Redacción Wayka

El pasado 11 de setiembre, las congresistas Tamar Arimborgo y Milagros Salazar presentaron un proyecto de ley que busca proteger al concebido por sobre la vida y salud de la gestante. Esta propuesta pone en jaque la integridad de miles de niñas con embarazos producto de violencia sexual.

Los datos oficiales obtenidos por el Comité de América Latina y el Caribe por la defensa de los derechos de las mujeres (CLADEM) revelan que más de 14 mil niñas entre 7, 10 y 14 años resultaron embarazas por violación sexual durante los últimos cinco años.

La vida de estas niñas está en constante riesgo pues tienen cuatro veces más probabilidades de morir durante la gestación o el parto. Sin contar los daños emocionales y psicológicos que significan llevar un embarazo y asumir una maternidad que no desearon y que les recuerda la violencia por la que pasaron.

Para salvaguardar su integridad física y mental, ellas deben ser informadas sobre su derecho a acceder al aborto terapéutico -legal desde 1924-, tal como lo señala el Protocolo de Actuación conjunta entre los Centros de Emergencia Mujer y los Establecimientos de Salud para víctimas de violencia sexual, aprobado en abril de este año.

Sin embargo, en la práctica, el acceso al aborto terapéutico no está garantizado. En este contexto, el proyecto de las congresistas fujimoristas solo se sumaría a la serie de dificultades que restringen el derecho de niñas, adolescentes y mujeres a practicarse dicha intervención cuando su salud o vida peligran.

«Una declaración del Congreso de este tipo, lo que puede hacer es reforzar los prejuicios y estereotipos que ya existen en los prestadores de servicios de salud que son reticentes a permitir el acceso de las mujeres a información sobre anticoncepción o al aborto terapéutico», señala Gabriela Oporto Patroni, coordinadora de Litigio Estratégico del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex).

La segunda disposición complementaria del proyecto establece derogar toda disposición que se oponga a dicha iniciativa legislativa y, en caso se presentara alguna duda o vacío legal, «se tomará como prioridad en todo momento, la vida del concebido». Cabe la pregunta: ¿y la vida de las niñas?.

Al respecto, la directora de DEMUS – Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Maria Ysabel Cedano, precisa que esta propuesta responde a la agenda antiderechos que busca penalizar cualquier forma de interrupción del embarazo.

«El aborto terapéutico está despenalizado cuando la vida está en riesgo y para evitar un grave o permanente daño a la salud (física, emocional o psicológica). Con esta propuesta se pretende atacar el protocolo del aborto terapéutico porque va a restringir a que solamente en caso de riesgo de vida pueda acceder a la intervención», precisó Cedano.

Además, el quinto artículo de esta propuesta legislativa sobrepasa el poder de decisión de la gestante sobre su propia salud, pues dispone que, en caso de riesgo médico, el «cónyuge, conviviente o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad», decidan sobre los procedimientos a seguir.

Los compromisos en materia de igualdad de género asumidos por el Estado, tienen como prioridad la vida y salud de las mujeres, niñas y adolescentes, por lo que, se esperaría que un proyecto de este tipo no prospere. Sin embargo, con los antecedentes del actual Congreso, todo puede pasar.