Pese a que Ministerio de Salud ordenó a centros de salud garantizar atención de partos las 24 horas, un hospital en Piura negó el ingreso a una gestante que entró en labor de parto. En lo que va del año, se han registrado siete muertes maternas en la región, cifra que solo superan Lima, Loreto y La Libertad.
Lucero Ascarza, en colaboración con Radio Cutivalú
Miguel Arámbulo y su esposa J acudieron al hospital Jorge Reátegui, en Piura, el 28 de abril a las 7:30 de la mañana. «A mi esposa le bajaba agua, con cantidad de sangre», señala Arámbulo. La labor de parto los había tomado por sorpresa, pues no esperaban el nacimiento de su hija hasta quincena de mayo.
A esa sorpresa se sumó una menos grata. «Le digo al vigilante que mi señora está de parto y me dice: si no se ha hecho la prueba, no la podemos atender acá», cuenta Arámbulo. Según lo que le dijeron, no contaban con pruebas rápidas.
Después de media hora de insistir y recibir negativas del vigilante y personal de salud que pasaba por la entrada, fueron enviados al hospital regional José Cayetano Heredia. Ahí sí los recibieron. Pensaban que todo estaría bien, hasta que salió un médico a hablar con ellos.
«Me dijo ‘Yo la voy a evaluar, pero si se infecta es su responsabilidad, porque acá hay casos COVID. Usted debió insistir en el Reátegui, acá tampoco tenemos pruebas'», indica Miguel Arámbulo a Wayka. «En ese caso me la llevo, dije. No vaya ser que se infecte y pase algo más grave con ella y mi bebé».
Así, dos hospitales en Piura le pusieron trabas a una gestante en trabajo de parto. Ello pese a que una reciente directiva del Ministerio de Salud (Minsa) ordena a hospitales y centros de salud garantizar atención de partos las 24 horas. Entonces, ¿por qué pusieron en riesgo a una gestante negándole atención?
Colapsados por demanda
“En las últimas semanas se ha incrementado el número de partos. El problema se agudiza porque los espacios se han reducido, ya que hay un número de camas que se han destinado para atención del COVID-19”, señala Margarita Pérez, decana del Colegio de Obstetras del Perú (COP).
Según precisa la obstetra, el origen del desborde de los hospitales fue la suspensión de postas y otros centros de salud de primer nivel de atención al inicio de la emergencia sanitaria. “En estos establecimientos se atiende un 80% de controles prenatales (…) Todo se vio interrumpido de un momento a otro y las gestantes ya programadas para estas fechas se avocaron a hospitales”, declaró Pérez a Wayka.
Frente a ese cuadro y por insistencia de diversos gremios del sector salud, el Minsa aprobó dos directivas (del 22 y el 30 de abril) sobre la atención a gestantes y recién nacidos. Así, poco a poco se empezó a restablecer la atención en centros de primer nivel.
“Era una necesidad inmensa, sin duda es un avance. Pero estamos pidiendo al Minsa que ya se implemente, porque aún no han salido las precisiones y lineamientos”, indica la decana del COP.
Mientras tanto, la demanda de las gestantes continúa. A la falta de camas, se suma la reducción de personal de salud que está con licencia por edad (mayores de 60 años) y la falta de equipos de protección personal, sobre todo para áreas que no son de COVID-19.
A nivel nacional, se han registrado ya 106 muertes maternas. Tres de ellas, por infección de COVID-19. De acuerdo a la obstetra Margarita Pérez, colegios regionales reportan que los casos se incrementaron por la interrupción del control prenatal durante la cuarentena. “Es justamente en esos chequeos que se identifican señales de riesgo en el embarazo y se puede prevenir la mortalidad materna”, señala.
Mortalidad materna en la región
Al 25 de abril de este año, en Piura se habían registrado siete muertes maternas. Se trata de la cuarta cifra más alta, después de Lima, Loreto y La Libertad. Algo que lamentablemente no sorprende, pues esta región ha mantenido altas cifras de mortalidad materna en los últimos cinco años.
En un reporte previo del Minsa se informaba que, de las muertes maternas ocurridas hasta el 18 de abril, 53.7% correspondían a mujeres entre 20 y 35 años, mientras que 29.5% fueron mujeres mayores de 35.
La esposa de Miguel Arámbulo tiene 43 años; edad por la cual su embarazo y parto podían presentar riesgos. Pese a ello, primero un hospital le negó la atención; y luego la enviaron a otro, donde no cumplieron con darle seguridad a la gestante.
En su desesperación, Miguel y J acudieron a Radio Cutivalú, donde pudieron dar a conocer el caso y lograron la intervención de la Defensoría del Pueblo. Además, Arámbulo se comunicó con la fiscal provincial de Prevención del Delito, Carmen Zapata, quien gestionó que el hospital Reátegui les permita el ingreso.
Ahí, casi a las 11 de la mañana, la gestante pudo ser atendida. Luego de cuatro horas desde que iniciaron sus contracciones, y viéndose obligada a ir de un lado a otro. «Si hubiese sido otra persona que no tiene para movilizarse, la criatura hubiese muerto, la señora hubiese muerto», asegura Miguel Arámbulo.
Gestantes y recién nacidos en riesgo
El caso de Miguel y J expone una peligrosa situación en medio de la emergencia sanitaria. Si bien las directivas del Minsa apuntan a garantizar la atención a gestantes y recién nacidos, aún no se cuenta con lineamientos para su implementación total. Algo preocupante en una de las regiones con más muertes maternas.
J es profesora y asegurada por EsSalud. Ni ella ni su esposo presentan ningún síntoma de COVID-19. Tampoco su hija, nacida el 28 de abril. Por ese motivo, al ser dada de alta del hospital Reátegui, le indicaron que cualquier cita o chequeo, si no era una emergencia, tendría que esperar a que termine la cuarentena.
«No hay control para niño sano», le dijeron. «Entonces la bebé prácticamente se va a quedar a la voluntad de dios. Cualquier enfermedad que le dé, no va a estar protegida», lamenta Miguel Arámbulo.
La gestante tampoco ha podido acceder al subsidio de lactancia que le corresponde por EsSalud. «Me dijeron que vaya a las oficinas, pero todo está cerrado», señala Arámbulo. Con su esposa de descanso, una nueva integrante en su familia y él sin poder trabajar como taxista, el subsidio de S/ 820 no es poca cosa. Un problema que se suma a la preocupación por la salud de la recién nacida.
Escucha el podcast sobre el caso: