Redacción Wayka
Hace exactamente dos años, un siete de julio del 2018, el país escuchó por primera vez las voces de magistrados de alto rango negociando favores con sus pares del Poder Judicial, y posteriormente fueron conocidos como la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Pese al tiempo transcurrido, varios de los personajes implicados aún no son juzgados ni sancionados por las instituciones correspondientes.
Luego de que se conoció los entretelones de presuntos delitos de tráfico de influencias y crimen organizado dentro del sistema judicial, se decretó la remoción y el cierre del Consejo Nacional de la Magistratura, se declaró en emergencia la Corte Superior de Justicia del Callao y la Corte de Lima Sur, se ordenó prisión preventiva para más de diez jueces, exfuncionarios públicos y empresarios cómplices, y se retiró de sus cargos a varios de los implicados.
Pese a los avances mencionados, para la abogada Cruz Silva del Carpio, que fue parte de Justicia Viva, la organización que junto a IDL – Reporteros publicó el primer caso contra Los Cuellos Blancos del Puerto, aún hay procesos pendientes. “No solamente los entes de control no han funcionado por presencia de actores involucrados con esta red de corrupción de la justicia, sino que además hay arremetidas”, explicó Silva del Carpio a Wayka.
Caso César Hinostroza
Este martes, el Consejo de Ministros de España aprobó la extradición del exvocal supremo César Hinostroza, para que sea procesado en Perú solo por los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible, pero no por el de organización criminal. Como se recuerda, Hinostroza fugó a España en octubre de 2018.
Desde el Congreso de la República, se intentó acusar por el delito de organización criminal a Hinostroza y los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Aguila, Iván Noguera, Julio Gutiérrez y Orlando Velásquez, pero los votos en abstención de las bancadas de Fuerza Popular, el Apra y Peruanos Por el Kambio (PPK), terminaron por blindarlos.
Caso Pedro Chávarry
Como sucedió con César Hinostroza, el Congreso también votó a favor de declarar improcedente y archivado la denuncia constitucional contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry y los magistrados Víctor Raúl Rodríguez Monteza, Tomás Gálvez Villegas, Aldo Figueroa Navarro, Martín Hurtado Reyes y Duberlí Rodríguez Tineo.
Sin embargo, la congresista Carolina Lizárraga (Partido Morado) presentó recientemente una moción para que el Pleno del Congreso declare “la nulidad de los actos parlamentarios de declaratoria de improcedencia y archivo en beneficios de los altos funcionarios” vinculados a Los Cuellos Blancos del Puerto mencionados.
A la fecha, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tampoco ha emitido medidas cautelares sobre los casos vinculados a Los Cuellos Blancos del Puerto. Recién este martes, la institución anunció que la suspensión contra Chávarry será discutida el próximo martes 14 de julio.
Los otros implicados
Hace apenas tres días, la JNJ convocó una audiencia para mañana miércoles 8 de julio, en la que continuará con el proceso disciplinario seguido contra el juez supremo Martín Hurtado, mientras los casos del fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Ticona, siguen pendientes.
Por otro lado, a mediados de mayo de este año, el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, investigado por ser presunto miembro de Los Cuellos Blancos del Puerto, solicitó su excarcelación alegando ser parte de la población vulnerable del centro penitenciario que podría contraer coronavirus.
Sin embargo, el juez de investigación preparatoria, Hugo Núñez Julca, declaró infundado el pedido de Ríos, quien lleva en prisión preventiva desde julio del 2018. Ese mismo año, también se ordenó 25 meses de prisión preventiva contra otros 11 investigados por el mismo caso.
Para la abogada Cruz Silva, también existe una arremetida de Los Cuellos Blancos del Puerto. «Hay arremetidas de este grupo, como la denuncia de Tomás Gálvez contra Pablo Sánchez para convertir en investigado a su investigador. Esa denuncia no tiene ni pies ni cabeza», señala la abogada sobre la acusación que presentó Tomás Gálvez el pasado 17 de junio contra Pablo Sánchez por una supuesta complicidad con los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez para encubrir a Odebrecht.
