Por Alvaro Meneses
La sesión de la Asamblea Universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú programada para hoy tiene en agenda discutir y determinar las acciones contra Wilfredo Ardito, el docente y defensor universitario acusado de discriminación de género contra una colega.
El pasado martes 19 de febrero, trascendieron extractos de un informe de la Defensoría Universitaria de la PUCP sobre un profesor denunciado de hostigar sexualmente a una funcionaria. Lo polémico del documento, elaborado por Wilfredo Ardito, es que desestima la objetividad frente al caso de la docente María Soledad Fernandez, por haber sido agredida sexualmente en el pasado.
Entre las pocas partes del informe que se difundieron en redes sociales, se conoció los extractos en los que Ardito cuestiona la objetividad de la profesora María Soledad Fernández, la directora de la Comisión Especial que decidió destituir al docente Hildegardo Córdova por hostigamiento sexual.
Wayka tuvo acceso al informe completo elaborado por Wilfredo Ardito, en su función de defensor universitario, en el que, además de cuestionar la objetividad de la directora de la Comisión Especial, defendió al profesor acusado y refutó la versión de la trabajadora víctima de hostigamiento sexual.
Ardito defiende
El defensor universitario empieza el informe mencionando la detección de “una serie de violaciones al debido proceso, así como otras afectaciones a los derechos individuales del profesor”, refiriéndose a la destitución del geógrafo Hildegardo Córdova, tras ser acusado de hostilización sexual.
Lo que sigue, a pesar del tono en condicional, es una grave hipótesis que intenta desestimar la acusación de la trabajadora que denunció a Hildegardo por hostigamiento sexual.
“La condena al profesor se habría debido a una maniobra de una trabajadora que un cometido una serie de infracciones administrativas y está implicada en la malversación de fondos de la universidad (…) la trabajadora habría interpuesto la denuncia por acoso como un escudo ante el inminente descubrimiento de sus manipulaciones de dinero”, afirmó Ardito en el informe.
Además, se refiere al acusado como un “profesor inocente” y a la víctima como una “trabajadora deshonesta”. No solo eso, Ardito también cuestionó la decisión de la Comisión Especial por favorecer “la lucha contra el acoso”.
Finalmente, Ardito también deja entrever que existió “presión económica” y racismo en la sanción contra el geólogo decidida por la Comisión Especial. “Es posible que, de manera inconsciente, las personas actúen con mayor severidad cuando el denunciado por sus rasgos físicos o su origen étnico es potencialmente discriminable”, apuntó en el informe.
