Por Álvaro Meneses

Libre de cargos. La Sala Mixta Descentralizada de la provincia de Canchis (Cusco), a cargo de la jueza Mariliana Cornejo Sánchez, acaba de absolver a diez defensores ambientales de los cargos de secuestro, robo agravado, disturbios, daños agravados a la propiedad privada, a partir de una denuncia presentada por la empresa minera Anabi SAC. Con evidencia insuficiente y parcial, el Ministerio Público pedía hasta 30 años de cárcel para los comuneros.

El  fiscal adjunto superior de Sicuani, Efraín Quesada Vélez, junto a la procuradora especializada en delitos contra el orden público del Ministerio del Interior, Fiorella Villanueva Portela, y representantes de la minera Anabi SAC, denunciaron penalmente a diez comuneros de la provincia de Chumbivilcas que participaron en la ola de protestas que generó el incendio del campamento minero de la empresa el pasado 5 de febrero de 2012. 

Desde ese año, son perseguidos penalmente los comuneros Luciano Ataucuri Chávez, Julián Alejo Ataucuri Mancilla, Esteban Alvis Ccahuana, Grimaldo Asto Puma, Victoria Quispesivana Corrales, Wilber García Huaycani, Samuel Acero Hurtado, Urbano Cjula Cáceres, Edgardo Aguirre Pacheco y Jaime Mantilla Chancuaña. En Chumbivilcas, las organizaciones sociales iniciaron acciones de protesta en noviembre de 2011 en busca de una mesa de diálogo con el Estado para que atienda la contaminación ambiental en la cuenca del río Yahuarmayo y las afectaciones a la salud de la población.

Tras dos meses de protestas, en enero de 2012 se instaló una mesa de diálogo integrado por el presidente del Consejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas, la Autoridad Nacional del Agua, autoridades regionales y representantes de la minera Anabi SAC; y se acordó, entre otras cosas, la ejecución de un monitoreo ambiental que sería expuesto públicamente a la población, para dar a conocer los grados de contaminación y su origen.

Dicho acuerdo, finalmente, no se cumplió. Fue entonces que la población retomó las protestas y en febrero de 2012 se desató un incendio en el campamento minero de la empresa Anabi, y la Fiscalía formalizó una denuncia penal contra los 10 dirigentes por los presuntos delitos de secuestro, robo agravado, disturbios, daños agravados a la propiedad privada.

Para la jueza Mariliana Cornejo, la parte demandante no contaba con evidencias que confirmen la participación de los imputados en el delito, además de los testimonios de extrabajadores de la minera. «Los testimonios de las personas examinadas en juicio (…) no cumplen con los estándares del acuerdo plenario 2-2005-CJ-116, señalando que entre estas, no incriminan el comportamiento y rol desplegado por los encausados», dice la sentencia emitida por la Sala Mixta Descentralizada de Canchis.