Por Álvaro Meneses
El pasado 3 de febrero, el congresista Hipólito Chaiña Contreras, de la bancada Nueva Constitución, presentó un proyecto de ley que establece la expulsión inmediata de extranjeros que se encuentren indocumentados o que cometan delitos; además de medidas restrictivas contra el ingreso de ciudadanos venezolanos.
Entre los argumentos de su propuesta legislativa, Hipólito Chaiña sostiene que “muchos de ellos (migrantes venezolanos) vienen sin recursos, convirtiéndose en mendigos” y que “esta situación hace que muchos de ellos cometan delitos e infrinjan la ley convirtiéndose en un problema social profundo”. Además, cita una declaración de 2019 de la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres: “los ciudadanos venezolanos han quitado espacio laboral a los peruanos”.
Bajo estas premisas, el congresista de la bancada Nueva Constitución responsabiliza a la población venezolana de la inseguridad ciudadana y propone como requisitos para permitir su ingreso: pasaporte, certificado internacional de antecedentes Interpol y dos mil dólares como mínimo por persona. Los datos oficiales, sin embargo, contradicen las premisas de este proyecto de ley.
Estudios contradicen propuesta
Un estudio de la organización Equilibrium CenDE, enfocado en determinar la relación entre la migración venezolana y los índices delictivos en Perú, trae datos aclaratorios a la situación. Dicho informe concluye que “la migración venezolana no tendría efectos significativos en delitos relacionados a hurtos, robos, lesiones, homicidios y violencia sexual en Lima Metropolitana” y que este “sería un indicador de que la criminalidad en Lima y Callao se encuentra ligada a otros factores ajenos a la dinámica migratoria”.
Cabe recordar que la población venezolana se ha visto forzada a desplazarse a otros países por la crítica situación en su patria. De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2019 – 2020, el 96 % de los hogares en Venezuela está en situación de pobreza, el 79 % en pobreza extrema, un 74 % de los hogares tienen un grado de inseguridad alimentaria entre moderada y severa, y solo 1 de cada cuatro hogares tiene servicios de agua.
Según los argumentos del proyecto de ley presentado por el congresista Hipólito Chañua, la inseguridad ciudadana estaría vinculada a la migración venezolana. Sin embargo, la inseguridad aparece como el principal problema a nivel nacional por lo menos desde 2009, seguido del transporte público y la corrupción de funcionarios. “Los altos niveles de percepción de inseguridad ciudadana parecen mantenerse constantes desde el 2013 y no parecen haber sufrido una variación significativa con la llegada de venezolanos al país”, afirma e el estudio de Equilibrium CenDE.
El registro de la Policía Nacional del Perú también guarda datos que contradicen las especulaciones de la propuesta legislativa. En 2019, de los 730 mil delitos denunciados, 12 mil fueron cometidos por extranjeros (1,6 %) y 10 mil fueron venezolanos (1,3 %). Aunque la mayoría de estas denuncias fue por violencia familiar.
Por otro lado, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), de enero de 2017 hasta abril de 2020 la tasa de población extranjera en los penales era menor al 2,5 por ciento. Mientras en enero de 2017 se tuvo a 82 mil 200 reos, y de los cuales solo 1793 eran extranjeros; en diciembre de 2019 se registraron 95 mil 548 internos y solo 2199 eran de diferentes nacionalidades.