal superior, Daniel Jara.
Una herida de 30 años
En el primer día de la etapa final de la búsqueda, algunos de los familiares de los estudiantes desaparecidos se hicieron presentes. Uno de los deudos fue Carmen Oyague Velasco, tía de la aún desaparecida Dora Oyague que la recuerda como una hija tras haberla criado desde los 4 años de edad. “Mi sobrina estuvo un mes en la universidad, ¿y ya se va a convertir en terrorista?”, se pregunta Carmen 30 años después, con una tristeza que ha envejecido junto a ella.
Aquel 18 de julio de 1992 que desaparecieron y asesinaron a Dora Oyague, Carmen recuerda que soñó con su sobrina. “Ella estaba con un vestido acampanado con flores y se iba por un túnel. Yo le estaba soñando, yo le llamaba y ella se iba en cámara lenta”, rememora. “Ese sueño me trajo mala suerte porque ese mismo día la mataron”, concluye Carmen.
Esta diligencia de la Fiscalía, agrega Carmen, espera que sea el final de la búsqueda de los restos de su sobrina y los otros cuatro estudiantes de La Cantuta aún desaparecidos, porque ya no les queda más tiempo a ella ni a los padres y madres de las víctimas, de los cuales ya varios han fallecido sin conocer la justicia. “Espero que este sea el final, para así yo también irme a descansar en paz, sabiendo que mi sobrina está junto a sus compañeros de desgracia”, dice.
Los 5 estudiantes, dice Gisela Ortiz, tienen que ser buscados, encontrados, identificados y restituidos a sus familiares. Es que la justicia, explica la hermana del desaparecido Luis Enrique Ortiz, no solo significa una sanción a los responsables directos e intelectuales; también tiene un fin reparador que permite cerrar un duelo de casi 30 años. “Estamos aquí porque estamos seguros que nuestra pachamama, nuestra tierra, nos ha de devolver los restos de nuestros seres queridos”.
