Prevenir antes que lamentar: la deuda del Estado frente a la violencia de género
En el Perú, la violencia contra las mujeres y las personas LGBTIQA+ no es un hecho aislado ni una suma de casos individuales: es el resultado de una estructura social que tolera, justifica y reproduce la discriminación desde edades tempranas. Así lo confirma una reciente investigación impulsada por Demus, que pone el foco en una dimensión históricamente relegada de las políticas públicas: la prevención primaria de las violencias basadas en género, es decir, las acciones destinadas a evitar que la violencia ocurra antes de que existan víctimas
Las cifras revelan la gravedad del problema. Según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES), el 75,7 % de la población adulta en el país tolera algún tipo de violencia contra las mujeres. En regiones como Huancavelica, Ayacucho, Ucayali o Amazonas, esta aceptación supera el 85 %. Aún más alarmante: seis de cada diez hombres justifican la violación sexual bajo ciertos supuestos, como el consumo de alcohol por parte de la víctima. Estos datos no solo hablan de violencia, sino de una cultura que la normaliza
¿Qué es la prevención primaria y por qué importa?
A diferencia de la atención a víctimas o la sanción a agresores, la prevención primaria busca transformar las raíces culturales y estructurales que sostienen la violencia: el machismo, el racismo, el clasismo, la homolesbobitransfobia y la desigualdad económica, según relata algunos hallazgos de la explica la investigación. No se trata de reaccionar cuando el daño ya ocurrió, sino de evitar que ocurra, cuestionando estereotipos, roles de género y relaciones de poder desiguales desde la infancia y en todos los espacios sociales.
Sin embargo, la investigación evidencia que en el Perú la prevención primaria ha sido reducida a acciones simbólicas: pasacalles, ferias informativas o campañas puntuales en fechas emblemáticas como el 8 de marzo o el 25 de noviembre. Actividades que, si bien visibilizan la problemática, no generan transformaciones profundas ni sostenidas en el tiempo.
Un Estado que llega tarde
La investigación revela que el Estado peruano ha priorizado históricamente la prevención secundaria y terciaria, es decir, la detección temprana de casos y la atención posterior a la violencia. Si bien estas respuestas son necesarias, resultan insuficientes cuando no se invierte en cambiar las condiciones que permiten que la violencia se reproduzca.
Esta lógica responde, en parte, a una forma de gestionar lo público basada solo en resultados rápidos y medibles: cuántos talleres se realizaron, cuántas personas asistieron, cuántos materiales se entregaron. Pero casi nunca se mide si esas acciones cambiaron creencias, actitudes o relaciones de poder dentro de una comunidad. Así, se cumple con la forma, pero no con el fondo
Territorios ignorados, políticas centralistas
Otro hallazgo clave de la investigación es el centralismo en el diseño e implementación de las políticas de prevención. Muchas decisiones se toman desde Lima sin considerar las realidades culturales, sociales y económicas de los territorios. En las regiones andinas, amazónicas o fronterizas, los gobiernos locales carecen de presupuesto, personal especializado y herramientas técnicas para implementar políticas que, en el papel, parecen avanzadas.
La investigación analizó la situación en nueve territorios priorizados —entre ellos Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, San Martín, Tacna y Ucayali— y encontró una constante: acciones estatales dispersas, poca articulación entre sectores, escasa evaluación y una débil participación de las organizaciones sociales y comunitarias.
Violencia, desigualdad y derechos sexuales y reproductivos
El informe también subraya que las violencias de género están profundamente vinculadas a la negación de los derechos sexuales y reproductivos. La falta de educación sexual integral, el control sobre los cuerpos de las mujeres y personas LGBTIQA+, y la persecución a quienes defienden el territorio y el ambiente —especialmente lideresas indígenas— son expresiones de un mismo sistema de dominación.
En contextos de alta desigualdad, estas violencias se agravan. Niñas, adolescentes, mujeres indígenas, personas trans, migrantes o con discapacidad enfrentan múltiples formas de discriminación que se superponen y las colocan en mayor riesgo. Por ello, la investigación apuesta por un enfoque interseccional, que permita entender cómo distintas formas de opresión actúan simultáneamente.
Lo que el Estado está obligado a realizar
Lejos de ser una recomendación opcional, la investigación sostiene que la prevención primaria es una obligación jurídica del Estado peruano. Tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará exigen adoptar medidas para modificar patrones socioculturales que sostienen la violencia.
La investigación recuerda que prevenir implica educar desde edades tempranas, garantizar educación sexual integral, regular contenidos discriminatorios en medios de comunicación, capacitar a funcionarios públicos y asignar presupuestos suficientes para acciones sostenidas en el tiempo. No hacerlo es incumplir compromisos internacionales, no cumplir con la obligación estatal de prevenir la violencia y así perpetuar la impunidad.
Semillas de cambio desde los territorios
Pese al panorama crítico, el informe rescata experiencias locales y comunitarias que demuestran que otra forma de prevenir es posible. Mujeres organizadas, colectivas feministas, lideresas indígenas y redes juveniles han construido estrategias de cuidado, educación y resistencia que parten del territorio y del conocimiento local.
a prevención primaria no debe ser una política marginal ni decorativa, sino un proceso de transformación cultural y democratización social, sostenido, participativo y con enfoque feminista e interseccional propone la investigación.
Mientras el Estado siga llegando tarde, las violencias seguirán cobrando vidas, proyectos y futuros. Prevenir no es un lujo ni una consigna: es una urgencia ética, política y de derechos humanos.
Por: Silvia Bardales Q.
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