Una decisión del Tribunal Constitucional podría determinar la prescripción de millones de soles en deudas tributarias. La minera Buenaventura encabeza el ranking de las grandes empresas deudoras, que también incluye a las investigadas Graña y Montero, Odebrecht y Queiroz Galvão.
Lucero Ascarza
El martes 22 de setiembre el Tribunal Constitucional (TC) deliberará públicamente sobre la demanda que busca declarar inconstitucional una disposición del Decreto Legislativo 1421 relacionada a la prescripción de deudas tributarias. El proyecto de sentencia del magistrado Ernesto Blume da la razón a los demandantes, lo que podría poner en riesgo el cobro de millones a favor del Estado. Cinco votos se necesitarían para definir dicha sentencia.
A la fecha, hay 158 grandes empresas en procesos contenciosos para evitar el pago de deudas que en total superan los S/ 9 mil 256 millones. De acuerdo a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), 26 de estas empresas han invocado la prescripción de deudas en sus litigios.
Una de ellas es Buenaventura, presidida por Roque Benavides, expresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep). La minera encabeza el ranking de empresas deudoras con una deuda de S/ 2 mil millones.
«Hay una vinculacion bien estrecha entre el poder economico y el poder político, a través del presidente de la empresa que más le debe al Estado y que se ha acogido a la prescripción», comenta Lenin Bazán, del Frente Amplio, a Wayka.
Como apunta Bazán, la Confiep participó en las reuniones de trabajo de la Comisión de Constitución del Congreso para evaluar la constitucionalidad del Decreto Legislativo 1421. «Confiep y la Cámara de Comercio de Lima han tenido un gran interés en que se declare inconstitucional», señala.
Ranking de deudoras
Wayka tuvo acceso a la lista actual de grandes empresas deudoras, brindada por la Sunat al congresista Lenin Bazán a través de una solicitud de acceso a información pública.
De las 158 grandes empresas en la lista de deudores, la mayoría son empresas mineras. Además de Buenaventura, las mineras con mayores deudas son Antapaccay (S/ 728 millones), Las Bambas (S/ 698 millones), Cerro Verde (S/ 542 millones), Volcan (S/ 161 millones), Antamina (S/ 119 millones).
En la lista también se encuentran las constructoras Graña y Montero (S/ 62 millones), Odebrecht (S/ 62 millones) y Queiroz Galvão (S/ 1 millón), investigadas en el caso Lava Jato.
Además, cabe destacar a la segunda empresa del ranking de deudoras: Skotiabank Perú, con una deuda de más de mil millones de soles. Como Wayka reportó a inicios de año, esta empresa tiene un proceso en el Tribunal Constitucional para que Sunat le devuelva S/ 400 millones. En ese caso, el magistrado José Luis Sardón se inhibió del proceso, pues su hermano -Francisco Sardón de Taboada- es vicepresidente ejecutivo de Scotiabank Chile.
Sin embargo, en el caso actual por la demanda de inconstitucionalidad contra la disposición del Decreto Legislativo 1421, el magistrado Sardón continúa participando. A pesar que Scotiabank sería una de las principales beneficiadas si el Tribunal Constitucional da razón a la demanda.
El origen de la demanda
En febrero de 2019, el Colegios de Abogados de La Libertad (CALL) presentó el recurso de inconstitucionalidad ante el TC. Para ello, contó con la asesoría técnico-legal de dos socios del estudio Gálvez & Dolorier Abogados.
Sin embargo, recientemente el CALL emitió un comunicado anunciando que habían interpuesto ante el TC su desistimiento en el caso. «La citada acción de inconstitucionalidad fue promovida y admitida en gestión distinta a la actual», señaló el consejo directivo del gremio. Además, señalaron que no compartían los criterios que motivaron la demanda.
Como se esperaba, ese intento de desistimiento no fue aceptado, a tan pocos días de la deliberación de sentencia.
