Al igual que el caso de Damaris, hay menores que esperan justicia. Poder Judicial aún no emite sentencia en 15 casos de violación denunciados por niñas y adolescentes, según estudio del MIMP.

Por Nicol León

En octubre de 2021, el Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables (MIMP) y UNICEF publicaron el estudio «Análisis de la atención de casos de violencia de género y sexual contra niñas, niños y adolescentes», en el que indagaron los procesos judiciales de 19 casos de violación sexual y tocamientos indebidos contra 22 menores de entre 5 y 16 años.

En todos los casos, los denunciados fueron hombres adultos que tenían un vínculo familiar con las y los menores víctimas de violencia sexual y tocamientos indebidos.

La investigación concluyó que de los 19 casos solo en 4 el Poder Judicial dictó una sentencia; los 15 restantes continúan en trámite. De este total, dos aún no han podido obtener una resolución en primera instancia porque en uno el agresor se encuentra no habido. El otro caso aún se investiga y se espera una respuesta a la apelación de una prisión preventiva para el denunciado.

De los 15 casos en trámite, 6 tienen pendiente que se emita una nueva sentencia porque se declaró nulidad de los casos. Otros 4 tienen pendiente que se emita una sentencia en segunda instancia. En otros tres casos, se interpusieron recursos de casación para que la Corte Suprema de Justicia decida si anula o no la sentencia dictada.

Estos 15 casos, sumados a los 4 que ya se encuentran cerrados, ya obtuvieron algún tipo de respuesta del Poder Judicial. Trece terminaron con una sentencia condenatoria y cuatro con una sentencia absolutoria. Es decir, en 4 casos, niñas, niños y adolescentes no obtuvieron justicia para sus agresores.

En uno de estos casos, el Poder Judicial decidió no castigar al denunciado por violación a pesar de que la pericia psicológica practicada a la menor halló que presentaba estrés postraumático generado por una agresión sexual, además de una desfloración antigua encontrada por el médico legista.

Otro magistrado decidió no condenar al denunciado por violación porque la víctima, una niña de 6 años, «se mostraba reacia a declarar, guardaba silencio, posteriormente y con mucha insistencia de sus acompañantes declaró en forma meridiana».

Tampoco castigaron a otro denunciado porque la víctima dio su testimonio varios años de que sufrió la violación y porque su mamá no identificó a tiempo la agresión, estereotipos de género que no deben considerarse al momento de emitir una sentencia.

JUSTICIA QUE TARDA

La investigación también concluyó que, de los 19 casos, en 15 el Poder Judicial se tardó más de 36 meses en emitir respuesta. Un caso se demoró en 24 y 36 meses para obtener sentencia y en otros 3 se tardaron entre 12 y 24 meses.

En otros 3 se han tardado más de 100 meses. Es decir, 8 años. Ocho procesos legales por violación sexual y tocamientos indebidos llegaron a su fin después de 5 años.

La demora para dictar una sentencia final perjudica a los menores porque en algunos casos deben narrar la violencia sexual que sufrieron en el juicio oral, tal como lo hicieron al inicio del proceso.

Del total de casos estudiados, solo en 15 las y los menores pudieron declarar en una Cámara Gesell. Cabe resaltar que en todos los casos de violación sexual y tocamientos indebidos las víctimas deben dar su testimonio en este espacio. Así se dispuso en 2009. Sin embargo, esta herramienta no se ha implementado en todas las Fiscalías del país. El objetivo de que las niñas, niños y adolescentes usen este espacio para contar lo ocurrido es que no tengan que repetirlo en el juicio oral. Así, dejan de estar obligados a recordar y contar lo que sufrieron.

Sin embargo, de los 17 casos que obtuvieron sentencia en primera y segunda instancia, en 7 los denunciantes acudieron al juicio oral para revivir la violación de la que fueron víctimas muchos años después de que denunciaron.

Por ejemplo, en uno de los casos, una niña de 10 años denunció la violación en una Cámara Gesell. Pese a esto, ocho años después, cuando se dio el juicio oral, la obligaron a ir nuevamente a contar lo que sufrió. Para entonces, ya tenía 18 años.