El alto costo de un contrato entre Promperú y Sony Music para la elaboración de dos videoclips con artistas internacionales famosos para la promoción turística del país no solo ha despertado la indignación de las redes sociales sino que ha logrado poner en agenda la calidad de la gestión de esta institución pública. Es conocido dentro de la comunidad audiovisual el apoyo que Promperú ha brindado al cine peruano, que se ha caracterizado por ser disonante con las políticas de promoción que implementa el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO). Es decir, mientras la DAFO convoca anualmente a concursos para producir, distribuir y exhibir películas peruanas, para formación de capacidades para los miembros de la comunidad audiovisual o para promover películas en el extranjero, donde hay postulantes, jurados y ganadores, Promperú da zancadas y desarrolla una política paralela, que esquiva los procesos concursables, y brinda apoyo económico directo a productoras y cineastas pero según criterios desconocidos.

Esta situación, que se vive por años, responde a una ausencia de una política pública articulada entre Promperú y el Mincul, donde somos testigos de los disparos al aire que hace la entidad dependiente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Se apoya a películas que se saltan procesos formales y apelan a la facilidad que les da la cercanía con los decisores o a la confianza de que estos criterios desconocidos los ayuden para viáticos a festivales, pago de publicidad, o algo más desconcertante, para pagar la postproducción de sonido de films comerciales que no lo necesitan o que ni se atreven a postular por la vía formal.

Dos casos emblemáticos: el apoyo a dos films muy comerciales y con pronóstico taquillero como Asu Mare 2 y Guerrero. Pese a que articulistas liberales y la editorial de El Comercio, ante el éxito del primer film de Carlos Alcántara, afirmaban que no era necesaria la subvención del Estado para promover el cine peruano, que era urgente abolir medidas proteccionistas e intervencionistas para el audiovisual (es decir cero plata e incentivos del estado para el cine), la famosa productora de Miguel Valladares recibió montos del Estado para terminar ambos films. Según la página de SEASE, el órgano supervisor de las compras del estado, se registra el Servicio de postproducción de una película, así a secas, para luego ver en el informe técnico que se trata de la secuela de Asu Mare, que llevó a las salas a más de tres millones de espectadores. Al parecer los recursos de la productora no alcanzaron para postproducir la secuela y a través del expediente INTER-PROC-171-2015-PROMPERU-1 del 14 de abril de 2015, se le asigna 19 mil dólares para realizar este proceso en Chile. Una cifra menor, de $ 8,600.00 recibió Guerrero, pero esta vez como Servicio de postproducción de sonido en apoyo a Tondero producciones. También tenemos que mencionar que el 9 de julio de 2015, Tondero también recibió el apoyo de Promperú pero de $3,000.00 para Servicio de relaciones públicas de película “Asu mare 2“, es decir, el Estado peruano también corrió con la cuenta de su difusión en Santiago de Chile por quince días. Al parecer las ganancias del cine comercial taquillero no son tan rentables como se dijo, tanto que el Estado tiene que dar su ayuda.

Si bien las cifras dadas a Tondero no se comparan con el millón de dólares dados para dos videoclips de Sony Music, el problema estaría en que no existe un protocolo o proceso para evaluar a qué empresas audiovisuales se da ayuda. Si el Estado implementa concursos, donde cineastas postulan con sus proyectos, con sus guiones y planes de rodaje, otros se llevan la ventaja de lograr beneficios tras reuniones con determinados decisores de Promperú. En todo caso, ¿cuál es la mecánica de estas ayudas o subvenciones a empresas como Tondero? ¿Por qué no a otras que también lo necesitan? ¿Esas van a DAFO?

También vale la pena mencionar los cien mil dólares que el Estado peruano brindó a la Fundación Wiese para realizar la postproducción de la película documental Chavín de Huántar y el caso similar de la película producida por Promperú, Perú: Tesoro escondido, que se puede ver en Netflix tras su estreno comercial en salas peruanas, y que también tuvo un costo millonario. Pero se trata de una bicoca si comparamos a los casi dos millones de dólares que costó la Casa Perú y su zona VIP en Moscú, durante el reciente mundial de fútbol. O los stands que Promperú financia sin un estudio claro de la repercusión de ello en el audiovisual nacional, como financiar un stand por casi 40 mil euros en MIPCOM, el mercado de televisión que se realiza anualmente en Cannes, cuando sabemos que Perú no tiene mucho qué ofrecer en ese rubro (no producimos series como Colombia o Argentina), a menos que se trate de la docena de productos que llevó Tondero en representación blanquirroja. Quizás allí sea más productivo apuntar a otro tipo de mercados de más impacto y donde nuestra carta de presentación sea de otra calidad.

Punto aparte son las inusuales campañas a productos cinematográficos internacionales con el fin de promocionar la imagen del país, como fue el caso del film Paddington 2, donde Promperú pagó más de 74 mil libras esterlinas (casi cien mil dólares) para que pueda promocionarse a Perú en Reino Unido, o el pago que se hizo a la productora del film de animación español Tadeo 2, de 190 mil euros, para que se incluyeran algunas escenas donde se mencione a nuestro país.

El asunto en cuestión no es que Promperú realice su labor de promoción del país con fines turísticos, sino los procedimientos a todas luces informales, sin articulación con otras políticas del sector, y que parecen obedecer al estado de ánimo de turno de sus decisores y a la buena empatía con los beneficiarios. No es posible que algunos filmes peruanos precandidatos al Oscar o al Goya de años anteriores no hayan recibido recursos para su difusión, como tememos pasará con Wiñaypacha de Oscar Catacora, bajo el argumento de que el Mundial de fútbol dejó las arcas vacías.