Durante el conflicto armado interno murieron cerca de 3,400 personas al año, un guerra interna que ha marcado la historia reciente de nuestro país. Este año, el Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación cumple 15 años de haberse entregado y tenemos aún mucho que aprender de las recomendaciones que necesitamos aplicar para ser un país que sobre todo respete a las personas, reconozca positivamente su diversidad cultural y defienda la vida en dignidad.

Y es justamente en la defensa de la vida que sorprende el número de personas que anualmente mueren en la red vial de nuestro país, muertes que han sido “normalizadas” y constituyen una terrible muestra que aún nos falta mucho trabajo institucional como país a favor de la vida y la dignidad del ser humano. En la red vial de nuestro país mueren aproximadamente 3,100* personas al año. Salir de nuestras viviendas para comprar, trabajar, ir al colegio, viajar o ejercer nuestro derecho al tránsito en nuestros territorios (zonas urbanas o rurales) nos cuesta la vida.

Pensemos en proporciones, comparables con el número de población en Lima y el Callao. En los últimos 12 años 1,069,116 personas han tenido un accidente de tránsito (aproximadamente toda la población del Distrito de San Juan de Lurigancho). Al año esto supone un promedio de 89,093 personas que sufren un accidente de tránsito (es aproximadamente toda la población del distrito de Miraflores) de las cuales 52,623 personas  resultan heridos (aproximadamente toda la población del distrito de San Isidro) y de ellas 3,142 mueren (aproximadamente toda la población del distrito de La Punta).

Al día existen aproximadamente 250 accidentes de tránsito de los cuales solo 93 personas resultarán ilesas, 148 tendrán algún tipo de herida o perjuicio físico y 9 personas morirán, de las cuales en la red vial urbana morirán 7 y 2 en la red vial rural.

Estos datos son en promedio similares a las muertes anuales ocurridas durante el conflicto armado interno. Estamos viviendo una verdadera guerra interna en las calles, carreteras, caminos de nuestro país.

En el año de 1999 se promulgó la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, ley que no ha tenido mayores modificaciones a favor de la vida en nuestros territorios. El reglamento de tránsito y la infraestructura que posibilitan nuestros desplazamientos en nuestros territorios (peatonal, ciclista, vehicular privado o público) tiene el mismo sentido y responden a la Ley, que prioriza y regula al transporte motorizado y en particular al auto, que regula la vida dejando toda la responsabilidad al mercado y a una póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) implementada desde el 2002. No hay mayor modificación a las velocidades, a la inclusión de otras movilidades, la educación vial integral o la inclusión de personas con discapacidad.

Nuestra actual Ley y reglamento de Tránsito deberían ser modificadas o replanteadas a favor de la vida  y a la libertad de desplazarnos con seguridad en nuestros territorios urbanos y rurales.

¿Qué estamos haciendo para frenar el terror? ¿Qué están proponiendo desde el ejecutivo y el legislativo? ¿Cuál son nuestras propuestas desde la sociedad civil?

*Considerando los datos del 2006 al 2017 han muerto 37,714 personas.