El primer ministro, Aníbal Torres, sostuvo que los miembros de Serenazgo deben de tener armas para enfrentar la delincuencia; sin embargo, especialistas de la CNDDHH y del Instituto de Defensa Legal (IDL) señalan que lejos de ser una solución, esta propuesta podría ser un gran riesgo para la sociedad que terminaría agravando el problema con más violencia.
Por Andrea Morales
“Una persona sin armas no puede enfrentar a un delincuente que está armado. Entonces, previa a una preparación y selección, los miembros de Serenazgo también deben de estar armados”, afirmó el premier Aníbal Torres durante una conferencia de prensa del 16 de febrero.
Sin embargo, esta medida que, en principio parece ser positiva para luchar contra la inseguridad ciudadana, podría ser perjudicial y hasta ilegal.
“De acuerdo con los estándares internacionales, el Estado solo puede autorizar el uso de la fuerza a funcionarios que se encuentran adecuadamente capacitados para ello. Pese a que la ley de Serenazgo señala que el Mininter debería establecer los lineamientos para la capacitación del Serenazgo, estas políticas hasta la fecha no se han desarrollado”, aseveró Mar Perez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
En efecto, la ley Nº 31297, ‘Ley del Servicio De Serenazgo Municipal’ recién se publicó en julio del año pasado y, solo dos meses antes, el Ministerio del Interior había presentado una propuesta preliminar para estandarizar la capacitación de los serenos a nivel nacional, la cual sigue en proceso. Actualmente, el único centro de instrucción para el servicio de Serenazgo es el Centro Metropolitano de Formación y Capacitación de Serenazgo (CEMFOCAS), el único que existe hasta el momento y que pertenece de la Municipalidad de Lima.
«El servicio de Serenazgo Municipal ha existido en un desamparo legal normativo hasta julio del año pasado, con la aprobación de la ley del Serenazgo Municipal que ha servido para darle una forma jurídica y control al Serenazgo. Hasta julio del año pasado, el Serenazgo era un señor o señora al que le dabas un pito y eran serenos, aunque siempre dependiendo de cada municipalidad», explica Stefano Corso, especialista de Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal (IDL).
Según el Informe de Seguridad Ciudadana de 2019 del IDL, con la información que enviaron las propias municipalidades, solo diez de las 43 municipalidades que tiene Lima superan las 100 horas de capacitación, siendo Pucusana, Ate y Lurín las que lideran la lista. En cambio, las municipalidades de Chaclacayo, Lince y San Martín de Porres realizan una capacitación previa casi nula.
«Hay municipios que son los más ricos del Perú, como Surco o San Isidro, que tienen un plan de capacitación de 100 a 200 horas, pero hay otras municipalidades que absolutamente no dan ni una hora de capacitación o instrucción básica, ¿de verdad vamos a darles armas?», cuestiona Corso del IDL.
En la misma línea, la abogada de la CNDDHH sostiene que «no existe en estos momentos ninguna garantía de que los serenos que utilicen armas cuenten con un entrenamiento adecuado para ello, con lo que supondría una fuente adicional de inseguridad para la población”.
Antecedentes de violencia y corrupción
“Ya se han registrado situaciones donde el personal de serenazgo ha protagonizado actos de abuso de autoridad, discriminación y violencia, y ello es en parte porque no cuentan con capacidades adecuadas ni suficiente supervisión. La situación sería aún más peligrosa si portaran armas de fuego”, puntualizó Pérez de la CNDDHH.
La situación más peligrosa sería para las personas de la comunidad LGTBIQ+, quienes han sufrido violencia principalmente de funcionarios públicos, en su mayoría serenos, señala Corso. Uno de los pocos estudios al respecto es la Primera Encuesta Virtual para Personas LGTBI, realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en 2017.
Según la encuesta, el 63% de población LGTBI manifiesta haber sido víctima de algún acto discriminatorio y/o violencia, siendo el escenario principal el espacio público (65.6%) y que son los funcionarios públicos uno de sus principales agresores (32.7%).
“Otro factor de riesgo es la corrupción, que presenta los más elevados niveles de incidencia en los gobiernos locales. Colocar personas armadas bajo el mando de alcaldes corruptos puede ser un cóctel explosivo, que acreciente los niveles de violencia que ya vienen sufriendo periodistas de investigación, operadores de justicia y personas que defienden los derechos humanos en el país”, señaló Mar Pérez.
Cabe recordar que en el último informe de la Contraloría, el perjuicio económico producido por la corrupción y la inconducta funcional en el 2020 asciende a poco más de los S/ 22 mil millones -equivalente a 12.6% del presupuesto ejecutado-, siendo la mayor incidencia en los gobiernos regionales (15.7%) y locales (17.6%).
“En lugar de continuar dictando medidas populistas que solo empeoran el problema de inseguridad ciudadana, el Estado debería apostar por un fortalecimiento en serio de la Policía: terminar con la corrupción enquistada en la institución, profesionalizar a los policías, fortalecer unidades como la Diviac”, sentenció Pérez.
“Una de los aprendizajes de la experiencia de la militarización ciudadana, sobre todo en el triángulo centroamericano de El Salvador, Honduras y Guatemala, es que la introducción de elementos militares en la estrategia policial ha devenido en un escalamiento de la violencia, y cuando se desata esa espiral de violencia, es muy difícil desescalarlo. La respuesta suele ser mano dura, el punitivismo populista, el ojo por ojo, pero que en realidad no funciona en ninguna parte del mundo”, finaliza el especialista en Seguridad Ciudadana del IDL.
