Perú respalda suspensión de la pena de muerte en la ONU, pero Boluarte impulsa debate sobre su aplicación para violadores

En la reciente Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el Estado peruano tomó posición a favor de una resolución para suspender la aplicación de la pena de muerte, lo que refleja una contradicción con el discurso del régimen de Dina Boluarte. Esta iniciativa, respaldada por más de dos tercios de los países miembros, fue adoptada durante la sesión del martes 17 de diciembre de este año.

Chiara Sangiorgio, experta en pena de muerte de Amnistía Internacional, destacó el impacto político y moral de estas resoluciones, señalando que permiten mantener bajo escrutinio el uso de este castigo. Según ella, esta votación marca un punto de inflexión global y refleja un creciente rechazo a la pena capital en el marco del derecho internacional.

“El apoyo a la pena de muerte ha cambiado significativamente desde la adopción de tratados que permitían su uso limitado. El respaldo récord a esta resolución confirma que el movimiento hacia su abolición es imparable”, afirmó Sangiorgio.

En esta ocasión, países como Antigua y Barbuda, Kenia, Marruecos y Zambia votaron por primera vez a favor de una moratoria en las ejecuciones. Sin embargo, Mauritania y Papúa Nueva Guinea cambiaron su postura de apoyo en 2022 a oposición este año, mientras que Guinea y Uganda se abstuvieron.

En total, 130 Estados votaron a favor, 32 en contra y 22 se abstuvieron, evidenciando un aumento significativo en el respaldo desde 2007, cuando solo 104 países apoyaron la medida. La resolución fue presentada por Argentina e Italia, con el apoyo de 70 Estados.

Contradicción: El régimen peruano evalúa la pena de muerte para violadores

En respuesta al incremento de casos de abuso sexual infantil, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú ha formado una comisión especial para analizar la posible implementación de la pena de muerte en estos casos, una propuesta impulsada por Dina Boluarte. Esta iniciativa busca abrir un debate sobre el tema, considerando el alarmante aumento de estos delitos y y sin tomar en cuenta los compromisos internacionales del Estado peruano expresado en la firma de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que prohíbe extender la pena de muerte.

La comisión, de carácter temporal, fue establecida mediante la Resolución Ministerial N.º 0319-2024-JUS. Aunque la Constitución peruana solo permite la pena capital en casos de traición a la patria en tiempos de guerra y terrorismo, el gobierno plantea revisar el marco legal vigente para abordar esta problemática, según reportó el diario oficial El Peruano.

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