Las relaciones entre niñas y hombres adultos continúan normalizándose en una sociedad donde más del 80% de niñas son víctimas de violación. ‘Clara’ es una de ellas y ahora asume una maternidad en la pobreza y el olvido.

Por Elmer Flores

‘Clara’ trabaja en su tienda de abarrotes mientras cuida a su hija de once meses. A la par, escucha sus clases de sexto de primaria a través del programa educativo estatal que se emite por radio. Ella desea un día convertirse en obstetra, pero antes debe nivelarse en los grados que le faltan y acabar la escuela.

Sí, ‘Clara’ es una niña que ahora tiene 14 años, pero a los 12 quedó embarazada producto de una violación, y a los 13 se convirtió en madre.

Su casa a medio construir está ubicada en la provincia de Huanta en la región de Ayacucho. Es un lugar sin asfalto y a diez minutos del centro. Al lado de su puerta de metal hay una carretilla que la usa para vender salchipapa por las noches. El dinero que junta le sirve para pagar algunos gastos de su hija.

‘Clara’ no pasa el metro y medio de estatura, y su delgada contextura esconde la realidad que ella vive. Lo mismo dicen sus ojos en su menudo rostro de niña que tiene.

Huanta es uno de los lugares pobres de la región. Foto: Elmer Flores

Maternidades forzadas

Cuando tenía 12, ella fue engañada por un hombre adulto de 19 años. Jhon Alfonso Auqui Palomino, quien ahora tiene 21, trabajaba como mototaxista cerca de la vivienda de ‘Clara’. Se conocieron en algún servicio de movilidad, y con engaños continuaron frecuentándose hasta que ella quedó embarazada.

—Me dijo para estar juntos, pero durante el embarazo desapareció y cuando di a luz, solo me trajo pañales y una colcha— narra.

‘Clara’ no solo es víctima de la violencia sexual, también del abuso de poder que ejercen los hombres adultos sobre las niñas.

David Pacheco, representante de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho, considera que la cultura machista aún prevalece en la sociedad peruana, especialmente en las zonas rurales, donde las familias consienten o ven como “normal” una relación entre una persona adulta y una menor. Una problemática que se da, pese a que la ley lo prohíbe y se tipifica como delito.

«La cultura machista es aún fuerte, por ello es que se ven casos como este y muchos otros, donde para la familia de la agredida es normal que sucedan estas cosas», señala Pacheco.

La madre de ‘Clara’ acordó con Alfonso Auqui una manutención mensual. El miedo a que su hija se quedara sin apoyo económico y desamparada hicieron que decida no denunciar al agresor por violación, y solo entable una denuncia por alimentos. La falta de acceso a educación sexual, la desidia de las instituciones y la desigualdad económica refuerzan a que se continúe normalizando las relaciones entre niñas y adultos. El agresor de ‘Clara’ continúa libre.

El psicólogo Cristhian Castro del Centro de Salud de Carmen Alto, opina que el caso de ‘Clara’ pudo evitarse. No solo con el kit de emergencia que previene el embarazo, también con una adecuada educación sexual. “Es muy importante hablar sobre sexualidad con los hijos, más aún cuando se trata de una mujer, por ser más vulnerable en una sociedad machista como la ayacuchana. La menor necesita ayuda de todo tipo y uno de ellos es en lo psicológico”, sostiene.

Castro también menciona acerca de las secuelas que la violencia sexual deja en las niñas a nivel emocional y psicológico. Y cómo los estigmas sociales repercuten en todos los niveles de su vida. “Podría presentar vergüenza, baja autoestima, depresión y soledad; por ello, desde ahora se debería estar trabajando en su futuro inmediato a nivel psicológico”, explica.

Juzgada en el hospital

Recién a los tres meses de embarazo la niña supo que estaba gestando. Era febrero de 2019 y su madre la había enviado a una clínica para hacerse unos exámenes, acompañada de su hermana. Estaba preocupada porque el periodo menstrual de ‘Clara’ no venía a su tiempo  Para ese entonces, ella todavía tenía 12 años. 

Tras confirmarse la noticia del embarazo, ‘Clara’ se trasladó al hospital de Huanta para sus chequeos médicos y la atención de parto, pero no imaginó que allí sería estigmatizada.

—Me hablaron mal, parece que se molestaron porque estaba embarazada— cuenta.

La niña no recibió el kit de emergencia, tampoco le explicaron que existía el aborto terapéutico o que podía acceder a este procedimiento. Ni en la clínica y el hospital pudieron explicarle sobre estos derechos. A cambio tuvo malas caras y reproches. 

El aborto terapeútico es un procedimiento médico que se aplica hasta las 22 semanas de gestación, cuando la salud y vida de las niñas y mujeres están riesgo, sobre todo para casos de violación sexual.

‘Clara’ es una niña a la que se vulneraron sus derechos, y ahora carga con una maternidad forzada. “Nunca me avisaron que podía abortar y no me hablaron sobre dicho método”, comenta.

David Pacheco de la Defensoría dice que el hospital debió explicar a la menor sobre el kit de emergencia, tal y como manda la norma en estos casos. Incluso, no es requisito que tenga el DNI o se requiera la presencia del fiscal para recibirlo, así como acceder al aborto terapéutico.

“En el centro de salud debieron garantizar la entrega del kit de emergencia de acuerdo a la Ley N° 30364, establecido en la directiva sanitaria para el uso del kit en la atención de casos de violencia sexual y para evitar enfermedades de transmisión sexual, de no haberlo hecho, incurrieron en un delito y falta”, menciona.

Hospital de Huanta colapsó en su capacidad de atención porque tiene más de  50 años de antigüedad | EDICION | CORREO
Hospital de Huanta en la región de Ayacucho. Foto: Correo

Abandono e impunidad

En agosto, el caso de ‘Clara’ se hizo público en los medios de la región. Las autoridades e instituciones tomaron contacto con ella, pero luego de unos meses quedó en el olvido.

Wayka se comunicó con el Centro de Emergencia Mujer (CEM) de Ayacucho para conocer avances sobre el caso, pero hasta el cierre de la nota no hubo una respuesta. Por ahora, la Defensoría del Pueblo solo ha emitido recomendaciones a las entidades que corresponden.

Por su parte, la Fiscalía de Huanta aperturó una investigación por tratarse de una menor de edad, según la Defensoría. Un caso que podría configurarse como delito de violación sexual a menores de 14 años.

Maritza Aparicio, abogada del Movimiento Manuela Ramos en Ayacucho, señala que el avance o retroceso sobre el caso de ‘Clara’ está en manos de la Fiscalía, pues son ellos quienes deben continuar de oficio con las investigaciones, ya que se trata de una clara violación a una menor de edad. Incluso, señala que el Hospital de Huanta también debería ser investigado por no darle orientación y acceso al aborto terapéutico.

“Este caso se tiene que investigar y sancionar al responsable, aplicando el enfoque de género y el principio de interés superior de la niña, sin importar que sus familiares desistan continuar con la denuncia, porque es un delito perseguible de oficio y fue cometido por un hombre mayor de edad”, puntualiza Aparicio.

Violencia sexual contra niñas

Según un estudio elaborado por el Poder Judicial en 2019, las violaciones sexuales en menores de edad representan el 83.4% de los casos. Un 28,5% está conformado por menores de 0 a 12 años y otro grupo de 13 a 17 años, el 54,9%. Pero, ¿cuántas de las cifras de menores violentas se convierten en maternidades forzadas?

Ayacucho registra 22 casos de niñas de 0 a 14 años que son madres en lo que va de 2020, según el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo del Ministerio de Salud. El universo al nivel nacional suma 831casos.

Los perfiles de los agresores se identifican con personas cercanas al entorno de la víctima. El 41,2% de los agresores son amigos, vecinos, empleadores y otros. El 38,2% está conformado por los padres, padrastros, abuelos, suegros, sobrinos y tíos. Mientras que el 16,7% son personas desconocidas y un 3% corresponde a la pareja o expareja de la víctima.

Las cifras muestran que el mayor porcentaje de violaciones sexuales se da contra niñas. Por esto es necesario que el Estado y sus instituciones garanticen el acceso a derechos sexuales y reproductivos para las menores, así como a la justicia. También a una educación sexual en las escuelas para que nuestras niñas tengan más y mejores herramientas que les permita defenderse de agresores que actúan con total impunidad.