Redacción Wayka
En medio de un año agitado por los conflictos socioambientales desatados al interior del país, llega a la mesa directiva del Congreso de la República un proyecto de ley que busca regular las licencias sociales para las mineras y otras empresas dedicadas a la extracción de los recursos naturales.
Desde el despacho de la bancada del Frente Amplio, el congresista Marco Arana acaba de presentar una propuesta legislativa que intenta garantizar la comunicación entre las comunidades afectadas, el Estado y las empresas privadas. Sus colegas Rogelio Tucto, Hernando Cevallos, Humberto Morales y Edilberto Curro suscribieron el proyecto de ley.
“Promueve, desde el enfoque sistémico, la interacción, participación, concertación y cooperación entre los diferentes niveles de gobierno, el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones de pueblos indígenas u originarios, para optimizar el diálogo”, sostiene el proyecto.
La propuesta legislativa también apunta a que la sociedad civil tenga acceso a la información relevante mientras se discuta la licencia social. «El Estado debe de poner a disposición de la ciudadanía, toda la información de carácter público relacionada con la empresa a cargo de las actividades extractivas», argumenta la propuesta.
Las entidades que tendrían competencia de ser parte del proceso para la aprobación de la licencia social a las empresas extractivas son la Presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios de Energía y Minas, Ambiente, Producción, Agricultura y Riego, Cultura, y algunos otros viceministerios específicos.
Los procesos de licencia social serán acompañados de estrategias nacionales personalizadas según los contextos de las regiones, un protocolo de intervención que la empresa privada deberá seguir, y que sería fiscalizado por las instituciones del Estado.
