La Mesa Directiva del Congreso de la República aprobó que los gastos de defensa legal de congresistas y excongresistas sean cubiertos con fondos públicos asignados al Parlamento. En consecuencia, los ciudadanos peruanos, mediante el pago de impuestos, financiarán los honorarios de los abogados que representen legalmente a legisladores y exlegisladores.
De acuerdo con un documento, la disposición garantiza asesoría y defensa legal gratuita para congresistas y excongresistas en cualquier proceso judicial, con la única excepción de las acusaciones constitucionales impulsadas desde el mismo Congreso.
El acuerdo establece que los beneficiarios podrán acceder a esta defensa siempre y cuando los procesos judiciales estén relacionados con el ejercicio de sus funciones parlamentarias, tales como legislar, ejercer control político, representar y realizar funciones especiales, todas contempladas en la Constitución Política del Perú y en el reglamento del Congreso.
Además, la medida también beneficia a los integrantes de la Mesa Directiva, el órgano encargado de la administración parlamentaria. Según el documento, estos funcionarios podrán recibir asistencia legal en procesos derivados de decisiones administrativas tomadas en conjunto o, en el caso del presidente del Congreso, de manera individual como responsable del manejo presupuestal.
El abogado Eduardo Herrera Velarde afirmó que esta medida no debería servir como un salvoconducto para favorecer a todos los congresistas y políticos, especialmente a aquellos que están siendo investigados por casos graves de corrupción.
“Sería aceptable en situaciones donde un congresista es acusado de delitos relacionados con el ejercicio de su función, pero lo que estamos presenciando es un uso indebido de la norma para proteger a personas seriamente cuestionadas por actos criminales. Al final, esta disposición permite que individuos vinculados a economías ilícitas o con comportamientos claramente corruptos se beneficien de los recursos del Estado”, destacó.
