Escribe María Mancilla
Las recurrentes marchas contra el aborto se han auto-denominado “marchas por la vida”. Un nombre desafortunado si se revisan las estadísticas tanto mundiales como regionales sobre las muertes consecuencia de abortos clandestinos.
Según el Guttmacher Institute, un instituto estadounidense especializado en salud sexual y reproductiva, a nivel mundial, 22.000 mujeres mueren cada año por complicaciones relacionadas con abortos clandestinos. En América del Sur, la totalidad de los abortos se realizan en condiciones peligrosas para la mujer. Solo en Cuba se practican abortos seguros. Se estima que en el Perú se llevan a cabo alrededor de 1 000 abortos por día, todos ellos en condiciones que no respetan los requisitos de higiene o por personas que carecen de los conocimientos necesarios para realizar estas intervenciones (cifra de 2006).
Según la asociación peruana Católicas por el derecho a decidir “el 50,9% de mujeres hospitalizadas por aborto incompleto son menores de 25 años”. La asociación de defensa de los derechos humanos Aministía Internacional señala además que los abortos clandestinos y las complicaciones derivadas de estos constituyen la tercera causa de mortalidad materna en el Perú.
Vemos entonces que los países que cuentan con legislaciones restrictivas no solo mantienen tasas de abortos mucho mayores que la de los países con legislaciones que respaldan el derecho a decidir, sino que además las mujeres abortan en condiciones muy peligrosas para su salud y su propia vida. En efecto, la tasa de aborto en América Latina, donde en la mayoría de países el aborto es ilegal, es del 32 por 1000, mientras que en Europa occidental, donde está permitido abortar en la mayoría de países, es de 12 por 1000.
Pedir que el aborto se mantenga prohibido no salva vidas, sino que condena a muerte a muchas mujeres. Para evitar abortos es necesario proporcionar una educación sexual integral a las personas jóvenes.
