En los últimos días, la discusión sobre la detención preliminar en casos de no flagrancia ha ganado relevancia ya que presuntos criminales se han visto favorecidos por esta medida. Pese a ello, el régimen de Dina Boluarte no ha restituido dicha medida, y asegura que aún se encuentra dentro del marco legal para decidir.

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, señaló que se está analizando el dictamen junto con las opiniones de los sectores involucrados. En una reciente conferencia de prensa del Consejo de Ministros, afirmó que el tema es complejo y requiere un estudio detallado para garantizar que la decisión sea adecuada.

“Estamos dentro de los plazos legales y seguimos recibiendo aportes de los sectores correspondientes. Si es necesario, extenderemos las consultas para garantizar una decisión bien fundamentada. Este asunto es delicado y no queremos actuar de manera apresurada”, afirmó Adrianzén el miércoles 18 de diciembre.

Lo dicho por Adrianzén contrasta con lo que decía en el 2018, cuando no dudaba en afirmar que la detención preliminar era una medida necesaria en casos de corrupción u organización criminal como el de Keiko Fujimori y su investigación por el presunto delito de lavado de activos.

En aquel momento, Adrianzén señaló: “Los fiscales a cargo del caso cócteles tienen las razones suficientes para pensar que en libertad podría haber evadido a la justicia”.

Mientras demora la restitución denla detención preliminar, ya hay presuntos delincuentes beneficiados. Hace poco se dio la liberación de 10 presuntos integrantes de la organización criminal ‘Las Hienas Verdes’ en Huaura. Asimismo, Freddy Hinojosa, vocero de la presidenta Dina Boluarte y exdirector del programa Qali Warma, logró eludir una detención relacionada con una red de corrupción vinculada al programa alimentario.

Cabe mencionar que el Ejecutivo cuenta con un plazo de 15 días desde la recepción de la autógrafa para decidir. Sin embargo, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, instó al gobierno a priorizar esta norma debido a su importancia para corregir un error que afecta la seguridad ciudadana y la labor del Ministerio Público.

La norma que restituye la detención preliminar fue aprobada en el Congreso con el respaldo de diversas bancadas y surgió de iniciativas propuestas por legisladores como Ruth Luque, Alejandro Muñante y María del Carmen Alva.

Su objetivo es revertir la eliminación de la detención preliminar en casos de no flagrancia, medida que había sido cuestionada por instituciones como el Ministerio Público por su impacto negativo en las investigaciones.