Estado inscribió a su nombre los bosques de producción permanente, que se encuentran dentro del territorio Secoya, sin consultarlo a la comunidad.

Redacción Wayka

Tres comunidades amazónicas Secoya exigen al Gobierno de Pedro Castillo que reconozcan su derecho a la propiedad sobre sus territorios ancestrales. Desde 2005, ellos señalan que no pueden inscribir sus territorios porque dentro se encuentran Bosques de Protección Permanente (BPP), inscritos a nombre del Estado sin que les hayan consultado previamente.

Las comunidades Vencedor Huajoya, San Martín de Porres y Mashunta, donde viven cerca de 1200 personas, no pueden oficializar el espacio que heredaron de sus ancestros hasta que el Estado redimensione los BPP.

«Tenemos una escritura muy pequeñita del territorio y evidentemente que no engloba para nada lo que es la realidad del territorio ancestral. Estamos luchando desde 2005 para tener el título y que sea registrado sobre buena parte de territorio real y ancestral. San Martín y Mashunta llevan en esa pelea desde antes de 2015», explicó Jorge Acero, asesor legal de los Secoyas.

Para ello, deben esperar a que el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) realice el redimensionamiento del BPP que se encuentra dentro de las tres comunidades. Esta entidad, adscrita al Ministerio de Agricultura y Riego, contestó que no puede avanzar si la Dirección Regional Agraria de Loreto no cumple con enviar la resolución de aprobación de la demarcación del territorio. En tanto, la Dirección Regional Agraria de Loreto respondió que no lo enviaría.

«En esa situación han estado aproximadamente de 7 a 8 meses, sin ningún tipo de resolución, sin ningún tipo de posible solución. Han hablado cada uno en su espacio. La cuestión está en que es necesario el registro de los títulos para que sea ‘legalmente pública’ la propiedad que es de la comunidad por ancestralidad», señaló.

Justino Piaguaje, dirigente de los Secoya, y Anselmo Sandoval, apu Secoya, se reunieron con el ministro de Agricultura Víctor Mayta Frisancho y otros dos representantes de este sector, quienes se comprometieron a solucionar esta demanda en los próximos 7 días.

Así, el bosque que se encuentra dentro del espacio territorial de las comunidades quedaría bajo la protección de estas.

El apu Sandoval precisó que, si el BPP no es redimensionado, se corre el riesgo de que sujetos dedicados a la tala ilegal pueden explotar los bosques; lo mismo podrían hacer las grandes empresas.

«Nosotros tenemos nuestra cultura que manejamos por muchos años. El ministro dice qué vamos a sembrar en esas hectáreas de bosque, pero nosotros no vamos a sembrar porque Dios ha dejado ya sembrado. Toda la fruta que hay, ya está sembrada, Dios lo dejó así. Los animales también se alimentan de ahí. Si entra una empresa, que daña todo … esa es la preocupación del pueblo Secoya», comentó.