Un proyecto de ley busca aplicar pena privativa de la libertad no menor de dos años ni mayor de cinco años en casos de omisión, rehusamiento o demora en la entrega del kit de emergencia para la atención de casos de violencia sexual a mujeres.

Redacción Wayka

“Es importante manifestar que los kits de emergencia son un conjunto de medicamentos e insumos que tienen como propósito salvaguardar la salud de una víctima de violencia sexual y prevenir una infección de transmisión sexual o un embarazo no deseado, por lo que es necesario garantizar su disponibilidad en cualquier centro de salud”, expresa la jefa de la Defensoría del Pueblo de Ucayali, Katheryne Chamoly, Sin embargo, la realidad es otra.

Durante pandemia COVID-19, el acceso a kits de emergencia para atención de casos de violencia sexual fue limitado y en algunos lugares casi inexistente. En el 2020, la Defensoría del Pueblo identificó hasta 17 centros de salud que indicaron no haber garantizado la provisión de este conjunto de medicamentos que están enfocados en salvaguardar la salud de una víctima de violencia sexual.

Ante esta situación, la legisladora Ruth Luque presentó el proyecto de ley 1765 que propone sancionar penalmente a funcionarios que omitan, rehúsen o retarden entrega de Kit de emergencia para víctimas de violencia sexual. «Buscamos asegurar la entrega oportuna de kits a las mujeres y niñas afectadas con el fin de evitar embarazos no deseados», detalla Luque.

Se precisa que en los casos de violación sexual, el fiscal verifica si la agraviada recibió el kit de emergencia «De no haberse realizado la entrega oportuna remite copias al fiscal penal de turno correspondiente, por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales», señala el proyecto de ley.

El problema que identifica la congresista es que el kit es entregado en centros de salud y en reiteradas ocasiones la víctima no llega a este tipo de establecimiento. «Por eso estamos proponiendo que la entrega del kit la haga el médico legista», comenta a Wayka.

Para Cynthia Silva, directora de DEMUS, es absolutamente necesario pasar a impulsar sanciones efectivas para quienes no cumplan con sus deberes más aún cuando dicho incumplimiento puede acarrear consecuencias graves adicionales para la vida de mujeres y niñas.

El proyecto se encuentra en Comisión de Justicia y Derechos Humanos. En nuestro país, el problema de la violencia sexual contra las mujeres exhibe un patrón alarmante. De acuerdo a las estadísticas presentadas por el programa AURORA, se tiene que en el año 2021 se han presentado 22 456 casos de violencia sexual, de los cuales el 94.5% fueron cometidos contra mujeres. La evidencia señala que las personas agraviadas son en su gran mayoría mujeres.

El kit de emergencia garantiza efectividad si se entrega antes de las 72 primeras horas de ocurrida la agresión sexual. Por eso es fundamental que establecimientos de salud lo entreguen, pues previene embarazos no deseados y enfermedades producto de violaciones.