El negocio de los genes: Los agricultores son los guardianes de las semillas nativas, pero las corporaciones se llevan las ganancias

Por Nithin Ramakrishnan & Mirna Inés Pradel*

Del 24 al 29 de noviembre, delegados de 155 países se reúnen en Lima para la Undécima Reunión del Órgano Rector del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA). Las discusiones de esta semana definirán si el mecanismo, creado para equilibrar el acceso global a la biodiversidad agrícola, logrará asegurar la justicia para quienes han cuidado esas semillas durante generaciones, o si solo profundizará las desigualdades en el reparto de sus beneficios.

En 2019, una cifra casi invisible para el público general apareció escondida en un informe técnico: 732.301 dólares. Ese fue el monto que la empresa holandesa Nunhems, hoy parte de Bayer, pagó al Fondo de Distribución de Beneficios del Tratado de Semillas. El pago no fue un acto filantrópico, sino la formalización de que la compañía había usado semillas provenientes del Sistema Multilateral del Tratado, muchas de ellas originalmente cultivadas y mejoradas por comunidades indígenas y campesinas de países del Sur. A primera vista, la historia podría parecer un ejemplo de cooperación internacional. Pero al mirar más de cerca, se convierte en un síntoma de un problema profundo: más de siete millones de transferencias de semillas han circulado dentro del sistema desde 2001 y solamente seis usuarios en el mundo han compartido beneficios económicos. Ya el mercado mundial de semillas se valora en decenas de miles de millones de dólares, alrededor de 70 mil millones.

Hoy, mientras en Lima se negocian reformas al Tratado que podrían expandir este sistema, el caso holandés funciona como advertencia. El mecanismo que nació para equilibrar el acceso global a la biodiversidad agrícola y asegurar justicia para quienes han cuidado esas semillas durante generaciones está siendo reescrito de una forma que podría profundizar las desigualdades en lugar de corregirlas.

El Tratado de Semillas fue concebido para facilitar el intercambio de cultivos esenciales como el trigo, la papa, el maíz o el arroz. A cambio del acceso, los usuarios se comprometían a compartir beneficios y a no reclamar propiedad intelectual sobre el material recibido. La lógica detrás del sistema era tan sencilla como justa: si se comparte la base genética que alimenta al mundo, también deben compartirse las ganancias que se generan a partir de ella. Sin embargo, el funcionamiento real ha sido muy distinto. El sistema ha permitido que muchas empresas del Norte global utilicen libremente semillas provenientes de países del Sur para alimentar investigaciones con altos retornos económicos, mientras que los países proveedores y las comunidades agrícolas reciben poco o nada a cambio.

Lo preocupante es que las enmiendas que hoy se debaten no buscan corregir esta falla, sino ampliarla. Algunas propuestas exigen que los países pongan a disposición del Sistema Multilateral prácticamente todas sus colecciones nacionales, incluso sin recibir garantías de que los beneficios retornarán a las comunidades que contribuyeron con esos recursos. En otras palabras, se amplía la puerta de entrada, pero no se refuerzan los mecanismos de equidad.

Los bancos internacionales de genes y la biopiratería digital 

En este escenario, suele olvidarse un actor fundamental: los bancos internacionales de genes. Estas instituciones administran cientos de miles de muestras recolectadas en su mayoría en países en vías de desarrollo y son el corazón del sistema global de mejoramiento vegetal. Aunque se presentan como guardianes neutrales de la biodiversidad, los bancos de genes también generan ingresos y están empezando a hacerlo de manera más agresiva. Además de proporcionar material genético para investigaciones privadas, ahora preparan modelos de acceso por suscripción a sus bases de datos genómicas. Esto significa que la información genética de semillas originalmente compartidas por países como el Perú podría convertirse en un recurso comercializable sin que quienes generaron esa diversidad reciban beneficio alguno.

La amenaza se vuelve aún más compleja cuando entra en escena la biopiratería digital. A diferencia de la biopiratería tradicional, que implicaba la extracción física de semillas, hoy basta con secuenciar una de ellas para convertirla en un archivo digital accesible desde cualquier parte del mundo. Una vez que el ADN de una variedad, por ejemplo, una papa nativa cusqueña o un frijol de Cajamarca, se sube a una base de datos internacional, cualquier usuario puede descargar esa información, analizarla, identificar rasgos valiosos y utilizarlos para desarrollar nuevas variedades o productos industriales, incluso patentarlos. Todo esto sin pedir autorización, sin compartir beneficios y, en la mayoría de los casos, sin informar el origen de los datos. Sólo el 16% de las secuencias genéticas de cultivos publicadas en línea contienen atribución geográfica.

Lo más inquietante es que las reformas propuestas al Tratado dejarían la información digital completamente fuera de las obligaciones de participación de los beneficios. Se trata de un contrasentido en tiempos en los que la información genética vale más que la semilla en sí. Mientras el mundo avanza hacia una agricultura impulsada por datos, algoritmos y secuencias, el Tratado corre el riesgo de permanecer anclado en un modelo que ya no protege a quienes aportan la base genética de los cultivos.

¿Qué pasa con el Perú?

Para el Perú, estas decisiones no son abstractas. Nuestro país es uno de los territorios más biodiversos del planeta y un centro de origen de cultivos esenciales para la humanidad, desde la papa hasta diversas variedades de maíz, ajíes, frijoles y cereales andinos. Las comunidades indígenas y campesinas mantienen vivas estas semillas mediante prácticas agrícolas que combinan tradición, observación y conocimiento profundo del territorio. Estos recursos genéticos no son solo una muestra de nuestra historia; son herramientas cruciales para enfrentar el cambio climático. Rasgos de resistencia a heladas, sequías o suelos degradados son capacidades desarrolladas durante siglos y que serán indispensables en un futuro de crisis climática.

Sin embargo, si el sistema se amplía sin corregir sus fallas, estas semillas y la información genética que contienen podrían fluir hacia empresas e instituciones que no están obligadas a compartir beneficios, ni a reconocer la contribución de los agricultores que las mantienen vivas. Perú corre el riesgo de convertirse en un proveedor gratuito del sistema global de investigación agrícola, mientras otros actores transforman nuestra biodiversidad en patentes y productos comerciales.

Las discusiones en Lima pueden definir si el Sistema Multilateral será una herramienta de equidad o un mecanismo de extracción. El Perú tiene mucho que ganar si el Tratado funciona como debería, fomentando cooperación real y beneficiando tanto a investigadores como a agricultores. Pero tiene mucho más que perder si la ampliación del sistema se hace sin resolver su problema central: la falta de mecanismos efectivos para distribuir los beneficios.

El caso de la empresa holandesa no fue un accidente aislado. Fue una señal de hacia dónde puede dirigirse el sistema si no se establece un equilibrio real entre acceso y justicia. En un país megadiverso como el nuestro, que depende de su agricultura familiar y enfrenta una crisis climática severa, defender nuestros recursos genéticos no es solo una cuestión de identidad o soberanía, es una necesidad de supervivencia.

Lo que está en juego va más allá de una disputa técnica. En la economía genómica que se expande desde Europa y Estados Unidos, la diversidad agrícola que nace en territorios como los Andes peruanos es el corazón de la innovación, pero quienes han preservado esa riqueza no son quienes reciben las ganancias.

Si las semillas circulan, los beneficios deben hacerlo también. De lo contrario, seguiremos aportando al futuro agrícola de otros mientras hipotecamos nuestro propio porvenir.

*Nithin Ramakrishnan es un investigador indio en derecho internacional y gobernanza de datos asociado de la Red del Tercer Mundo.Mirna Inés Fernández Pradel es una investigadora boliviana en biodiversidad de la Red del Tercer Mundo