“Renunciar a la ESI es renunciar a la protección de la niñez”: Colectivos responden a Milagros Aguayo tras intento de bloqueo en Arequipa

Mientras la congresista de ultraderecha Milagros Aguayo del partido Renovación Popular celebra en redes sociales lo que califica como un “logro” el retroceso de derechos tras la promulgación de la Ley N° 32535, en Arequipa la respuesta es de indignación y resistencia. Para los movimientos de derechos humanos en la Ciudad Blanca, lo que la parlamentaria llama victoria es, en realidad, un anuncio de desprotección para miles de niñas y adolescentes en una región con índices críticos de violencia sexual.

Patt Cervantes, activista de la organización Lesbia, ha sido enfática en señalar que el anuncio de que la Educación Sexual Integral (ESI) no se implementará en los colegios arequipeños no es una consecuencia legal inevitable, sino una decisión política.

El flyer de Aguayo presenta la nueva ley como una liberación, pero desde el movimiento feminista y LGBTIQ+ la lectura es opuesta. «Hay que decirlo sin rodeos: es un logro solo para sectores que quieren censurar, controlar y retroceder», sostiene Cervantes.

La activista desglosa el impacto real de este retroceso: «No es un logro para las niñas que no reciben información para reconocer abusos. No es un logro para adolescentes que enfrentan embarazos no deseados. No es un logro para docentes que necesitan herramientas para prevenir la violencia. Llamar logro a esto es desconocer la autonomía de las regiones y minimizar una realidad alarmante».

Ordenanza regional sobre la ESI en vigencia

Uno de los puntos más críticos que señala Cervantes es que la Ordenanza Regional de ESI en Arequipa, N° 538, sigue vigente. Esta norma no fue una concesión de las autoridades, sino una victoria ciudadana nacida de años de incidencia técnica y social.

Como se recuerda, la Ordenanza Regional N° 538 de Arequipa representa un hito para la región al establecer de manera formal la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en los sectores de educación y salud, así como en los espacios comunitarios. Esta norma dispone que la ESI se aplique en la educación básica regular y cuente con el respaldo técnico del Minsa y el Minedu, garantizando una respuesta articulada frente a problemáticas como la violencia sexual y el embarazo adolescente que afectan el territorio.

«Que una autoridad administrativa anuncie que no aplicará la ESI no significa que la ordenanza haya perdido validez jurídica. Lo que estamos viendo es una interpretación política restrictiva, no una verdad legal absoluta», explica la activista. Según su análisis, el marco jurídico peruano y los tratados internacionales obligan al Estado a garantizar este derecho, por lo que no existe una “anulación automática” de la política regional por la ley de Aguayo.

Inacción regional bajo la sombra del Congreso

Desde Arequipa, se lanza una advertencia directa al Gobierno Regional y al Consejo Regional: no pueden escudarse en el Congreso para justificar su inacción. «Renunciar a la ESI es renunciar a la protección de la niñez. Existe una responsabilidad clara desde el gobierno regional que no puede usar esta ley (N° 32535) como excusa para abandonar su responsabilidad», afirma Cervantes.

La activista recuerda que la ESI es la respuesta necesaria ante los embarazos forzados y la violencia sistemática que asedia a la región. Silenciar este contenido educativo es, en la práctica, validar los silencios cómplices que permiten que el abuso continúe dentro de las familias y las escuelas.

Una lucha que no termina

Frente a la ofensiva conservadora de Renovación Popular, los colectivos de derechos humanos en Arequipa han anunciado que no se quedarán en la denuncia simbólica. La estrategia de resistencia se está articulando en tres niveles:

Jurídico: Vigilancia y presión para que se respete la jerarquía de la ordenanza regional.
Político: Exigencia de posicionamientos claros de las autoridades regionales y audiencias públicas.
Territorial: Fortalecimiento de la ESI comunitaria. «Aunque intenten borrarla del aula, no van a borrar el conocimiento y la conciencia que ya se sembró en la ciudadanía», sentencia Cervantes.

Para las organizaciones de la sociedad civil, la historia de los derechos en el Perú es una historia de defensa constante. Arequipa ya habló cuando aprobó su ordenanza, y el movimiento de derechos humanos advierte que no retrocederá: «La educación sexual integral fue una conquista ciudadana y seguirá haciéndolo mientras exista organización y memoria».

Por: Silvia Bardales Q.

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