Además se registraron más de 8 mil casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. De los casos registrados el 70% corresponde a niñas y adolescentes mujeres.
Entre enero y febrero del presente año se han registrado 1036 casos de niñas y adolescentes mujeres víctimas de violación sexual, de ellas, 170 niñas de entre 11 y 14 años fueron obligadas a ser madres tras sufrir abuso. Cabe señalar que el Código Penal peruano considera violación cualquier relación sexual con menores de 14 años.
Además, según el Sistema de Certificado del Nacido Vivo del Ministerio de Salud, en 2022 se registraron 1624 nacimientos que correspondían a niñas madres de entre 11 y 14 años, y un caso de una menor de entre 0-10 años también obligada a ser madre. Esto pese a que el aborto terapéutico es un derecho desde 1924 y tiene un protocolo unificado desde 2014.
Adicional a ello, según la información difundida por la Defensoría del Pueblo, se han registrado en los meses mencionados un total de 8381 casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. De esta cifra, 5890 (70.3%) corresponden a niñas y mujeres adolescentes. Además, 2764 casos corresponden a violencia sexual, y de ellos, 2556 casos son de violencia sexual perpetrada a niñas y adolescentes mujeres, evidenciando que son las principales víctimas de abusos.
Por último, el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas ha registrado 1397 denuncias por desaparición de menores, lo que corresponde a 23 casos por día. De estos, solo se han ubicado al 63.8%.
Congreso contra la vida de las menores
Pese a las cifras alarmantes y que el Perú es el único país de América Latina que ha sido sancionado por cortes internacionales por haber negado el aborto terapéutico a dos menores, en el Congresio existen dos proyectos de Ley que pretenden darle derechos de persona a los no nacidos, lo que pone en riesgo el acceso de niñas y adolescentes mujeres al aborto terapéutico.
El PL N° 785-2021, “Ley que reconoce derechos al concebido” de la congresista de Renovación Popular Milagros Jauregui de Aguayo y PL N° 1520-2021, “Ley de protección del embarazo de la madre gestante, del niño por nacer y de su entorno familiar”de la congresista fujimorista Rosangela Barbarán buscan arrebatar el derecho a decidir de las mujeres y obligar a niñas y adolescentes mujeres a continuar con un embarazo no deseado perjudicando su salud física y emocional.
Además, existe otro proyecto que debilitaría las políticas alcanzadas respecto a protección de las mujeres, niñas y adolescentes, ya que pretende cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pese a que las niñas y mujeres son quienes se encuentran “en condición de especial vulnerabilidad o posible situación de desprotección familiar”, según la Defensoría del Pueblo.
Al respecto, la ONU en Perú mencionó que PL N° 1229/2021 “Ley que modifica la denominación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por el Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables”, “reforzaría la valoración exclusiva de las mujeres por su rol reproductivo e invisibilizaría la persistente discriminación y desigualdad estructural contra las mujeres y niñas, y las consiguientes vulneraciones a su autonomía y sus derechos fundamentales”.
